Criminalización y estigmatización de la protesta feminista en México desde la perspectiva de las colectivas activistas

Lidia Ángeles García González *

Josué Alejandro Ramos Yebra **

Resumen

En los últimos años, el movimiento feminista en Méjico ha tenido una mayor presencia en el espacio público en diversas ciudades del país. En paralelo a este fenómeno se ha presentado una criminalización y estigmatización de la protesta feminista donde el Estado juega un rol importante, mientras que la sociedad y los medios lo hacen en un segundo momento. El presente estudio comprende un análisis de las dinámicas en las que la acción colectiva de las mujeres contra la erradicación de la violencia en Méjico, ha sido criminalizada y estigmatizada, por diversos actores mediante 11 entrevistas efectuadas a colectivas feministas mexicanas y un Twitter Space sobre criminalización de la protesta realizado por “Somos el medio”, un medio informativo crítico e independiente en Internet, realizado en marzo de 2022. Los principales hallazgos apuntan a la diversificación de los modos de criminalización por parte del Estado, y de la estigmatización por parte de los medios y los usuarios de redes sociodigitales.

 

Palabras clave: Protesta feminista - Criminalización - Mujeres - Méjico.

 

Criminalization and stigmatization of feminist protest in Mexico from the view of activist collectives

Abstract

In recent years, the feminist movement in Mexico has had a greater presence in the public space in various cities of the country. Parallel to this phenomenon, there has been a criminalization and stigmatization of feminist protest in which the State plays an important role, while society and the media play a secondary role. This study includes an analysis of the dynamics in which the collective action of women against the eradication of violence in Mexico has been criminalized and stigmatized by various actors through 11 interviews with Mexican feminist collectives and a Twitter Space on criminalization of protest conducted by "Somos el medio", which is a critical and independent news media on the Internet, produced in March 2022. The main findings point to the diversification of types of criminalization by the State, and of stigmatization by the media and users of socio-digital network sites.

 

Key words: Feminist protest - Criminalization - Women - Mexico.

 

Introducción

      En recientes movilizaciones de mujeres en México, se experimentaron diversas represiones de las protestas feministas. Por ejemplo, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, durante el 2020, el Estado respondió a balazos a un grupo de mujeres que se encontraban protestando por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”; tres personas fueron heridas, trece personas sufrieron torturas y dos mujeres fueron violadas por agentes de seguridad, según el testimonio de las víctimas (Santos 2021). Entre el 2012 y 2021, se han registrado 736 eventos de protestas como marchas, acciones simbólicas y tomas de instalaciones lideradas por mujeres (Article19 2022).

Aunado a esto, en el informe realizado por Amnistía Internacional en el 2021 titulado: México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan, da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de mujeres en cuatro manifestaciones realizadas en las ciudades de León (Guanajuato), Ecatepec (Estado de México), Ciudad de México y Benito Juárez (Quintana Roo), observando que las autoridades han respondido a las protestas  feministas contra la violencia hacia  las mujeres de forma excesiva e innecesaria y empleando la fuerza, “con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual” (Amnistía Internacional 2021:4). Es importante mencionar que la estigmatización y la criminalización han estado presentes a lo largo de la historia del movimiento feminista; sin embargo, ante la nueva ola de movilizaciones en el caso mexicano, este fenómeno adquirió nuevas modalidades.

Por ejemplo, en la Ciudad de México a inicios de 2020, en una manifestación de mujeres que exigían justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla y reclamaban que los medios lucraron con la fotografía de su cuerpo desollado, se utilizaron extintores que dispararon directamente al rostro de las mujeres que protestaban, ocasionándoles ardor en los ojos, garganta y ataques de tos (Arteta 2020). La respuesta del Estado ha sido la negación de la existencia de dicho fenómeno como la omisión y la negligencia en su atención. Paralelamente, se actúa desvirtuando los acontecimientos y criminalizando las demandas de las protestas feministas (Martiñón 2022). La actual administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tenido la particular característica, según Cerva-Cerna (2020:123), de llevar a cabo una marcada “reproducción de estereotipos con una fuerte carga de machismo”. Lo mismo sucedió por parte de autoridades universitarias, como es el caso del rector de la UNAM, Enrique Graue, que denunció a raíz de los hechos la existencia de intereses ajenos que tienen el propósito de desestabilizar a la Universidad y señaló que había un vandalismo detrás asentado contra la institución (San Martín 2020).

A todo esto, se suma la indiferencia de la sociedad mexicana, que hoy en día sigue sin reconocer la violencia misógina y mantiene un rechazo a las movilizaciones feministas, considerándolas: “desproporcionadas, innecesarias, inútiles e incluso ilegítimas” (Martiñón 2022:427). En este contexto, según García-González (2021:44-45a) las altas cifras de los feminicidios en México exponen el actuar por parte del Estado, pero se han mantenido insuficientes “para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en México, la cual se encuentra situada en un contexto de violencia generalizada, discriminación e impunidad.” Igualmente, la falta de compromiso por incentivar la creación de políticas públicas para erradicar el fenómeno de la violencia ha sido un incentivo para que la protesta feminista en México esté vigente actualmente, ya que los delitos contra las mujeres continúan día a día.

En lo relativo a presuntos delitos de feminicidio en México, de 2015 a mayo de 2023, se contabilizan 6.826 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023); mientras que, en el 2022, se contabilizaron un total de 339,451 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer; a mayo de 2023, se estiman 137,195 llamadas. En este contexto, la violencia contra las mujeres es una de las principales causas en México por las que las mujeres protestan. Ante la pregunta: “¿Por qué protestan las mujeres en México?”, el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (2020),  señala que el 75.2% fueron por temas de justicia: feminicidios, presentación de desaparecidas y seguridad; 6.8% refieren a derechos reproductivos como la legalización del aborto; 6% piden la inclusión de las mujeres en los espacios y programas públicos; 5.2% exigen transparencia en la entrega de recursos para programas sociales; 4.2% demandan mejoras en servicios de sus colonias y barrios.

Es significativo mencionar que, en los casos relatados en el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, sobre la criminalización de la protesta feminista, se documentaron principalmente a partir de la indignación de feminicidios ocurridos. Organismos como Article19 y Amnistía Internacional México, son quienes realizan comúnmente este tipo de reportes de investigación de los casos donde se criminalizan a las activistas; sin embargo, para el presente estudio no se ubicaron reportes o documentación oficial con cifras por parte de las autoridades. En este sentido, la pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿de qué manera se ha criminalizado la protesta feminista en México actualmente? Para contestarla, presentamos primero un estado de la cuestión acerca de la criminalización y la estigmatización de la protesta en México. Continuamos con la exposición de la metodología empleada en este artículo, que consiste en la realización de entrevistas a participantes de colectivas feministas distribuidas en el territorio mexicano, así como el registro de un "Twitter Space" convocado por dichas colectivas para tratar el tema de la criminalización de la protesta. Seguidamente se exponen los hallazgos, que dan cuenta de las formas de criminalización de la protesta por parte del estado, así como de las formas de estigmatización en medios y redes sociodigitales. Dichos hallazgos se sistematizan y relacionan en las conclusiones​.

La criminalización y la estigmatización de la protesta feminista en México

        Para Alvarado (2020), la criminalización se emplea esencialmente en el uso de la represión física, mecanismos legales y judiciales, contra los movimientos sociales. La represión corresponde con la acción de los cuerpos policiales y militares, el ejercicio de la violencia física, a través de la acción de los cuerpos armados. Para el autor, el Estado es el actor fundamental en la generación de las políticas de criminalización de la protesta social. Existen cinco formas de represión que son: “1) un control represivo y uno no represivo/tolerante; 2) una represión selectiva y una difusiva; 3) un control preventivo y uno reactivo; 4) un control duro y uno blando; y, 5) tácticas legales e ilegales”. (Alvarado 2020:35). 

En el caso de la protesta feminista, el empleo de la violencia contra las activistas forma “parte del repertorio de acción de las protestas de las colectivas e incluye aspectos culturales en torno a la legitimidad de la misma” (Cerva-Cerna 2020:120). La autora señala que actualmente se implementa como forma de represión de la protesta feminista tanto el uso de extinguidores y de gases para disuadir a las manifestantes como estrategias de bloqueo y encapsulamiento, ambas violatorias del libre derecho de expresión.

En la visión de Romo (2008), la criminalización de la protesta se ha incrementado a raíz de la militarización del país y el desarrollo de las reformas estructurales promovidas por los gobiernos neoliberales desde finales de los años ochenta. Según Alvarado (2020:39), la criminalización “es un fenómeno multidimensional”, que se compone de tres elementos de una dimensión política y son: 1. La represión, 2. La judicialización y 3. Lo mediático. El Estado es el principal actor en los procesos de criminalización o bien, puede ser un actor indirecto cuando permite que otros actores con capitales privados nacionales o internacionales ejerzan la violencia.

Por su parte, Cerva-Cerna (2021:116) señala  que son las autoridades gubernamentales y del sector universitario quienes restan valor y “credibilidad a las denuncias sobre la gravedad de la situación de violencia que aqueja a las mexicanas”, en un escenario de “insensibilidad, negación y desacreditación”, por parte de quienes tienen el poder de generar cambios y políticas públicas y se acentúa con la “recepción y difusión de la problemática de parte de los medios de comunicación y en las redes sociales”.

Del mismo modo, la autora sostiene que parte de la caracterización que toma la criminalización de la protesta feminista es el “tratamiento condenatorio” y la narrativa se convierte en “una represión simbólica” que permea desde la autoridad a los medios de comunicación, ocasionando en la percepción ciudadana una minimización del “contenido de las demandas y sobredimensiona la alteración del orden público, los daños y destrozos a la propiedad pública” (Cerva-Cerna 2021: 122); además, argumenta la autora que existe una “idea de complot” sobre la actual administración gubernamental, que intenta minimizar los reclamos de justicia por parte de las mujeres que protestan.

Sin embargo, Cerva-Cerna (2021:120) argumenta que “la protesta feminista” incita a la “crítica, cuestionamiento, burla, menosprecio, e incluso más violencia. Quien protesta confronta, se atreve, reclama, y en el juego de los roles de género, estos comportamientos no son permitidos a las mujeres”, tales como las marchas, los performances, las pintas y las protestas que se señalan “ser expresiones y representaciones juveniles violentas y transgresoras” (López-García 2021:39); en consecuencia, por definición, según Cerva-Cerna (2021), el movimiento feminista nace estigmatizado y se emplea el uso de la violencia contra la protesta feminista, el desgaste emocional, agresiones y amenazas están presentes. Es importante mencionar que existe una escasa literatura académica sobre la criminalización de la protesta feminista vinculada con las formas en que el Estado llevan a cabo estas dinámicas en el contexto actual con el uso de estrategias represivas mediante las redes sociodigitales.

Según un informe de Article19 (2022), “la protesta es un ejercicio de derechos humanos universalmente reconocido, que incluye las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica” (2022:9). De la misma forma, en el informe se explica que la estigmatización de la protesta produce: 1. Prejuicios y estereotipos social y culturalmente arraigados, y 2. Narrativas con actos verbales y simbólicos generadas por el Estado. Otro de sus efectos, es que a partir de la estigmatización ocasiona un ambiente adverso y complicado para ejercer su derecho a organizarse y protestar, buscando desincentivar la participación y la movilización de las mujeres. En este escenario político, las mujeres actualmente se encuentran llevando a cabo la acción colectiva, concluye el informe.

Amnistía Internacional (2021) sustenta que los efectos de la estigmatización de la protesta feminista robustecen los estereotipos contra las mujeres, esto debido a los roles y comportamientos que han sido atribuidos a las mujeres a través de la sociedad; por ejemplo, que deben que permanecer en casa, ya que salir a protestar es una forma de buscarse conflictos, o que determinados actos de protestas no son propios de las mujeres como el hecho de realizar pintas, romper vidrios, e intervenir monumentos.

Además, Cerva-Cerna (2021:122) señala que la estigmatización se ha expandido más en la opinión pública cuando se trata de hacer iconoclasia en monumentos, donde se concede de manera acrítica “un valor supremo, casi sagrado (…) de los monumentos, del mobiliario público como referente identitario nacional”. Por parte de la sociedad, se les acusa comúnmente “esas no son formas de protestar” y por tanto quienes lo hacen tienen merecido el castigo o la represión” (Pedraza-Ramos 2023:53).

De la misma forma, la estigmatización puede producir un trato diferencial discriminatorio desde fomentar violaciones a los derechos humanos, teniendo como efecto un rechazo donde las personas quedan etiquetadas y definidas: “como desestabilizadoras, locas, violentas y culpables de los daños” (Article19 2022:63); esto da paso a un escenario de polarización donde se crean dos posturas de “buenos” y “malos”, representando a las mujeres que protestan como “violentas” y “peligrosas”, dando lugar a una percepción de mentira institucionalizada donde la indiferencia y el silencio en torno a las denuncias de violaciones de derechos humanos; en consecuencia, se genera una deslegitimación de la protesta. Existe una expresión común en la protesta feminista de estigmatización que se expresa a través de llamarlas “las locas feminazis”, mujeres insatisfechas, lesbianas frustradas, todo esto a partir de la incomodidad que generan (García-Contreras 2020).

En la perspectiva de García-Contreras (2020:5) se erige “una imagen de las feministas como una masa imparable, destructiva, descontrolada, insensible, profanadora de lo sagrado y lo histórico, que lo que busca en conjunto es hacer daño” y se establece un reforzamiento por parte de los medios de comunicación para desautorizar a las feministas al retratarlas como promotoras de violencia, atacantes de mujeres de la tercera edad, de mujeres policías que cuidan los edificios católicos, y referirse a las mujeres que protestan como las “atacantes”. Por parte del gobierno, hay una narrativa que culpabiliza a las mujeres de ir en contra del cambio.  También se las tilda de “conservadoras”.

Un actor relevante que puede desempeñar un factor de estigmatización de la protesta feminista son las corporaciones de los medios de comunicación, pues estos fungen como reguladores de la producción simbólica, siendo un espacio esencial para cualquier movilización política (della Porta 2011). Esto se debe a que los medios de comunicación ejercen influencia en la opinión pública. Según Andrade-López (2023), la dimensión mediática que da un marco para la criminalización de la protesta hace un particular énfasis en tres características: 1. Las violencias simbólicas a través de la descalificación, 2. La tergiversación, y 3. la estigmatización de los actores protestantes y de sus repertorios de acción.

Gamson y Wolfsfeld (1993:124) señalan que los medios de comunicación realzan el contenido visual en sus producciones de noticias, y esto hace que se “produzcan estrategias de acción que enfatizan el espectáculo, el drama y la confrontación. Debido a que el material visual da una mayor importancia al espectáculo, la televisión es más probable que los medios impresos para enfatizarlo”. Según Atton (2003:8), las ideologías y prácticas de los actores del movimiento social son reducidas y homogeneizadas por los principales medios de comunicación.

En lugar de explorar las complejidades, los medios de comunicación muestran como resultado una visión desequilibrada y “estructuralmente indeterminada” de estas protestas. Además, Rovira (2003:37) sostiene en un sentido similar, que los movimientos sociales “no controlan su propia imagen” y que son los corporativos mediáticos quienes toman las decisiones sobre lo que se transmitirá e incluso puede no darlos a conocer y falsear los eventos. La autora advierte que los medios pueden dar “legitimidad de las protestas, adquieren gran influencia sobre la gente y, por lo tanto, sobre cómo interpretan a los movimientos sociales”, y finalmente los medios tiene el poder de criminalizarlos, como desacreditarlos y haciendo una doble victimización (Ávalos 2019).

Para García-González (2021a:58) en las redes sociodigitales es frecuente la denostación de la protesta feminista mediante los insultos y amenazas, esto orilla a las activistas feministas a salvaguardarse teniendo intencionalmente poca visibilidad “por la misma lógica de la velocidad de Internet con el que se transmite la información, lo cual las hace vulnerables a ser identificables dentro del movimiento y a ser criminalizadas por los medios de comunicación y el Estado”.

De esta manera, mediante las redes sociodigitales, se ridiculiza la protesta feminista por el uso de memes que “suelen estar saturados de violencia hacia la mujer como un espacio creador de sentidos políticos, simbólicos y culturales” (García-González y Bailey 2020: 131-132). De la misma manera este tipo de memes deslegitimizan la defensa de los derechos de la mujer a través de la ciberviolencia en estos espacios digitales, lo que puede ser extremadamente agotador para las activistas feministas, conformando también un espacio “mediático de la violencia que representan estereotipos sexistas que reforzando la ideología heteropatriarcal”.

Por ejemplo, acorde con Atilano et. al (2022), las estrategias de criminalización en Twitter pueden realizarse y difundirse mediante cuentas de usuarios anónimos; esto hace que la persona que emite el mensaje no pueda reconocerse o ubicarse. Mosqueda (2020) señala que, mediante las redes sociales de Internet, se desprestigian a las mujeres periodistas, como es el caso de la periodista y defensora de derechos humanos Frida Guerrera.

La periodista relató en julio del 2020, en una entrevista realizada por Esther Mosqueda de Article19, que algunos ataques provenían de cuentas que: (…) se veían que eran de reciente creación y no tenían más de 3 seguidores o las otras eran de cuentas con más de 15 mil seguidores. En los tuits me decían desde feminazi, revoltosa, puta, entre muchas otras cosas” (Mosqueda, 2020). En noviembre del mismo año, Frida Guerrera, “acusó al jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de arropar a grupos de youtuberos que orquestan estas campañas de acoso”. (Infobae 2020). Sin embargo, el presidente rechazó categóricamente la existencia de este grupo de personas que realizan ataques a sus opositores a través de las redes sociales de Internet.

Más allá de la incidencia en la opinión pública en la percepción social negativa sobre la protesta, que opera con el empleo de prejuicios que ya anteriormente hemos mencionado, se encuentra el fenómeno de la judicialización, que se entiende por el uso de una sanción jurídica por las acciones del repertorio de la protesta (Pedraza-Ramos 2023:57). La judicialización, según el autor, consiste en realizar “denuncias infundadas” que se caracterizan por ser ambiguas. Estos tipos penales que son punibles se refieren a conductas como la “inducción a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “apología del delito” y “ataque o resistencia a la autoridad”, y se aplican de manera arbitraria por parte de las autoridades; además, estas denuncias penales están precedidas por declaraciones que estigmatizan a través de las autoridades o bien por los medios de comunicación.

Metodología

       El propósito del presente artículo consiste en conocer las dinámicas de estigmatización y criminalización que las colectivas feministas mexicanas han experimentado en su trayectoria de activismo en la defensa por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para esto se realizaron 11 entrevistas mediante la plataforma de Google Meet, de febrero a noviembre de 2022, con una duración aproximada de 40 minutos a 1 hora, y fueron grabadas con el software de uso gratuito Audacity. El muestreo se obtuvo a través de correos electrónicos de un universo de 47 colectivas feministas en México. Se consideró que su creación hubiera acontecido en el periodo de 2016 al 2020, y que tuvieran página en Facebook. De la misma manera, por cuestión ética mantenemos en el presente estudio el anonimato de cada una de las entrevistadas. Por ejemplo, dos colectivas feministas eligieron no proporcionar su nombre para mantener su seguridad.

   Finalmente, para fines de la presente investigación se empleó como material de estudio un Twitter Space, con duración de 1 hora y 30 minutos grabado con el software libre Audacity, titulado: “¿Abrazos no balazos? Una conversación con activistas, documentalistas, y organizaciones de la sociedad civil acerca de la respuesta del Estado Mexicano al movimiento feminista”, realizado en el contexto de las protestas feministas del 8 de marzo de 2022, organizado por el medio digital “Somos el Medio”, el lunes 14 de marzo a las 7 pm teniendo 6 colectivas feministas mexicanas invitadas y una documentalista independiente. Las colectivas eran: 1. Frente feminista contra la represión 2. Frente feminista Jalisco, 3. Colectiva independientes revueltas, 4. Colectiva Latinas Guerreras 5. Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, 6. Libertad para Kenia Hernández. El espacio fue moderado por Somos el Medio.

Nombre de la colectiva	Estado	Edad
1.Mujeres que luchan San Luis de la Paz	Guanajuato	Entrevista grupal Entrevistada 1. 24 años Entrevistada 2. 33 años
2.Colectiva Igualdad Sustantiva	Yucatán	Entrevistada 3. 33 años
3.Brujas del Mar	Veracruz	Entrevistada 4. 35 años
4.Siempre Unidas	Quintana Roo	Entrevistada 5. 42 años
5.Aquelarre Feminista	Ciudad de México	Entrevistada 6. 45 años
6.Colectiva Unidas DCI	Guanajuato	Entrevistada 7. 31 años
7.Red de Movimientos Feministas en Guanajuato capital	Guanajuato	Entrevistada 8. 50 años.
8.Colectiva Michoacán	Michoacán	Entrevista grupal 9, 10 y 11 (se desconoce el dato).
9.Colectiva Asteria	Estado de México	Entrevistada 12. 24 años
10.Mujeres de Sal	Oaxaca	Entrevistada 13. 28 años.
11.Frente Feminista Tamaulipeco	Tamaulipas	Entrevistada 14. 38 años.

 

Tabla 1. Información de las activistas entrevistadas

 

Resultados

A modo de contexto, en la figura 1 se construyeron 12 nubes de palabras con las transcripciones de las 11 entrevistas y del conversatorio de Twitter Space ¿Abrazos no balazos? En cada una aparecen diversas palabras como: “criminalización”, “estigmatización”, “polarización”, “medios”, “protesta”, “pacífica”, “ultraderecha”, “mujeres”, “feminista”, “derechos”, “violencia”, “instituciones”, “odio”, “discursos” y “carpetas”. En cada entrevista realizada, se les preguntó sobre: ¿Cuáles son las formas en que la protesta feminista ha sido criminalizada y estigmatizada?,¿Quiénes son los actores que la llevan a cabo?, ¿Qué consecuencias y efectos genera?, ¿Qué papel juegan las redes sociodigitales y los medios de comunicación en la criminalización y estigmatización? y ¿Qué tipos de estereotipos se realizan sobre las activistas que protestan?

Particularmente, ubicamos que los tipos de criminalización y estigmatización, tienen sus peculiaridades según el contexto político y coyuntura que tiene cada región. El movimiento feminista no es homogéneo: cada región se caracteriza por una historia sociopolítica específica y estructuras de oportunidad diversas. Por ejemplo, en Tamaulipas, estado ubicado en el Norte, llevar a cabo la protesta en el espacio público es un gran avance debido al alto nivel de violencia por parte del crimen organizado que existe en esta zona del país.

 

Figura 1. Nube de palabras de las entrevistas realizadas con las colectivas feministas. Fuente: Elaboración propia.

 

Una de las principales formas de la criminalización de la protesta feminista en México por parte de la sociedad, las autoridades y los medios de comunicación se realiza a partir de la llamada iconoclasia. La iconoclasia es la acción directa sobre símbolos o monumentos con fines políticos o ideológicos (García-González 2021b). Suele ser confundida con vandalismo, definido por afectar o destruir de manera aislada de la propiedad pública o privada, acción que se realiza injustificadamente. Una activista de la colectiva Mujeres de Sal de Oaxaca lo expresa así:

Creo que esta estigmatización también viene desde los diferentes discursos que se dan por parte del Gobierno que fomentan la estigmatización (…) todos los medios amarillistas con relación a la iconoclasia, cuando no se tiene realmente el conocimiento de que es, o de qué parte histórica viene estos contextos, y es como de “vandalismo” también el cómo se fijan únicamente cuando estas manifestaciones (…) y cuando son varones los que hacen estos discursos, ya sea por alguna festividad importante en cuanto a los torneos del fútbol nacional, realmente no tiene la misma repercusión a cómo se tiene cuando las mujeres alzan la voz en algo que les incomoda en este sistema, creo que toda esta estigmatización tan marcada hacia la protesta feminista viene de todos estos discursos que tratan de desacreditar el movimiento. (Entrevista a la Colectiva Mujeres de Sal).

En la experiencia de la colectiva Igualdad Sustantiva Yucatán, la criminalización de la protesta feminista tiene dos aristas; por un lado, ante la realización de “pintas” (pintadas) se iniciaron procesos penales con la apertura de carpetas de investigación; sin embargo, cuando se inician procesos electorales por cuestiones políticas cerraron los casos para politizar la elección y obtener más votos. Así lo explican:

El caso de Yucatán en el 2019. Se realizaron pintas en el Parque de la Madre. Renán Barrera Concha, entonces presidente municipal de Mérida, criminalizó las pintas, pero después cuando saca su campaña en el 2021, dice que va a cerrar las carpetas de investigación de las mujeres, que su campaña sí apoyaba el movimiento feminista, que con los derechos de las mujeres… cierra estas carpetas de investigación, como parte de su campaña política, como “bueno, ya cambié de parecer”, pero sabemos que tiene un trasfondo político. Y bueno, así pues, diferentes personas han utilizado el feminismo para la promoción de sí mismos. (Entrevista a colectiva Igualdad Sustantiva Yucatán).

A raíz de la iconoclasia y en el contexto de la protesta feminista que tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, en noviembre de 2020, donde un grupo de 50 policías disolvió a tiros la manifestación a raíz del feminicidio de Alexis, una de las activistas de la colectiva Siempre Unidas reflexiona sobre desde otra perspectiva sobre la misma temática. Al respecto, señala:

Todo empezó con el tema de las pintas (…) lo de la iconoclasia, como le llamamos nosotras (…) a la gente les parece violento, cosa que no es cierto o sea la iconoclasia dentro de nuestra cultura bueno latina -mexicana sobre todo-, no está vista como forma de protesta pacífica. Ellos lo ven como algo violento, entonces siempre que salimos a las calles o llamamos a marchas nos empiezan a poner “pero que sea pacífica, que no hagan destrozos”, como si en realidad los hiciéramos y en realidad nosotras no hacemos destrozos, en realidad solamente se llegan a hacer algunas pintas y ya, o sea nadie muere, nadie sale herido, nadie nada y la policía o sea de cierta manera, bueno en Quintana Roo pues ves que hubo lo del 9N que nos balearon en una protesta feminista, entonces esto ya es el extremo, pero sí hemos tenido diferentes formas de represión, pero es la forma en la que la gente lo ve y lo estigmatiza como si fuera algo malo. (Entrevista a Colectiva Siempre Unidas).

Por otra parte, una activista de la colectiva Red de movimientos de Guanajuato realiza un especial énfasis sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.  Para Cerva-Cerna (2020:183) “esta estrategia quiere debilitar la imagen de un sujeto social, restarle fuerza política al asociarlo con irracionalidad, subjetividad y, sobre todo, con un estado emocional”, haciendo que la indignación de las mujeres se comprenda como una forma no racional de manifestación de los conflictos, a través de “emociones desbordadas, no controladas”:

Las feministas operamos desde los recursos propios, frente a un Estado que tiene todos los recursos, incluido el uso excesivo de la fuerza, y que no es la fuerza física nada más, es la fuerza de las leyes, es la fuerza de las instituciones, es la fuerza de los procedimientos. Entonces, el movimiento feminista de alguna manera va generando defensas, capacidades y recursos para enfrentar. El asunto es que es muy cansado, es muy agotador, y entonces no sólo peleamos contra el Estado, peleamos además contra toda la sociedad, lo cual es pues muy agotador. Entonces, retos seguramente hay más que no alcanzó a ver. (Entrevista a Colectiva Red de Movimientos de Guanajuato).

Específicamente, una de las formas más frecuentes en la que se expresa la criminalización hacia la protesta feminista es lo comúnmente expresado al “escuchar a quienes criminalizan una acción de protesta, decir que ‘ésas no son formas de protestar’ y por tanto quienes protestan tienen merecido el castigo o la represión.” (Pedroza 2023:53). La colectiva Unidas DCI de Guanajuato lo argumenta así:

Hemos recibido rechazo de la sociedad en general, muchas personas no están nada familiarizadas con el movimiento y entonces lo que lees, en los encabezados de las noticias en Facebook o en algún portal de noticias, o en el periódico, es lo primero que conocen acerca del movimiento feminista. Y si estos encabezados o estas notas son alarmantes pues generan un total rechazo hacia el movimiento, miedo puede ser, enojo o estás expresiones de “pues si quieren igualdad, pero estas no son las formas”. (Entrevista a Colectiva Unidas DCI).

Por otro lado, uno de los cuestionamientos que se realiza al gobierno de izquierda de la Ciudad de México es precisamente la criminalización de la protesta feminista mediante la persecución a activstas a quienes se les incia causas judiciales penales. Una integrante de la colectiva Las del Aquelarre, sostiene lo siguiente:

Yo te aseguro que el 8 de marzo nuevamente van a ver compañeras siendo citadas y esto es como, pues una medida tal vez de amedrentamiento, como diciendo: “oye, te tenemos en la mira, y si algo sucede sabemos en dónde estás”. Creo que esas son prácticas bastante extremas que no se esperarían de un Gobierno de izquierda, eso también se tiene que decir. Y que tendrían que hacer una revisión como de esos mecanismos de prevención ante las cosas que suceden, porque final del día el movimiento feminista ha aportado mucho también al avance de la sociedad. (Entrevista a colectiva Las del Aquelarre).

El punto fue que ese día fue cuando nos dimos cuenta cómo iba a actuar el Gobierno. Que ahora, pues comanda Claudia Sheinbaum, paradójicamente es el más violento contra el movimiento y este es comandado por una mujer (…) terminamos sentadas en medio de 1500 elementos de la policía. Cantando este Canción sin miedo y nadie lo pasó en los medios de comunicación, lo único que dijeron era que éramos unas revoltosas. (Extracto del conversatorio en Twitter Space ¿Abrazos y no balazos?).

Los medios de comunicación juegan un papel destacado en la criminalización de la protesta feminista. En los procesos donde se judicializa la acción colectiva mediante procesos penales, las declaraciones estigmatizantes emitidas por funcionarios públicos y medios de comunicación son material esencial para dar paso a este procedimiento judicial (Pedroza 2023); el propósito de fondo es desincentivar la protesta social, la conservación del control social y el beneficio de intereses de grupos dominantes (Andrade-López 2023). Una activista del colectivo Las del Aquelarre, de la Ciudad de México, lo expresa así:

(…) los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en esta narrativa, hemos visto que son los primeros que empiezan a poner en pugna, entre el movimiento y Gobierno. Nuevamente hago referencia y a partir del Gobierno en Ciudad de México, yo recuerdo que hicimos un monitoreo de medios y lo que se veía es que entrevistaban a los diferentes titulares de las diferentes secretarías, y las preguntas que habían eran: “¿van a permitir el destrozo de las feministas?”, “¿qué van a hacer?”, “¿van a dejar que las feministas hagan eso?”, “¿va a haber algún tipo de represalia?”. Colocaban ahí las preguntas, entonces eso orillaba a que se contrapunteara, antes de la marcha ya había declaraciones con relación a una marcha que todavía no sucedía, y a destrozos que todavía no existían. Y como consecuencia también en las marchas había una reacción, ante esta narrativa pues que ya era de confrontación. (Entrevista a la Colectiva Las del Aquelarre).

 Por otro lado, los medios de comunicación refuerzan los estereotipos de género impuestos hacia las mujeres acerca de que deben mantenerse silenciosas, sin generar ruido o escándalo como parte de sus repertorios de acción colectiva como una forma de “socialización sexista” (Cerva-Cerna 2020:192). Según Amnistía Internacional (2021), existen otras formas de estereotipos de género de la protesta feminista. Por ejemplo, suele sostenerse que el espacio propio de las mujeres es su casa u otros lugares privados, pero no el espacio público, sea que se desplacen en él solas o con otras mujeres, ya que esa es la manera de buscarse atropellos y violaciones a sus derechos humanos y ese es el comportamiento que lo provoca. En este sentido, una activista de la colectiva Brujas del Mar de Veracruz sostiene:

Los hombres y mujeres estamos socializados bajo el patriarcado, entonces dentro de esa misma socialización y la imposición de género según el sexo en donde las mujeres se espera que no andemos haciendo desmadres, que no andemos gritando, que no andemos exigiendo, sino que seamos buenas mujeres, calladitas, sumisas, eso es lo que más les choca, esa reacción de retén a las mujeres protestantes es justamente porque están rompiendo ese estereotipo de la mujer buena sin que les importe y realmente yo creo que también impresiona bastante que quienes tienen los pantalones puestos en este momento tan crítico en el país, hemos sido las mujeres. (Entrevista a la Colectiva Brujas del Mar).

En otros casos, como en la colectiva Frente Feminista Tamaulipeco, la respuesta del Estado ha sido más enérgica y violenta. Se diluyen las fronteras entre la persecución social y la de la autoridad, y se expande a las redes sociodigitales. Allí se da el fenómeno del doxeo, que consiste en el acto de revelar intencional y públicamente información personal de un individuo como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono, datos financieros y otra información personal. Esta información se divulga al público sin el permiso de la víctima por las mismas redes sociodigitales. Una activista de la colectiva Frente Feminista Tamaulipeco de Tamaulipas relata que:

En 2020 (…) en Reynosa y en Tampico, a las compañeras que están allá, sí hubo una persecución muy fuerte, pero más que de las autoridades, fue una en Tampico específico, fue una persecución de la misma sociedad. Sí, tuvimos casos muy importantes de doxeo. Esta gente de alguna manera averiguó direcciones, domicilios y quiénes eran las compañeras que habían estado en las manifestaciones y las subieron a grupos en Facebook y grupos y de sitios de bloggers ahí locales, en donde se comparte esa información, entonces hubo muchísimos mensajes de odio hacia las compañeras, hasta amenazas incluso de muerte, o sea, de que cómo se les había ocurrido a rayar el Palacio Municipal. (Entrevista a la Colectiva Frente Feminista Tamaulipeco).

Acerca del doxeo, una activista de la colectiva Mujeres de Sal de Oaxaca explica que:

El Gobierno ha sido muy sigiloso en criminalizar a las feministas. Antes escuchábamos que justamente a las que llegaban a detener, era en el momento de la protesta, pero hoy día sabemos que no es así. Actualmente, sabemos que hay diferentes métodos que utilizan las autoridades para dar con las direcciones y correcciones de las direcciones como tal, o de los nombres de las feministas, de algunas compañeras, y que esto sirve para abrir las carpetas. Hemos encontrado unos modus operandi, son bastante alarmantes, el cómo el Gobierno con tanta facilidad puede acceder a la información de cualquiera de nosotras. También es muy alarmante el cómo algunas carpetas se basan en lo que dijo un perfil de Facebook que es falso y que actualmente ya no esté vigente. El que ellos puedan crear estas cuentas, en el que la policía se puede infiltrar en espacios feministas, y que ellos, únicamente con un post, imprimirlo, dar de baja ese Facebook, y con eso basar una carpeta de investigación, es demasiada exageración y pone muchísimo riesgo, vulnera muchísimo más a las mujeres que llegan a dar su cara dentro de la protesta. (Entrevista a la colectiva Mujeres de Sal).

Según Pedraza (2023:57): “la judicialización se lleva a cabo a través de denuncias infundadas o sustentadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, en la medida en que usan formulaciones genéricas y ambiguas”, una activista del conversatorio: ¿Abrazos no balazos? en Twitter Space, reflexiona: “Detrás de nuestro pañuelo verde, detrás de nuestro glitter no van a encontrar a ningún criminal, a ninguna asesina, no van a encontrar absolutamente a nadie. A ningún criminal de los que realmente tendrían que buscar”.

Conclusiones

A partir del presente estudio pudimos dar cuenta de las dinámicas de criminalización y estigmatización de la protesta feminista en México. Este trabajo encontró que existen diversos modos de criminalización actual de la protesta feminista, que se centran no sólo en las movilizaciones callejeras y su represión y judicialización, tal como sucede en Tamaulipas, Quintana Roo y Ciudad de México. También se valen de las redes sociodigitales para producir doxeo o doxing, práctica que consiste en la publicación de información personal de una persona en Internet sin su consentimiento. Esto puede implicar, en primer lugar, el descubrimiento de la identidad real detrás de un nombre de usuario anónimo y exponerla en Internet; sin embargo, no se puede determinar específicamente al actor o agente que lo realiza dada la naturaleza de Internet, donde se puede anonimizar al perpetuador. Según sospechan algunas activistas, el doxeo podría ser realizado por la misma autoridad. 

En segundo lugar, otro tipo de tácticas recurrentes que criminaliza la protesta feminista en voz de las colectivas da cuenta del incremento de la misoginia en las redes sociodigitales contra el activismo digital feminista por parte de usuarios; asimismo, al igual que el doxeo anteriormente explicado, este fenómeno conlleva por lo general la creación anónima de perfiles o cuentas falsas por las cuales también se extiende el ataque; por lo que ubicar a los actores que lo realizan es complicado.

En tercer lugar, las colectivas feministas expresaron que la criminalización de la protesta feminista se ha extendido más allá del evento en sí mismo de la manifestación. Esto se traduce en la judicialización de la protesta por parte del Estado, como la creación de carpetas de investigación y procesos penales, donde se les denuncia para el efecto de intimidarlas y desincentivar la protesta feminista, ya que los procesos judiciales implican un gasto económico considerable, como un desgaste emocional y esto se traduce en uso excesivo de la fuerza del Estado, no solamente físico sino simbólico.

En cuarto lugar, un aspecto relevante de este estudio a partir de los datos empíricos es el reconocimiento de las colectivas feministas de una exacerbada reproducción de estereotipos machistas por parte de la actual administración federal que deriva  de un gobierno de izquierda, tanto como del presidente Andrés Manuel López Obrador y por parte del gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo; como anteriormente se ha mencionado, se ha empleado el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en las protestas feministas.

Uno de los retos a futuro sobre la investigación de las dinámicas de la criminalización y estigmatización de las colectivas feministas en México, gira con relación a profundizar de qué manera ocurre la criminalización de la protesta feminista en México en el espacio digital y cómo interactúan los diversos actores, -Estado, medios de comunicación y redes sociodigitales- que intervienen en la criminalización. En la literatura académica revisada para el presente estudio encontramos escasa investigación sobre los mecanismos de represión simbólica que establece conjuntamente el Estado, los medios de comunicación, las redes sociodigitales y la sociedad. Los cuatro actores se retroalimentan entre sí para generar un efecto negativo en la ciudadanía, tanto al descalificar el contenido de sus demandas como al exaltarlas de modo grotesco, por la alteración del orden público y daños a la propiedad privada.

Agradecimientos

Agradecemos al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por su apoyo, y a la Estancia Posdoctoral por México 2021-2022, especialmente al Ing. Ignacio Moreno Vázquez Subdirector de Movilidad de CONAHCyT y al Mtro. Juan Oswaldo Robledo López, Jefe del Departamento de Gestión de la Investigación de la Universidad de Guanajuato, que se realizó en la Maestría de Análisis Político del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.

 

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