El triunfo de
las señoritas telefonistas
El primer sindicato de mujeres del Uruguay y el impacto de la huelga de 1922
Dina Yael ⃰
Silvana Darré **
Resumen
Las operadoras
telefonistas en Uruguay fundaron el primer sindicato de mujeres en 1918 y
protagonizaron una huelga en 1922. Los acontecimientos relativos al conflicto,
y a su existencia como organización, han pasado casi inadvertidos en los
estudios sociales, históricos y económicos. El propósito del artículo consiste
en rescatar la huelga como acontecimiento invisibilizado y analizar el impacto
que el conflicto tuvo en cuatro dimensiones principales: el proceso de
modernización tecnológica; el rol del Estado como mediador entre el capital y
el trabajo; el sistema de relaciones laborales y la redefinición de las reglas
de juego políticas. En esas cuatro dimensiones se encontraron evidencias de
transformaciones sustantivas, que permiten considerar el conflicto como
acontecimiento significativo en la historia del país. La investigación se basó
en los debates parlamentarios, declaraciones municipales, notas de prensa de
los principales periódicos del país, crónicas y archivos privados. Hasta el
momento, no se han encontrado archivos de la empresa ni del sindicato de
telefonistas mujeres. La investigación se inició en 2018 en el marco de un
proyecto denominado “Mensaje por ausencia”, que tiene por finalidad contribuir
a la recuperación de acontecimientos protagonizados por mujeres sustraídos de
la memoria colectiva.
Palabras
clave: telefonistas - sindicato de
mujeres - huelga de 1922 - Uruguay
The triumph of the ladies telephone
operators
Uruguay's first women's Union and the impact of the 1922 strike
Abstract
The telephone operators in Uruguay founded
the first women's Union in 1918 and staged a strike in 1922. The events related
to the conflict, and the existence of their organization, have gone almost
unnoticed in social, historical and economic studies. The purpose of this
article is to rescue the strike as an invisible event and analyze the impact
that the conflict had in four main dimensions: the process of technological
modernization; the role of the State as a mediator between capital and labor;
the labor relations system and the redefinition of the political rules of the
game. Evidence of substantive transformations was found in these dimensions,
which allow us to consider the conflict as a significant event in Uruguay
history. The investigation was based on parliamentary debates, municipal
declarations, press releases from the main newspapers in the country,
chronicles and private archives. So far, no files from the company or the
women's telephone union have been found. The research began in 2018 within the
framework of a project called "Message by absence", which aims to
contribute to the recovery of events involving women removed from the
collective memory.
Keywords:
telephone
operators - Women Union - strike of 1922 - Uruguay
Un mapa de ruta
La huelga de las operadoras telefonistas de
1922 en Uruguay, es apenas mencionada en la literatura específica como un
antecedente del reconocimiento al derecho a la huelga en la legislación
laboral. Salvo escasas menciones a propósito de otros asuntos, como es el caso
de Rodríguez Villamil (1983), Ehrick (2005) o Notaro (2011), el primer
sindicato de mujeres y la huelga de 1922 no se manifiestan más que por su
ausencia. El valor de este artículo radica en la recuperación de esos
acontecimientos y la valoración de sus efectos más notables. Hasta el momento,
no se ha encontrado documentación del sindicato, ni otras fuentes que permitan
recuperar las experiencias de las mujeres que participaron del conflicto. No
conocemos sus nombres (salvo las de aquellas que fueron nombradas en el Diario
Justicia, como krumiras o
rompehuelgas), no conocemos sus edades, ni sus filiaciones políticas. Sabemos
que fueron ellas las que vitorearon en las barras del parlamento cuando se votó
por primera vez (y gracias a su lucha) la primera ley de salario mínimo. La voz
de las mujeres huelguistas no aparece en los archivos, aunque este caso esté
cerca del “poder” y muestre un importante protagonismo femenino, no hay mención
de estos acontecimientos en la historia oficial de los sindicatos. Las mujeres
son tema de la prensa, pero sus voces no aparecen. Las huellas han sido
borradas, o han quedado en las sombras, para utilizar la expresión de Michelle
Perrot (2008). Esto no es un problema nuevo, numerosas investigadoras lo vienen
señalando desde hace mucho tiempo. Rodríguez Villamil (1991) analiza como la
comprensión de la realidad en su multiplicidad, implica una problematización de
los marcos interpretativos y los principios epistemológicos desde donde se leen
las evidencias. Por esa razón, quién lee, desde qué posición lo hace, para qué,
definen puntos de partida que permiten recuperar hoy acontecimientos olvidados.
Se ha elegido un enfoque descriptivo que hace
énfasis en los impactos de la huelga en el ámbito público, porque allí parece
estar la clave de su triunfo. Sabemos que gran parte de esta historia permanece
a la espera de nuevos hallazgos. Muchas de las reflexiones e inferencias se
realizan sobre la base de una perspectiva comparada con los estudios sobre
otras huelgas de telefonistas en el mismo período realizados en otros países.
Ya fuera por su rol en la comunicación, por formar parte de un mismo sistema de
trabajo, o por las redes internacionales que establecían los sindicatos, las
huelgas de otras telefonistas no pueden ser eludidas en la comprensión del
conflicto.
Como se ha evidenciado en los diferentes
antecedentes recopilados, las mujeres no eran fácilmente aceptadas en los
sindicatos de varones en los que predominaba la ambivalencia sobre el asunto o
la franca exclusión (Rodríguez Villamil, 1983; Scott, 1992; Borderías, 2008).
Esto se debía a las formas en que se entendía la “cuestión femenina” en los
partidos políticos y en el movimiento obrero organizado, así como su
consideración como “ejército de reserva” –desde la perspectiva marxista-, con
su consiguiente función en la depreciación del salario. Borderías (2008) señala
que cuando las mujeres tenían éxito en sus luchas eran “absorbidas” en las
organizaciones sindicales masculinas. Este final anunciado, junto con el prejuicio
“paradigmático” sobre su escaso protagonismo en las luchas por los derechos,
explica en parte, que la huelga exitosa llevada adelante por la Unión Nacional
de Telefonistas haya quedado en las sombras.
La única ficha laboral de una telefonista –recuperada
de un archivo privado-, evidencia el aumento de salario obtenido a partir del
conflicto. Marcelina Luaces de Neigaso, española, casada, de 17 años de edad,
sabía leer y escribir cuando fue contratada como operadora telefonista en la
Compañía Telefónica de Montevideo (Montevideo Telephone Company). Comenzó a trabajar en 1913 en la Central
Aguada, percibiendo un salario de 21,50 pesos. En febrero de 1922 su salario
era de 32,40 pesos. Luego del conflicto, el 17 de octubre de ese mismo año,
pasó a cobrar 50 pesos. Siguió trabajando hasta 1928 en que fue destituida sin
que se registrara la causa (Cía. Telefónica de Montevideo, Ficha personal,
s/d).
Los estudios sobre el trabajo y la vida
social desde una perspectiva de género han permitido en las últimas décadas
sacar de la invisibilidad un conjunto importante de asuntos que han contribuido
a ensanchar el campo de problemas e interrogantes, así como posibilitado la
incorporación de nuevas perspectivas de interpretación (Nash, 1985; Scott,
1991, 1992; Rodríguez Villamil, 1983, 1992; Sapriza, 1994; Andújar, 2017). El
androcentrismo hegemónico que las historiadoras han señalado, por su fachada de
universalismo y sus categorías excluyentes, ha resultado un activo productor de
ocultamientos y subregistros en todos los campos del conocimiento, y la huelga
de telefonistas no es la excepción. En los acontecimientos referidos a la
huelga se observan similitudes con otros conflictos obreros de la época, en los
que la participación de las mujeres resultó invisibilizada en la historia
oficial de los sindicatos y concitó una respuesta perpleja desde la prensa. Así
lo muestra Palermo (2006) en su análisis de la huelga de los ferroviarios en
Argentina en 1917. No es propósito de este artículo analizar si las mujeres huelguistas
fueron consideradas sujetos políticos, ni la representación imaginaria que de
ellas se construía, ni analizar el conflicto en términos de su experiencia,
sino documentar a partir de las fuentes disponibles las contribuciones que
dejaron en al menos cuatro dimensiones clave de la esfera pública. Refiriéndose
a las acciones protagonizadas por mujeres que han sido excluidas de la memoria
colectiva, Scott alude al efecto “malestream”
(1991:781). El rescate de acontecimientos protagonizados por mujeres es uno de
los propósitos del proyecto “Mensaje por ausencia”. El artículo comienza
exponiendo algunos datos del contexto, la formación del sindicato y el
desarrollo de la huelga, para explicar las cuatro dimensiones principales donde
se observa el impacto del conflicto en el ámbito público.
El contexto
En Uruguay, los primeros comentarios que
tenemos sobre mujeres telefonistas pertenecen a cronistas. Sansón Carrasco,
seudónimo de Daniel Muñoz (político y periodista uruguayo), publicaba el 5 de
julio de 1884 en el diario La Razón, una crónica sobre “La oficina central del
teléfono Porrit” (como se llamaba el gerente). En la nota describe el sistema
de trabajo intenso, exigente, el modo de operar las clavijas, la cantidad de
llamadas por minuto y nos aproxima a una descripción de las mujeres
trabajadoras, así como las exigencias del sistema de trabajo.
Y a todo atienden
aquellas mujeres, jóvenes, casi niñas, con una contracción incansable, con esa
prolijidad propia de la mujer, soportando con resignación las impaciencias y
hasta las groserías de algún impertinente que las increpa por el retardo de un
minuto, sin tener en cuenta que muchas veces es materialmente imposible atender
en el acto a los llamados que se agolpan a una mesa, como si todos los números de
aquella cincuentena se hubiesen puesto de acuerdo para llamar a la vez. El
servicio no se interrumpe jamás. (Sansón Carrasco, [1884] 2006: p.310)
El sistema de trabajo que Bell impuso a las
operadoras telefonistas se expandió junto con su Compañía a todos sus
operadores en diferentes países, por eso la literatura de referencia es
importante. La mujer-máquina accionaba en forma automática un conjunto de
dispositivos, cables y canales de comunicación con cientos de usuarios, como si
formara parte de la maquinaria. Su disposición a la obediencia, la pasividad y
la sumisión, por razones de género, le proporcionaban el perfil excepcional
para desempeñar el puesto. Existen por
supuesto controversias sobre los motivos que impulsaron a la contratación de
mujeres como operadoras. Estas sustituyeron a los niños que se desempeñaban
como mensajeros de los telegramas (Wallace, 1976; Martin, 1991; Ueda, 2002). Ya
fuera por su ductilidad y su motricidad fina, ya fuera por las características
atribuidas a la feminidad (Martin, 1991; Borderías, 2008)), o por el rango
vocal más alto apropiado a una tecnología recién estrenada (Siegert, 1998),
entre 1880 y 1883 las mujeres pasaron a atender los teléfonos en Francia,
Canadá, España, Brasil y Uruguay entre otros países. En 1778 Emma Nutt se había
convertido en la primera mujer telefonista en Boston a instancias del propio
Bell, y en los siguientes años el teléfono se expandió rápidamente en el marco
de los procesos de modernización.
En Montevideo, las primeras empresas telefónicas
privadas se fundaron en 1882, y a partir de ese momento la tecnología tuvo una
rápida aceptación y expansión en redes y número de abonados. El primer teléfono
fue instalado en la Bolsa de Comercio y comenzó a funcionar en marzo de 1882,
la central telefónica estaba ubicada en la calle Piedras 137, y había otros dos
aparatos, uno en la Barraca Argentina y el otro en la casa particular del Sr.
Levás (UTE, 1959).
Los servicios de telecomunicaciones en
Uruguay fueron otorgados –como sucedió en otros países-, mediante concesiones a
varias empresas privadas. La primera de esas empresas fue la River Plate Telephone and Electric Light
con teléfonos Gower-Bell y en forma simultánea se fundó la Compañía Telefónica
La Uruguaya S.A, que, según Wonner-Cónsul de Colombia en Uruguay-, en 1884
utilizaba la tecnología Siemens. Wonner en su libro “De las industrias y del
Desarrollo industrial de la República Oriental del Uruguay” publicado en 1888,
se maravillaba del trabajo de las mujeres en las transmisiones telefónicas.
Afirmaba que la compañía telefónica La Uruguaya, empleaba como operadoras en
sus oficinas a 48 señoritas que cobraban un promedio de 25 pesos por mes.
En la oficina
telefónica La Uruguaya cada señorita tiene, ordinariamente, un trabajo de ocho
horas diarias, alternando recíprocamente entre ellas: la noche está reservada
al sexo feo (Wonner, 1888: 78).
Las empresas telefónicas fueron unos de los
primeros sectores en contratar mujeres para trabajos de “cuello blanco”,
constituyéndose en un polo de atracción para las jóvenes de clase media, un
medio de movilidad social para las obreras y un espacio interclases y entre
géneros (Borderías, 1993; Barrancos, 2008; Porter, 2015).
En 1888, la Montevideo Telephone Company Ltd. -conocida también como Montelco-,
compró La Uruguaya, también de capitales ingleses. Al año siguiente se fundó
otra empresa, la Sociedad Cooperativa Telefónica Nacional. Estas dos compañías
operaron con concesiones precarias otorgadas por la Dirección General de Obras
Públicas de la Capital, el Fiscal de Gobierno y más adelante la Junta Económica
Administrativa de Montevideo. Las concesiones “precarias” fueron el modo
cauteloso, por el cual los organismos competentes del gobierno eligieron para
autorizar su funcionamiento. Como la nueva tecnología no contaba con
antecedentes de regulación, ni conocimiento por parte del Estado, se produjeron
en los primeros años algunas situaciones originales, como el caso del tendido
de cables telefónicos particulares y sin registro o autorización entre Argentina
y Uruguay a través del Río Uruguay. En el mismo sentido, el tendido de cables
transversales a través de las terrazas particulares en el centro de Montevideo,
era un motivo recurrente de polémica, porque después de todo, ¿quién era dueño
del aire?
La rápida expansión de la tecnología de los
teléfonos estuvo asociada con el crecimiento de las sociedades industriales y
los procesos de modernización. Las comunicaciones telefónicas contribuyeron a
la aceleración de las rutas comerciales, la seguridad pública y la
intensificación de las transacciones en el mundo. El crecimiento exponencial
del número de abonados y de líneas en el Uruguay fue inmediato (Nahum, 2009).
En su crónica de 1884 –con algún toque
apocalíptico-, Sansón Carrasco evidenciaba como la nueva tecnología era
incorporada a las costumbres, configurando un nuevo paisaje urbano.
El teléfono es ya una
necesidad imprescindible en nuestra vida. Está incorporado a las costumbres que
se imponen y de las que no se sabe cómo desprenderse. Cada nuevo suscritor que
se agrega a la lista es un nudo más que ata a los otros a esa red de alambres
que forma sobre la ciudad, como el techo de una jaula enorme dentro de la que
vamos quedando todos encerrados. (Sansón Carrasco, [1884] 2006: p.309)
La necesidad tecnológica reconocida por un
lado y la imagen de la jaula esperando en el otro extremo, parecen ser las dos
caras de una sociedad en transformación, como mostraba Rodríguez Villamil
(1968) para referirse a la sociedad montevideana de finales del siglo XIX, tensada
entre la tradición y las aspiraciones de la vida urbana. A partir del año 1904,
con el fin de la última guerra civil, el Uruguay moderno pasa a identificarse
en forma bastante clara con la cultura urbana eurocéntrica.
Las características del imaginario integrador
de clases y orígenes, el predominio de lo público estatal sobre lo privado, la
democracia con pluralidad de partidos políticos, la separación de la Iglesia
del Estado, y el respeto a las reglas de juego, son algunos componentes del
imaginario que se estableció en ese tiempo (Caetano, 2010). Por estas razones,
los debates parlamentarios y los mantenidos a través de la prensa a propósito
de la huelga de las telefonistas, retoman y reactivan estos asuntos por medio
de las disputas entre los sectores partidarios.
El período marcado por las presidencias de
José Batlle y Ordóñez del Partido Colorado (1903 a 1907 y 1911 a 1915) se
caracterizó por el reconocimiento de los derechos laborales, políticos y
sociales. En el año 1919 entró en vigencia una nueva Constitución que
estableció el sufragio universal masculino, al año siguiente se votó la
elección del parlamento a través del voto secreto y la representación
proporcional y en noviembre de 1922 se realizó la primera elección directa por
el cuerpo electoral del Presidente de la República. Estas transformaciones tan
importantes para el establecimiento de las reglas de juego democráticas,
formaron parte del telón de fondo en el conflicto.
En 1920 los sectores que ocupaban mayor
cantidad de mujeres en las fábricas eran los frigoríficos (1207 mujeres) y las
textiles (821 mujeres) y en menor medida, las de cigarrillos, fósforos,
calzado, chocolates y dulces, sastrerías y molinos (Sapriza, 1994). Las
telefonistas se distinguían de las obreras, porque tenían instrucción, su
trabajo era considerado “moderno” y estaba más vinculado a los trabajos de
oficina, tal vez más cercanas al ideal burgués, a la valoración de la habilidad
manual y comunicacional, marcando un contraste con las imágenes, representaciones
y experiencias de las mujeres obreras, como lo ha analizado Lobato (1995) en
sus estudios sobre trabajo femenino en frigoríficos y textiles. El número de
mujeres telefonistas en la empresa Montelco al momento del conflicto alcanzaba
la cifra de 500 operadoras, entre titulares y suplentes.
Las denuncias sobre las duras reglas de
trabajo que tenían las telefonistas aparecen ya el 19 y 20 de mayo de 1916,
cuando el diario El Día, el órgano de prensa batllista, denunciaba las
“condiciones deplorables en que trabajan” y el “régimen inquisitorial”. Las mujeres, jóvenes, que no podían estar
casadas, según El Día, tampoco podían faltar más de cinco días en el correr de
tres meses, no podían faltar luego de un día de fiesta o serían suspendidas por
cinco días. Si faltaban un día de carnaval se les descontaban tres días, y dos
días de descuento tendrían si faltaban los días de lluvia. Un problema de
aquellos días era la tuberculosis, las telefonistas compartían el transmisor,
“un verdadero colmo que no podrían tolerar las prescripciones más elementales
de la higiene en el trabajo”. El 20 de mayo El Día publica una entrevista a una
telefonista, que va precedida del tono condescendiente de la época hablando de
“los sentimientos más humanos que obligan a dispensar un amplio amparo a la
mujer que se ve en el angustiante trance de comprometer sus débiles fuerzas en
la lucha por la vida”.
En la entrevista del diario El Día, la
telefonista confiesa que la publicación de la primera nota, el día anterior,
había generado un afán persecutorio por parte de los superiores. La telefonista
manifiesta que son “obligadas a responder en una hora a razón de 50 llamadas”,
número que aumentaba los días sábados. Sentadas en un taburete incómodo que
“nos oprime la cintura” debían hacer “una gimnasia dolorosa para colocar las
clavijas”. El sueldo era magro de por sí, pero además se le sumaban multas
porque era imposible cumplir a rajatabla con el reglamento.
En términos de conflictividad laboral, el
período comprendido entre 1900 y 1929 se caracterizó por una gran
efervescencia, que tuvo su origen en las duras condiciones de trabajo que
imponía el capitalismo emergente y la expansión industrial. Al comienzo del
período no había leyes laborales. Un ingrediente clave en los conflictos estuvo
dado por la existencia de organizaciones sindicales que agrupaban trabajadores
calificados, de oficios, ideologizados, con pocos adherentes, combativos, de
accionar irregular y comprometidos con la revolución social (Errandonea y
Costabile, 1969; Porrini, 2003:). La participación de las mujeres de los
obreros y sus familias en los conflictos, no era novedosa, como lo ha
documentado Sapriza (1998), pero a diferencia de otras huelgas, la de
telefonistas adquiere un carácter singular por constituir en ese momento el
único sindicato femenino del país y por haber triunfado en sus reclamos, a
diferencia de la mayoría de las huelgas llevadas adelante ese mismo año.
De acuerdo a Errandonea y Costabile (1969)
las organizaciones sindicales del período caracterizadas como de “oposición”,
tomaban las decisiones en asambleas, ejercían una democracia directa y sus
dirigentes no eran rentados como tales. Se nutrían de la experiencia que traía
la población obrera migrante. Los “inmigrantes militantes” de sesgo anarquista
incidieron en forma sustancial en el tipo de sindicatos formados en las dos
primeras décadas del siglo XX. En ese período, y hasta la crisis económica del
año 1929, los sindicatos de este tipo descreían en el sistema y procuraban la
revolución en cada acción. Por las crónicas de la prensa, este parece haber
sido el funcionamiento del sindicato de telefonistas durante la huelga.
La Unión Nacional de Telefonistas
En diciembre de 1918
se funda la Unión Nacional de Telefonistas por la intervención directa de la
Dra. Paulina Luisi, presidenta (y fundadora) del Comité Nacional de Mujeres,
primera médica uruguaya, feminista e integrante del partido Socialista (del que
también fue fundadora). Su intervención había partido de una solicitud
realizada por medio de una carta personal que el Dr. Emilio Frugoni, (fundador
del Partido Socialista en 1910), había dirigido a Paulina el 29 de noviembre de
1918, donde le encomendaba “patrocinar a las telefonistas”, solicitándole que
se pusiera en campaña para obtener mejoras en su trabajo “si usted consiste en
prestarles el concurso de inteligencia (...) ¿Verdad que puedo contar con la
alianza de su bello corazón?”. (Frugoni, 1918)
De esta forma se
conforma el primer sindicato de mujeres uruguayas, con el patrocinio de la
representante más emblemática del feminismo sufragista del país. La carta es
una de las pocas evidencias documentales halladas sobre el sindicato, además de
las notas de prensa y el debate parlamentario que dan cuenta del conflicto. A
partir de estas fuentes, podemos inferir que el sindicato patrocinado en su
origen por el feminismo sufragista, se radicalizó rápidamente hasta convertirse
en un sindicato de “oposición” de base anarquista, según la clasificación
propuesta por Errandonea y Costabile (1969). Esta suposición está basada en el
tipo de conflicto organizado y la existencia de un Comité Pro-presos (de apoyo
a huelguistas detenidas por la policía) y un Comité Pro-boicot (dedicado a
sabotear los postes y cableado de la empresa), característicos de este tipo de
sindicatos.
Los varones que
trabajan en las empresas telefónicas cumplían tareas como guardahilos, choferes
y serenos. Se organizaban en sindicatos propios según la empresa. Es de
destacar que cuando Paulina Luisi intercedió con las autoridades de Montelco en
1918, en lo que terminó por conformar a la Unión Nacional de Telefonistas, uno
de los pedidos que realizó al gerente de la empresa fue la reducción de la
cantidad de líneas que debían atender las telefonistas: de cien a ochenta
(Ehrick, 2005). El pedido no fue atendido, y para 1922 las condiciones eran
peores, los abonados se multiplicaban y las instalaciones se habían
deteriorado. Las telefonistas seguían atendiendo más líneas de las que podían,
bajo un sistema de vigilancia y sanción disciplinaria permanente que se hacía
insostenible.
La huelga de 1922
El primero de
septiembre de 1922 el Sindicato entregó el pliego de condiciones al gerente de
la Compañía Telefónica de Montevideo. El gerente manifestó “que las obreras y
obreros telefonistas piden cosas excesivas cuando solicitan un aumento en sus
modestos sueldos de 30 pesos mensuales (cuando los ganan).” (Justicia, 1º de
septiembre de 1922, pág. 3)
La huelga comenzó el
tres de septiembre de 1922 a las diez de la mañana. Había sido declarada la
noche anterior, según Justicia, que le reservó una portada al tema el cuatro de
septiembre. El diario El Día, órgano del Batllismo, fracción del Partido
Colorado, publicó el tres de septiembre (pág. 6) que como respuesta a la
negativa de la gerencia a aceptar las exigencias del sindicato “fue considerada
anoche en una numerosa asamblea de empleados y obreros telefonistas. Después de
un debate en que se puso de manifiesto la necesidad de contrarrestar la
decisión de la mencionada compañía con un movimiento de resistencia, se
resolvió declarar la huelga, la que debe comenzar hoy a la hora 10”. El
sindicato de obreros telefonistas (varones), que ya existía, se plegó a la
huelga. De ahí el uso del masculino de la noticia del diario El Día. El País,
por su parte, órgano del herrerismo, fracción del Partido Nacional, el mismo
día, en la página 3, hablaba del “simpático gremio de telefonistas” que se
había reunido para resolver la huelga “la numerosa y entusiasta asamblea, a la
que asistían no menos de 300 telefonistas y unos 80 empleados, acordó obrar
pacíficamente, recomendando no hacer uso de violencia de especie alguna, a fin
de que el triunfo sea completo”. Los empleados varones (choferes y guardahilos
principalmente) impedía tratar al movimiento en femenino. Sin embargo por
momentos se reconoce al movimiento como un movimiento de mujeres pero con los
días el conflicto es “de los obreros telefonistas”. Los discursos ameritan un
análisis, las mujeres telefonistas aparecen como “criaturas” débiles que
ameritan ser socorridas y salvadas, son el “bello sexo”, el “simpático
movimiento de mujeres” que por momentos actúan amenazantes, pero que deben
triunfar en su lucha, es el denominador común en todos los medios de prensa. No
había mujeres redactando noticias y el público objetivo de los diarios eran los
varones, así que el masculino era de uso habitual salvo para rescatar a las
pobres explotadas.
Es importante resaltar
que en un análisis general de la prensa, con respecto a la huelga, todos
estaban alineados a favor del sindicato. Según Justicia también los abonados se
plegaron a la huelga, e incluso llegaron a realizar sus propias asambleas, dado
que mientras duró se vieron forzados a seguir pagando el servicio, por
adelantado como era costumbre. Pero el servicio era muy malo y las
comunicaciones se hicieron difíciles mientras duró el conflicto.
Durante los días que
duró la huelga se realizaron asambleas a diario, en general la participación
era señalada por los medios de prensa como numerosa. Otros sindicatos
colaboraron con las mujeres, reconociendo al sindicato y su lucha, lo que
representó también un logro de las mujeres. Según Justicia, la Federación
Obrera Regional Uruguaya (FORU) de extracción anarquista se hizo presente en la
asamblea apoyando moral y materialmente al movimiento. El cronista del diario
Justicia mostraba su sorpresa
En verdad que nunca
creímos encontrar en el ambiente de nuestras mujeres de trabajo el entusiasmo,
la unión, la solidaridad y el espíritu de lucha que flotaba en la reunión del
sábado. Es por cierto alentador ese gesto de las compañeras telefonistas que
así se han lanzado a la lucha, libres de los prejuicios que hasta ahora como a
todas las mujeres explotadas, las han tenido víctimas de vejámenes sin nombre y
consideradas peor que esclavas. (Justicia, 4 de septiembre de 1922, pág. 1)
El Comité de Huelga se
dedicaba a recaudar fondos, repartirlos entre quienes no cobraban salario,
teniendo en cuenta a las telefonistas suplentes. Las “listas de suscripción pro
movimiento” llevaban el sello de la Sociedad de Telefonistas y del Sindicato de
R. de O. Telefonistas”. (Justicia, 12 de septiembre de 1922, pág. 3). Esto
evidencia las estrategias conjuntas de ambos sindicatos. El Comité de Huelga
también organizaba una red de apoyo para los obreros y obreras y sus familias
que estaban detenidos por razón de la huelga.
(Justicia, 27 de septiembre de 1922, pág. 3)
Luego de 25 días de
huelga las noticias comenzaron a anunciar un arreglo inminente y la aceptación
de las condiciones propuestas en el pliego, que significaba un triunfo radical
frente a la empresa. También se señala que los dos sindicatos lo habían logrado
juntos, el de obreros y el de mujeres telefonistas. Los anuncios del Comité de
Huelga exhortan a los abonados a no abonar los servicios telefónicos y los
compañeros y compañeras huelguistas a continuar la lucha.
Con fecha 18 de
octubre se realizó la asamblea en el local de los Obreros en Calzado, y con una
presencia multitudinaria decidió luego de la aceptación de las condiciones del
pliego levantar las medidas de huelga y reanudar sus actividades. La Compañía
había aceptado pagar cincuenta pesos mensuales a cada operadora, concediendo un
aumento del 25 por ciento sobre los sueldos que disfrutaban los guardahilos,
capataces, peones y aparatistas y reponiendo en sus puestos a todos los
huelguistas. Las expectativas que resume Justicia en las siguientes entregas
aluden a la participación de las mujeres a la lucha y la unificación de ambos
sindicatos.
[...] Han demostrado
sobre todo las compañeras, que era la primera vez que se lanzaban en tan
crecido número a esta clase de movimientos, una decisión y un espíritu de lucha
que verdaderamente nos hace concebir fundadas esperanzas en que la
incorporación de las mujeres de trabajo a los movimientos obreros, prestará un
concurso invalorable a las luchas entre el capital y el trabajo. (Justicia, 19
de octubre de 1922, pág. 2)
[...] Después del
informe dado por la mesa detallando las pocas incidencias ocurridas después del
éxito, se pasó a tratar la fusión de las dos entidades constituyendo el
Sindicato Único de Telefonistas. Se aprobó por inmensa mayoría esa fusión en
principio, delegándose a los comités ejecutivos de ambas sociedades el tratar
detalladamente la forma en que se realizará esa unión. (Justicia, 25 de octubre
de 1922, pág. 3)
Las multitudinarias
asambleas parecían no aludir al otro pliegue de la realidad: el Estado y los
políticos que discutían el conflicto. De alguna manera el conflicto entre el
sindicato y la empresa, las asambleas y el Comité de Huelga, sucedían en una
dimensión paralela, pues no reconocían la dimensión gubernamental.
Esta posición está en
coherencia con el tipo de acción directa propia de las organizaciones
anarquistas, y del sindicalismo de oposición, que no veían en el Estado ninguna
posibilidad de transformación social, aunque en forma simultánea el parlamento
estuviera discutiendo una ley para determinar el salario mínimo de las
telefonistas, y así poder dar por finalizado el conflicto. Es interesante que siendo el parlamento quien
intercedió y dio por terminado el conflicto con la ley Nº 7.514 del 6 de
octubre de 1922, las crónicas de Justicia no hicieran mención al asunto.
Las telefonistas y el proceso de modernización tecnológica
La significación que
adquirió el trabajo de las telefonistas en términos tecnológicos, de
comunicación y de negocio, en esos años de ampliación y transformación rápida
de los servicios, ha sido un asunto discutido. Borderías (1993, 2008) y Ueda
(2002) le atribuyen importancia porque vinculan el proceso de modernización y
urbanización creciente con el conjunto de transformaciones tecnológicas que
modificaron las representaciones del mundo, las distancias, los espacios geográficos.
La posibilidad de la comunicación instantánea entre puntos modificó los tiempos
de comunicación y la toma de decisiones.
Esos cambios fueron
trascendentes para el gobierno y las empresas, también para la vida de la
ciudadanía en general y para las propias trabajadoras en la constitución de su
identidad en tanto trabajadoras. Su participación en el trabajo de las
tecnologías de la comunicación también resultó un ingrediente central para la
resolución del conflicto, por su trascendencia en el espacio público.
Según el diario
Justicia, órgano del Partido Comunista uruguayo, las telefonistas ganaban en
1922 treinta pesos mensuales, “retaceados con suspensiones y multas”, pero los
desencadenantes del conflicto no fueron únicamente salariales, desde un principio
se manejaron los malos tratos que recibían las mujeres, en la oficina central
de la compañía y en “la mayoría de las sucursales” (Justicia, 21 de agosto de
1922, pág. 3). Concretamente, los tres motivos que llevaron a las mujeres a la
huelga, según el pliego de condiciones entregado por las telefonistas a la
empresa, siempre según Justicia, fueron: la exigencia de un aumento de sueldo a
cuarenta pesos mensuales sin descuentos, el “levantamiento de la pena
injustamente impuesta a la afiliada Adelina Bianchi por el jefe de la sucursal
Paso Molino” y el propio reconocimiento de la Sociedad de Telefonistas
(Justicia, 1º de septiembre de 1922, pág. 3).
Los tres puntos del
pliego de condiciones resultan ilustrativos de la identidad construida en
términos laborales. La defensa de una compañera injustamente sancionada y el
reconocimiento del sindicato pueden interpretarse en ese sentido, así como el
pedido de aumento salarial. Son tres indicadores del grado de solidaridad, de
conciencia de pertenecer a un mismo sector y voluntad para la lucha organizada.
La alusión a los descuentos está relacionada con las mortificantes condiciones
de trabajo a las que estaban sujetas, con sanciones, descuentos y suspensiones
por cualquier causa.
¿Por qué pensamos que
su lugar en la tecnología resultó un componente importante para su triunfo? Por
dos razones. Por un lado, los estudios de Porter (2015) y Lipartito (1994) en
las compañías Ericssonen Ciudad de México y AT&T en los Estados Unidos a
comienzos del siglo XX, brindan evidencias sobre la participación de las
mujeres operadoras en las estrategias de negocio para competir en el mercado.
La tecnología, por más avanzada que fuera, no dejaba de presentar innumerables
problemas técnicos que las personas usuarias no toleraban. Borderías (1993) en
la misma línea, entiende que la tecnología incipiente requería de relaciones
públicas para contrarrestar las deficiencias técnicas que generaban enojos e
insultos por parte de los abonados. La gestión de estos conflictos era resuelta
mejor por las mujeres y sus cualidades consideradas naturales. Borderías afirma
también que las telefonistas fueron las responsables de familiarizar un sistema
tecnológico extraño a las necesidades particulares de los usuarios, mediando,
en definitiva, entre los intereses empresariales y los particulares. Volvemos a
Sansón Carrasco en este punto,
Ahora que he visto
funcionar la Oficina Central, me convenzo de que son injustas las impaciencias
de los que, yo el primero, creemos que la espera que algunas veces sufrimos es
hija de la mala voluntad o de la desidia de los empleados. Nada de eso.
Hay que ver aquello
para comprender cuán justificadas son las demoras. Como decía, doce mesas hay
en la oficina Central que corresponden a seiscientos suscritores, y se están
colocando seis más para atender a los nuevos abonados. Delante de cada mesa,
hay una señorita que tiene al alcance de la mano un receptor Siemens, y frente
a ella, un trasmisor Bell.
Llama un suscritor; cae
la chapa correspondiente; la empleada hace girar una manivela que tiene a la
derecha y que, a su vez, hace sonar el timbre del que llamó. Le pregunta qué
quiere, pide el otro la comunicación que desea, y ella repite en voz alta:
—Doscientos sesenta y
nueve por cuatrocientos veinte y cinco.
La encargada de la mesa
a que corresponden los números 400 a 450 pone la clavija en el agujero
indicado, la otra hace otro tanto en la mesa que comprende desde el 250 hasta
el 300, y quedan ya ligados los dos suscritores, hasta que, vuelta a caer la
chapa nuevamente, se corta la comunicación.
Pero sucede que al
mismo tiempo que llama el 269, llaman el 270, el 280, el 290, y caen a la vez
ocho o diez chapas, y como no es posible atender a todos conjuntamente, resulta
una demora forzosa de que solo es culpable la casualidad que hace que en un
mismo minuto pidan comunicación varios números correspondientes a una sola
mesa. (Sansón Carrasco, [1884] 2006:312)
Como ilustra la
crónica, los problemas que suscitaba la nueva tecnología eran adjudicados a las
operarias mujeres, cuando en realidad ellas intermediaban en forma eficaz entre
las personas usuarias y las máquinas. Para hacer el trabajo rápidamente era
necesario saber de memoria los números de los abonados, muchas veces sabían
también los nombres. Debían ser rápidas y atentas, ágiles para extender los
brazos y conectar los extremos del cable, era importante la paciencia para
escuchar la conversación y en caso de que se cortara volver a comunicar,
siempre con amabilidad y delicadeza, haciendo de cuenta que no estaban
escuchando. Y ese es el primer componente del triunfo. Las mujeres telefonistas
cumplían un rol importante en una tecnología incipiente pero que resultaba
clave en los procesos económicos, comerciales y políticos.
La segunda razón está
inspirada en las reflexiones de Siegert (1998) sobre el impacto de las
comunicaciones en la esfera pública. Las mujeres telefonistas eran las terceras
personas imprescindibles en la comunicación, no eran emisoras, ni receptoras
del discurso, pero eran insustituibles. La Bolsa de Comercio, las industrias y
comercios, la red de comisarías en todo el país, los bomberos, los
profesionales, las instituciones públicas, dependían de ellas, y esa
dependencia no era inocua sino fundamental.
Rol del Estado como mediador entre el capital y el
trabajo
En 1912 se había fundado la Administración General de
las Usinas del Estado (UTE) y se daba comienzo a un proceso de estatización
progresiva de los servicios telefónicos en todo el país que culminaría en 1946
cuando la empresa pública absorbió en forma definitiva a todas las operadoras
privadas del interior. El modelo privado con varias compañías operando con
permisos precarios, siguió funcionando durante el período batllista pero con
algunos cambios, producto de los procesos de modernización y crecimiento
centralizado del Estado. La Ley del 16
de diciembre de 1915 establecía a favor del Estado el monopolio de los
servicios de correos, telégrafos y teléfonos, pero el proceso de estatización
fue gradual y recién el 15 de octubre de 1931 se aprobó la ley que autorizaba a
la UTE a tomar a su cargo el servicio telefónico en todo el territorio
uruguayo. El 20 de octubre de 1931 se votó otra ley que facultaba a la UTE a
comprar o expropiar las empresas telefónicas del interior del país.
El cuatro de octubre
de 1922 se aprobó la Ley Nº 7.514, que estableció el salario mínimo de las
operadoras telefonistas en 50 pesos, un 25% más de lo que reclamaba el
sindicato, equivalente a un 66,7% de aumento sobre el sueldo que percibían
antes del conflicto. El debate de los días cuatro y cinco de octubre estuvo
acompañado por numerosos público que llenó las barras. Allí estaban las
telefonistas.
En los debates
parlamentarios participaron integrantes del Partido Colorado en sus diversas
fracciones, del Partido Nacional y de la Unión Cívica (partido de extracción
católica).
Los debates previos a
la ley aportan evidencias sobre los problemas que se discutían entonces, cuando
aún no había antecedentes sobre regulación salarial. Qué era un salario justo,
como debía legislarse en relación a las ganancias de las empresas y la
transferencia de ganancias a las compañías matrices, el rol del parlamento y de
las administraciones municipales en la fijación del salario, las relaciones
entre las empresas y la fuerza de trabajo.
En abril de 1921 se
había presentado un proyecto de ley sobre salario mínimo nacional, que había
sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero que no había recibido
tratamiento alguno por la Cámara de Senadores. Esto permite inferir que el tema
estaba colocado en la agenda parlamentaria pero aún no se generaban las
condiciones políticas para su aprobación definitiva. El primer proyecto de
regulación de los salarios venía del año 1912 cuando Emilio Frugoni, fundador
del Partido Socialista y primer diputado de ese partido en Uruguay, había
enviado un proyecto de ley al parlamento.
Al iniciarse el conflicto, la gerencia de la empresa de capitales
británicos, estaba en manos de Aureliano Rodríguez Larreta, diputado por el
Partido Nacional, que, además, era familiar cercano de los fundadores, y
directores del diario El País (identificado con el Partido Nacional). Eso no
impidió que el diario se manifestara a favor del conflicto,
El País entiende que
las mejoras reclamadas por las telefonistas son justas, siendo miembro del
Directorio de la Empresa que las ha rechazado el doctor Aureliano Rodríguez
Larreta” (El País, 4 de septiembre de 1922, pág. 3).
El diario el Día (identificado con el sector
del batllismo, dentro del Partido Colorado), presentó diferente el asunto como,
[ ] el diputado
oribista, viejo defensor de las empresas telefónicas y actual presidente del
directorio de “La Uruguaya”, don Aureliano Rodríguez Larreta” (El Día, 16 de
septiembre de 1922, pág. 5).
Dado que la Montevideo Telephone Company había adquirido la empresa La
Uruguaya, en la prensa se hacía alusión a una u otra indistintamente.
Además de los “protagonistas” naturales del conflicto como el sindicato
y la empresa, comenzaron a interactuar en la escena otros actores sociales, que
con excepción de la empresa, manifestaban su conformidad con los motivos del
conflicto, dando la razón a las mujeres. Por un lado, estaba el Estado a través
del Consejo Nacional de Administración (Ejecutivo colegiado), las dos Cámaras
del Parlamento, que sesionaron en Asamblea General, los ministros de Hacienda,
Instrucción Pública, la Dirección de Correos y Telégrafos. Esta última había
iniciado las gestiones para la compra de la empresa, en virtud de las
prerrogativas que le otorgaba la ley de monopolio de 1915.
Otro actor estatal en el conflicto fue el Concejo Municipal, que asumía
que los postes de los cables telefónicos que se habían instalado en las calles
estaban bajo jurisdicción del municipio. Concejo versus Consejo fue un debate
en sí mismo, porque ambas entidades discutían si se debía proceder a la
expropiación o la compra de la empresa; de quién dependía cesarla o no, en
paralelo a las discusiones que se procesaban en los ámbitos partidarios (El
Día, 18 de septiembre de 1922, pág. 4). El periódico, ese mismo día, definía el
problema de esta manera,
[...] que por lo que respecta a la ciudad de Montevideo, las empresas
que en ella funcionan no tienen ninguna concesión que les dé un derecho estable
a funcionar. Y es así porque no existe ley alguna que haya autorizado de un
modo general ni especialmente ni al Poder Ejecutivo ni la Municipalidad para
otorgar concesiones y para imponer la servidumbre telefónica sobre las
propiedades privadas, -indispensables para que las empresas puedan tender sus
líneas- servidumbre que ha funcionado hasta el presente merced tan solo a la
buena y libre voluntad de los vecino. (El Día, 18 de septiembre de 1922, pág. 4)
Los temas que movilizó la huelga ponían en juego el rol de Estado. Así,
se ponía en discusión el monopolio del Estado en las comunicaciones, la
expropiación estatal de las empresas telefónicas privadas que operaban con
permisos precarios, la conveniencia o no de la compra de la empresa por parte
del Correo, las inversiones en tecnología necesarias, la red telefónica
subterránea estatal y los riesgos eventuales de una expropiación. Los debates
desplegados por los actores estatales, se desarrollaron en un marco de pleno
legalismo y tenían como trasfondo, las pujas entre las diferentes fracciones de
los partidos políticos tradicionales, que podían establecer alianzas
cruzadas.
.
Como producto de esas mayorías y minorías relativas, se produjo un
enfrentamiento institucional entre el Concejo Municipal, partidario de
suspender los permisos precarios y el Consejo Nacional de Administración, que
entendía que no tenía competencias para intervenir la empresa. A medida que
pasaban los días el conflicto sumaba actores y temas, mientras las operadoras
telefonistas profundizaban el conflicto y se reunían en asambleas.
Mientras el batllismo dentro del Partido Colorado felicitaba al
Municipio por su decisión, en el Consejo Nacional, el nacionalista García
Morales opinaba que,
[ ] las medidas
adoptadas por el Concejo Departamental han ido contra lo dispuesto por la ley
dictada en 1915, que autorizó el funcionamiento de las empresas telefónicas, aunque
esta autorización tenga carácter precario y revocable” (El País, 19 de
septiembre de 1922, pág. 3).
Ciertamente, en la década anterior habían sido aprobadas leyes, como la
de 1915 sobre monopolios, pero de hecho, nada había cambiado con respecto a las
empresas. En 1919 se había dictado la Ley de Organización del Gobierno y la
Administración de los Departamentos, según El Día, en su artículo 56, inciso
22, se establecía que eran los Concejos Municipales “la facultad de otorgar
concesiones de teléfonos con arreglo a las leyes” (El Día, 21 de septiembre,
pág. 3). Eso parecía dotar con facultades sobre las concesiones a más de una
organización del Estado, puesto que, según el mismo diario, el mismo día, el
Ministro de Instrucción Pública manifestaba “...se deduce que el cese de la
explotación de las líneas telefónicas del departamento de Montevideo (…) puede
ser decretado por el Poder Legislativo en cualquier momento”.
Estas disputas en torno al rol del Estado a propósito de los teléfonos,
llevaron a que el 22 de septiembre de 1922, el conflicto se tratara en la
Asamblea General, “ante una barra ocupada casi en su totalidad por señoritas
telefonistas, actualmente en huelga” (El País, 23 de septiembre de 1922, pág.
3).
Por último, otro actor
más o menos relevante, fue la asamblea de abonados, que se autoconvocó el 27 de
septiembre, aunque desde hacía varios días la prensa de Justicia (que
probablemente no leían) los acusara de blandos y faltos de reflejos.
El cuatro de octubre
de 1922 se aprobó la Ley Nº 7.514, que estableció el salario mínimo de las
operadoras telefonistas en 50 pesos, diez pesos más de lo solicitado. El
aumento a las telefonistas llevó por arrastre un aumento correlativo para los
operarios varones (peones, capataces, guardahilos, pintores), que si bien eran
minoría y tenían trabajos menos calificados, ganaban más que las telefonistas.
Aún con el aumento, las telefonistas mujeres siguieron percibiendo salarios
menores que cualquier operario varón de la compañía. En definitiva la ley estableció:
[...] abonar a sus
operarios telefonistas, empleados en efectividad y en la Capital el sueldo
mínimo de cincuenta pesos mensuales, y a los demás empleados, que ganen
actualmente un sueldo menor de cien pesos un 25% de aumento. No podrá además,
alterar, ni aumentar sus tarifas actuales sin autorización legislativa.
Igualmente queda obligada a reponer en sus puestos a todo el personal a su
servicio antes de la iniciación de la huelga actual (Asamblea General, 1922:
490)
Los términos del
artículo primero determinan entonces un salario mínimo por primera vez en la
historia del país. Los legisladores no transforman las jerarquías del sistema
salarial en términos genéricos, ni era esperable que lo hicieran, porque las
mujeres seguían teniendo salarios menores que los varones, pero se evidencia un
interés en legislar a favor de los salarios más deprimidos y de los abonados al
servicio, en quienes la empresa no podría descargar los mayores costos
salariales en las tarifas. Es relevante
que en el texto de la ley, se incluyera la reposición en sus puestos a todas
las personas trabajadoras.
En su artículo segundo
la Ley Nº 7.514 estableció que la empresa abonaría al personal en huelga el
sueldo correspondiente a los días que hubiese estado sin trabajo, en reconocimiento
a la justicia de los reclamos.
Sabemos, por el diario
Justicia, que el 18 de octubre en asamblea, las telefonistas, con presencia
multitudinaria, decidieron aceptar las condiciones, levantaron las medidas de
huelga y reanudaron sus actividades.
El sistema de relaciones laborales
Porrini (2003) y
Notaro (2011) han documentado desde diferentes ángulos el proceso de creación
del sistema de relaciones laborales en esas décadas, analizando entre otros
temas las formas en que los actores sociales como los sindicatos, el Estado y
el parlamento, participaron en los escenarios y los conflictos sobre la
legislación laboral de la época. Los Consejos de Salarios fueron instituidos
por ley en el año 1943 y desde entonces son los procedimientos que fijan los salarios
mínimos por categoría y por grupo de actividades. Se integran con
representantes de las patronales, los sindicatos y el Estado. Notaro (2011)
sostiene que las patronales siempre manifestaron resistencia al funcionamiento
de los Consejos, inclinándose por negociaciones voluntarias y por empresa.
En el año 1922 y hasta
el desenlace del conflicto, no existía ninguna regulación tripartita que
permitiera determinar salarios, sino que éstos eran decididos por las empresas
y negociados por los sindicatos a través de medidas de fuerza como paros,
huelgas y boicots, según el grado de organización y fuerza del sindicato.
Sobre el rol que el
Estado desempeñó en la legislación laboral de ese entonces y en los años
posteriores, Porrini (2003) entiende que no fueron los sindicatos y sus
estrategias los que impusieron la legislación sobre los Consejos, y que tampoco
fue el Estado “benefactor” el que los protegió apoyando sus demandas, sino que
el Estado construyó “estructuras articuladoras clave” (Porrini, 2003: 183). Así
por ejemplo, la formación de los Consejos en 1943 obligó a los sindicatos a
elegir representantes introduciendo prácticas y construyendo tradiciones
electoralistas. En otras palabras, el Estado ideó políticas de regulación y
gobierno, institucionalizando escenarios de disputa legitimados entre las
partes, donde tenía participación directa.
La Ley, votada el 4 de
octubre, había sido discutida en forma previa por la Comisión de Legislación
que había acordado, en su primera redacción, otorgar cuarenta pesos mensuales
para las operarias telefonistas como salario mínimo. Esto era un acontecimiento
inédito. Esa primera propuesta concedía el salario que las telefonistas habían
solicitado en el pliego de condiciones. Sin embargo, la primera intervención en
la discusión, a cargo del diputado batllista César I. Rossi, anticipaba que se
trataba de un salario muy bajo. Rossi propuso en la discusión particular que el
salario mínimo fuera fijado en cincuenta pesos, otorgando de esta forma un
aumento mayor al solicitado. Los representantes del Partido Nacional
fundamentaron a favor de la primera propuesta, de cuarenta pesos, con el
argumento que era el monto solicitado. En ésta, como en otros puntos del
debate, los representantes del Partido Nacional se inclinaron a favor de las
propuestas más conservadoras.
El debate discurrió
entre “darles lo que piden”, “darles para que se mantengan”, proceder por la
convicción de justicia más allá del pedido concreto, si la ley tendría un
sentido político (en sentido electoral) aunque las propias telefonistas no
tuvieran derechos políticos, si esperar a la aprobación por parte del Senado de
la ley de salario mínimo nacional que las incluiría, entre otros temas.
En términos generales,
las operarias telefonistas fueron presentadas por los legisladores con los
términos de “modestia”, “señoritas”, “empleadas”, “simpático gremio” y
excepcionalmente fueron nombradas como obreras y proletarios, revelando una
posición tutelar hacia ellas, que negaba discursivamente el rol protagónico que
estaban adquiriendo en términos de legislación laboral.
Redefinición de las reglas de juego políticas
El conflicto desató el tema del voto popular, dado que las elecciones
serían en noviembre de ese mismo año, siendo las primeras en la que todos los varones
mayores de 18 años podrían votar. El diario El Día (Partido Colorado, sector
batllismo) cuestionaba la actitud de sus adversarios del Partido Nacional,
¿Les conviene, en estos
momentos electorales, a dos dedos de noviembre, malquistarse más de lo que
están con las clases populares?” (...) ¿Qué harán los herreristas? No lo
sabemos. Pero en una forma u otra, las telefonistas ganarán la partida” (El
Día, 30 de septiembre de 1922, pág. 4).
En ese clima pre electoral se puso en cuestión el problema de la
incompatibilidad de funciones representadas por el ejercicio de cargos de
gobierno y la participación en forma simultánea en empresas privadas cuyos
intereses competían con los estatales. Como en el directorio de la empresa
telefónica estaba el Dr. Aureliano Rodríguez Larreta, abogado, y representante
al mismo tiempo del Partido Nacional en el parlamento, la Convención Nacional
del Partido Colorado declaró incompatible el cargo de legislador con el de
asalariado o socio de una empresa que tuviera relaciones de intereses con el
Estado. Así se estableció que los legisladores batllistas a partir de la
siguiente legislatura no podrían ocuparse de:
[ ] asuntos
particulares de personas o empresas, en que el interés del Estado se halle
comprometido. Pero no se hallarán en la misma situación los legisladores de
otros partidos políticos, que continuarán ocupándose de un asunto en el Cuerpo
Legislativo, en que tendrán el interés personal de empleados, asociados o
abogados, etc., de la empresa o persona que tenga interés en ese asunto, y
sacrificarán a veces al Estado. (El Día, 23 de setiembre de 1922, pág. 4).
El periódico termina
la nota solicitando al Cuerpo legislativo que:
[ ] debería prohibir de
una vez a sus miembros el tener interés alguna de todo género de negocios en
que el interés del Estado se halle comprometido (El Día, 23 de setiembre de
1922, pág. 4).
De esta forma quedó
establecido un cambio normativo basado en un principio ético de separación de
competencias. Si bien al comienzo se aplicó a uno de los partidos políticos
tradicionales, que gobernó en forma casi interrumpida a lo largo del siglo XX,
esa norma se extendió al conjunto del funcionamiento partidario en los
siguientes años.
La huelga de 1922 del
primer sindicato de mujeres telefonistas en el Uruguay resultó exitosa en sí
misma y generó impactos de consideración en varias dimensiones. En términos
institucionales, la Ley Nº 7.514 constituye el primer antecedente exitoso de
regulación del salario mínimo en el Uruguay, que marca un hito en las
relaciones entre Estado - trabajo y capital. El proceso de intervención del
Estado en las relaciones laborales continuó profundizándose en las siguientes
décadas, pero fue la huelga y la interrupción de los servicios lo que abrió la
ventana de oportunidad para concretar la regulación. La aplicación de la ley
demostró que era posible y que la intervención mediadora o articuladora del
Estado era un recurso valioso para disminuir la conflictividad y regular los
procesos económicos, sociales y sindicales.
No fue la fuerza de
los abonados un elemento de peso para la solución del conflicto, sino la
posición estratégica de las mujeres en el ámbito público a través de un sector
que estaba adquiriendo una gran trascendencia económica, social y política.
Desde nuestra perspectiva y en el conjunto de dimensiones y actores en disputa,
consideramos que el peso de la tecnología de la comunicación fue muy relevante
para sostener un conflicto con interrupción de servicios durante tanto tiempo.
Las operadoras
telefonistas cumplieron un papel importante en la nueva tecnología de las
comunicaciones, ocuparon un rol fundamental en el proceso de modernización y su
voz, paciencia, ductilidad en el trabajo, vinieron acompañadas de una capacidad
inesperada de organización, resistencia y lucha. Estos componentes resultaron
catalizadores de otros procesos incipientes que venían discutiéndose en el
ámbito público.
La prensa escrita que
representaba el arco político ideológico, permite analizar el conflicto desde
la perspectiva de las fracciones de los partidos políticos y del movimiento
obrero. Estos actores sostuvieron sus prácticas y discursos con relación al
conflicto con aparente independencia unos de otros. En el transcurso de la huelga, la estrategia
de la prensa obrera hacia los abonados consistió en exhortarlos a rebelarse
frente a la falta de servicio telefónico, interrumpiendo los pagos, y
promoviendo una corriente de solidaridad con las obreras, que no sucedió.
Frente a las telefonistas, la prensa obrera constituyó una herramienta de
organización, solidaridad y lucha.
Los vínculos de
solidaridad entre las mujeres, y los que ellas establecieron con otros
sindicatos, parecen haber sido importantes para sostener la huelga. El
sindicato de telefonistas desde su fundación en el año 1918, con apoyo del
movimiento feminista sufragista, parece haber tomado un giro radical con sus
prácticas sindicales de oposición. La huelga desencadenó una serie de debates
en diversos ámbitos y movilizó a un conjunto de actores en torno a temas
importantes como el rol del Estado, el sistema de relaciones laborales y las
reglas de juego políticas.
El Estado intercedió
en el conflicto laboral marcando un antecedente histórico, poco reconocido en
la historia sindical.
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Fuentes citadas
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Carrasco, Sansón (2006) Crónicas de un fin de siglo por el montevideano Sansón Carrasco (1892 – 1909). Montevideo, Banda Oriental.
Cía. Telefónica de Montevideo, Ficha personal de Marcelina Luaces, (s/d) Colección y Archivo Horacio Nigro Geolkiewsky/ La Galena del Sur, Montevideo, Uruguay.
Diario El Día (1916) Ejemplares de fecha 19 y 20 de mayo.
Diario El Día (1922) Ejemplares de fecha 3, 15, 16, 18, 21, 23, 27 y 30 de septiembre.
Diario El País (1922) Ejemplares de fecha 3, 4, 19, 21 y 23 de septiembre.
Diario Justicia (1922) Ejemplares de fecha 21 de agosto, 1, 4, 12, 27 de septiembre, 18, 19 y 25 de octubre.
Frugoni, Emilio (29 de noviembre de 1918) Correspondencia privada con Paulina Luisi. Archivo personal de Paulina Luisi, Biblioteca Nacional, Montevideo.
Ley Nº 7.514 del 6 de octubre de 1922
UTE 1933 - 1958 (1959) Los 25 años del teléfono automático en el Uruguay. Montevideo: Imprenta de UTE, Departamento de Estudios y Sección Estadística.
Wonner, Esteban (1888) De las industrias y del desarrollo industrial en la República Oriental del Uruguay, especialmente en Montevideo. Imprenta rural a vapor, Montevideo.
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Uruguay. Magíster en Políticas
Públicas y Género (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México).
Licenciada en Comunicación Audiovisual (ORT, Uruguay). Contacto: dina.yael@gmail.com
** Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales – Uruguay. Doctora en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Argentina), Magíster en El Poder y la Sociedad desde la problemática
del Género (Universidad Nacional de Rosario), Psicóloga (Universidad de la
República – Uruguay). Contacto: sdarre@flacso.edu.uy
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Yael,
Dina; Darré, Silvana. “El triunfo de las señoritas telefonistas. El primer
sindicato de mujeres del Uruguay y el impacto de la huelga de 1922” en Zona Franca. Revista del Centro de
estudios Interdisciplinario sobre las Mujeres, y de la Maestría poder y
sociedad desde la problemática de Género, N°28, 2020 pp. 270-302. ISSN,
2545-6504 Recibido: 31 de julio 2020; Aceptado: 12 de noviembre 2020 |