Envejecides. Análisis de representaciones en el debate del proyecto de Ley de Reparación Histórica para personas mayores trans y travestis en Argentina

Tatiana Marisel Pizarro*

Resumen

Este artículo tiene como objetivo principal identificar las representaciones sociodiscursivas que emergieron en el contexto del debate legislativo sobre el proyecto de ley de reparación histórica para personas mayores travestis y trans en Argentina. Se analiza cómo estas representaciones funcionan como herramientas de reconocimiento en relación con la creación de una pensión reparatoria, de la cual pudieron ser beneficiarios/as.

A once años de la aprobación de la Ley 26.743, que garantiza el derecho a la identidad de género en Argentina, diversos grupos activistas travestis y trans demandaron una Ley de Reparación Histórica como un mecanismo de indemnización que buscaba reparar el daño infligido por la violencia institucional que ha afectado a este colectivo, así como la vulneración de los derechos humanos.

El estudio de las representaciones sociodiscursivas presentes en el debate de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados es crucial para identificar y analizar las herramientas contra la discriminación, los procesos de empobrecimiento de las personas travestis y trans, y el reconocimiento de sus derechos. Este análisis se centra en los discursos legislativos del 24 de mayo de 2023 y sus continuaciones en junio de 2023, buscando profundizar en la evolución de las resignificaciones del reconocimiento de derechos para este colectivo, así como la posibilidad de obtener una pensión reparatoria de carácter vitalicio.

 

Palabras clave: Derechos LGTBIQ, Representaciones sociodiscursivas, Identidades, Colectivo Travesti-Trans, Política pública.

Elders. An analysis of representations in the debate of the historical reparations bill for elderly trans and travestis people in Argentina.

Abstract

This article aims to identify the socio-discursive representations that emerged within the context of the legislative debate concerning the historical reparation bill for elderly travestis and trans individuals in Argentina. It analyzes how these representations function as tools of recognition in relation to the establishment of a reparatory pension, from which they could potentially benefit.

Eleven years after the approval of Law 26.743, which guarantees the right to gender identity in Argentina, various activist groups representing travestis and trans individuals have advocated for a Historical Reparation Law. This proposed law is intended as a mechanism for compensation meant to address the harm inflicted by institutional violence that has affected this community, as well as the violations of human rights.

The study of the socio-discursive representations present in the debate surrounding this bill in the Chamber of Deputies is crucial for identifying and analyzing tools against discrimination, the processes of impoverishment suffered by travestis and trans individuals, and the acknowledgment of their rights. This analysis focuses on the legislative discourses from May 24, 2023, and their continuations in June 2023, aiming to deepen the understanding of the evolving redefinitions of judicial recognition for this group, as well as the potential to attain a lifelong reparatory pension.

 

Keywords: LGTBIQ Rights, Socio-discursive Representations, Identities, Travesti-Trans Collective, Public Policy.

 

Cuerpos subversivos en los márgenes de la historia.  Acerca de la violencia estructural del Estado hacia las personas trans

En el sur global, y específicamente en América Latina, las experiencias, demandas, e intereses de la población travesti, trans se han articulado en la esfera pública por medio de diversas estrategias en los últimos treinta años, desde la negociación de figuras del sufrimiento y la desprotección, pasando por artilugios de celebración y escándalo, y finalmente llegando a la politización de la vida callejera, el trabajo sexual, y la afirmación de las disidencias sexo-genéricas. 

A lo largo de las últimas décadas, las representaciones del Estado argentino hacia las personas trans han evolucionado. En la década de 1980, durante el proceso de democratización post-dictatorial, las personas trans eran, en gran medida, invisibilizadas y criminalizadas. La identidad trans era frecuentemente asociada con la marginación social, la prostitución y el delito, reflejando una perspectiva patriarcal y conservadora.

Con el avance del activismo LGBTQ+ en las décadas de 1990 y 2000, estas representaciones comenzaron a cambiar, aunque de manera gradual. A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, Argentina se convirtió en un referente en la región, permitiendo que las personas trans pudieran acceder al reconocimiento legal de su identidad de género, así como a la salud y la educación, entre otros derechos. Esta legislación marcó un punto de inflexión, ya que se sustentó en el reconocimiento de la diversidad de identidades de género y en el derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas ha sido desigual y ha dependido de diversos factores, como el contexto socioeconómico y la voluntad política de las autoridades en diferentes niveles de gobierno. A pesar del reconocimiento legal, las representaciones sociales de las personas trans a menudo siguen estando plagadas de estigmas y prejuicios.

En 2012, se sancionó la Ley de Identidad de Género y el INDEC junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, desarrollaron la Primera Encuesta sobre Población Trans, que incluyó no sólo a travestis, transexuales y mujeres trans, sino también a hombres trans (INDEC, 2012; Rueda y Serbia, 2014).

Cabe mencionar que la posibilidad de acudir al sistema judicial para denunciar violaciones a sus derechos encuentra las mismas barreras que en otros ámbitos (discriminación, prejuicios transfóbicos, violencia institucional).  Esto es clave, teniendo en cuenta que muchas personas trans no saben cuáles son sus derechos y/o cómo defenderlos. Ya con la Ley de Identidad de Género, el Estado y distintas organizaciones del colectivo LGTBIQ+ desarrollaron material educativo y de capacitación relacionados específicamente a este tema (Maffia, 2008; Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2015).

Activistas trans buscaron, bajo el lema “Reconocer es reparar”, la visibilización por parte del Estado de la violencia institucional que sufrieron las personas del colectivo trans y travesti; especialmente, aquellos/as/es que fueron detenidos/as/es ilegalmente mediante edictos policiales vigentes hasta 1995. En 2006, Diana Conti -exdiputada por el Frente para la Victoria- junto a diputados y diputadas del Frente de Izquierda presentó en un primer proyecto de ley la necesidad de una pensión graciable a personas víctimas de la violencia institucional por identidad de género, una demanda de distintas agrupaciones LGTBIQ+, con Lohana Berkins y Marlene Wayar como propulsoras de la iniciativa.

Con el paso de los años, los proyectos de ley que buscaban esta reparación histórica se caían. De hecho, durante 2023 se presentaron tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación; si bien todos corresponden a diputadas pertenecientes al Frente de Todos, cada una de ellas lo hizo de manera separada: uno fue presentado por Mara Brawer, otro por Mónica Macha y otro por Gabriela Estevez.  El objetivo era lograr que la reparación histórica para personas mayores travestis y trans fuese ley en 2023, acto que no sucedió.

Con la Pensión reparatoria para personas mayores travestis y trans se pretendía reconocer la vulneración de derechos humanos que sufrió este colectivo y, a través de esta medida, garantizar una vejez digna, al integrar a estas personas al sistema de seguridad social y así poderles garantizar la percepción de una pensión similar a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). Un dato relevante para mencionar es que se pretendía que la reparación histórica estuviese vigente desde su sanción hasta un periodo de diez años, con posibilidad de prórroga en caso de que el Poder Ejecutivo lo considerara necesario.  En Santa Fe -provincia del Noroeste de Argentina- hubo dos antecedentes de esta iniciativa. El primero fue en 2018, cuando once mujeres trans de Rosario y ocho de la Ciudad de Santa Fe accedieron a la pensión que se les otorga a víctimas de la dictadura, mediante la Ley Provincial 13.298; ésta determina el pago de una pensión a todas aquellas personas que garanticen haber sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En esta provincia, a partir de la sanción de esa ley, se les otorgó una pensión a todos/as aquellos/as que fueron presos/as durante la última dictadura cívico-militar. Pero, hasta 2018, no había sido incluido el colectivo travesti-trans. Esto, a pesar de que la identidad de género fue un factor político castigado y reprimido, ya que el colectivo LGTBIQ+ iba en contra de lo que el gobierno de facto defendía con su ideal de sociedad cimentado sobre el trinomio Dios, Patria y Familia.

El segundo antecedente se remite al 24 de noviembre de 2023, cuando se sancionó la ley 14.220 -la autora del proyecto fue la diputada provincial Matilde Bruera-, mediante la que se reconocía la violencia institucional que sufrieron las mujeres trans y travestis por parte de las fuerzas de seguridad. Lo característico de esta medida fue el lapso que pretendía abarcar: el periodo correspondiente al 10 de diciembre de 1983 -restauración de la democracia en Argentina- al 10 de junio de 2010 -momento en el que se derogaron los códigos convencionales que penalizaban a la prostitución y al travestismo-. 

Con esta medida se estableció el otorgamiento de un haber mensual no contributivo -vitalicio- a personas trans-travestis que acreditasen haber sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género; además, un punto clave es que se estableció la imprescriptibilidad del derecho a ser beneficiario/a/e. Las personas que deseasen acceder a esta pensión debían acreditar un registro de detenciones mediante un documento expedido por la autoridad judicial correspondiente, los datos prontuariales presentes en la Policía de la provincia de Santa Fe, documentos que se encuentren en el Archivo General del Servicio Penitenciario, artículos periodísticos certificados en los que se especifiquen las privaciones de libertad, al igual que aquellos documentos que se encuentren en el Archivo Provincial de la Memoria. También se solicitaron informes sobre el tratamiento psicofísico realizado que certifique lo padecido y se debía acreditar que el domicilio del damnificado/a/e durante las detenciones fue la provincia de Santa Fe. Un aspecto clave es que todo el material presentado -con el resguardo de las identidades de las víctimas- fue agregado al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe.

Reconocer es reparar. Aspectos contextuales, teóricos y metodológicos

En este artículo se presenta el análisis de los discursos legislativos acontecidos el 24 de mayo de 2023 -que continuó a mediados de junio de 2023-, en el que se pretende ahondar en la evolución de las resignificaciones del reconocimiento de los derechos de este colectivo con la posibilidad del otorgamiento en carácter vitalicio de una pensión reparatoria. Se utilizó el ACD para examinar las representaciones sociodiscursivas que emergieron del debate legislativo en la Cámara de Diputados de Argentina, específicamente en las sesiones mencionadas. El objetivo ha sido identificar cómo estas representaciones actuaron como herramientas de reconocimiento y cómo se articularon con la discriminación, el empobrecimiento y la reivindicación de derechos de las personas trans y travestis. Esta elección responde a la necesidad de desentrañar las relaciones entre lenguaje, poder y sociedad, con especial énfasis en cómo los discursos reflejan, perpetúan o desafían las estructuras de poder, discriminación y exclusión.

El análisis del debate legislativo sobre el proyecto de Ley de Reparación Histórica para personas mayores trans y travestis en Argentina utilizó un Análisis Crítico del Discurso (ACD) como marco metodológico principal.

El interés de observar estos discursos, tal como lo plantea Stephen Whittle (2006), es el de lograr una articulación de voces y saberes trans. Los que permitirán crear las condiciones, en los últimos treinta años, para reconocer y luchar contra la injusticia de la transfobia, y asumirse como trans públicamente para representar de forma fidedigna a las víctimas y sobrevivientes de la transfobia; estar a cargo de lo que cada persona trans hace con su propio cuerpo al desfamiliarizarse de la subjetividad normativa por medio del rechazo de la adscripción de género y así reclamar el transexualismo del yo.

En base a lo expuesto en el apartado anterior, es preciso traer a colación que quienes deconstruyen la categoría transgénero resisten la tendencia de que ésta se aplique como una categoría de género diferente al binomio mujer-hombre (Stryker, Currah y Moore, 2008). En este sentido, es importante mencionar que son escasas las investigaciones sobre los discursos que se aboquen a las identidades transgénero desde el Análisis Crítico del Discurso (Martínez Guzmán e Íñiguez Rueda, 2010); por lo general, éstas están relacionadas a análisis de contenido. A través de este trabajo, no se pretende realizar un análisis lingüístico, sino que siguiendo la línea del Análisis Crítico del Discurso se observa cómo en los dichos, lenguajes y decires se manifiesta la relación entre la discriminación, la exclusión social y la construcción de las identidades sexo-género divergentes. En este sentido, es preciso añadir que se eligió este abordaje porque se busca lograr una comprensión más acabada de cómo las prácticas discursivas nos constituyen y atraviesan. Por esto, la relevancia del género se puede observar en (durante) la construcción social y colectiva de identidades, entre las que podemos ver las dominantes y, su antítesis, las excluidas, las dominadas o subyugadas (Berkins, 2013).

En este sentido, se destaca que los estudios transgénero demuestran que el soma -el cuerpo como una construcción culturalmente inteligible-, y el tecne -las técnicas a través de las cuales los cuerpos se transforman y posicionan se hayan interpenetrados de forma inextricable-. Esto es clave por las décadas en las que se patologizaron y criminalizaron a las identidades trans, recorriendo transversalmente toda una cadena de exclusiones.

Según un estudio realizado por Berkins y Fernandez (2005), el 91% de las travestis encuestadas declaró que sufrió algún tipo de violencia y el 86% sufrió abusos policiales; los principales lugares de agresión fueron comisarías, calles, escuelas y hospitales. El 35% de las personas que participaron del estudio, expuso que abandonó la escuela por la discriminación de la que eran víctimas, el 20% especificó que no realizaba tareas remunerativas, mientras que el 80% trabaja informalmente. Un punto clave a resaltar es que el 83% de las mujeres trans y el 40% de los hombres trans del corpus que componen el estudio de Berkins y Fernández (2005) identifican a la Policía como la institución que genera más violencia y hechos de discriminación. A los fines de este artículo, nos centraremos en el cúmulo de excusiones estatales y sociales por el que atraviesan las personas transgénero.

Este dato puede ser considerado como un ejemplo de violencia estructural que recae sobre este segmento de la sociedad argentina. Estamos hablando de “un conjunto de prácticas reiteradas, sedimentadas en el tiempo y las instituciones, que sufrimos debido a nuestras identidades de género” (Berkins, 2015, p.123). En 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, se produjeron algunos cambios positivos en cuanto al acceso a la salud, la educación, el trabajo e, incluso, al derecho a votar con un Documento Nacional de Identidad que refleje/manifieste debidamente el nombre, sexo e imagen de la persona. Este acto es clave, ya que se puede acceder a cualquier gestión de la vida cotidiana (registros, trámite de cualquier índole, entrevistas laborales, consultas médicas, etcétera). A pesar de que, a partir de 2012, se sancionaron diversas leyes que tenían como propósito mejorar la realidad de las personas del colectivo, la realidad dista de haber cambiado trascendentalmente. Hoy, sin poner en consideración la edad, etnia, condición de migrante, clase, y sólo visibilizando la identidad de género, las personas trans son uno de los sectores más transgredidos.

Uno de los ejemplos más resonantes de una “tregua” de la violencia estructural que venían sufriendo las personas trans, es el que sufrió Diana Sacayán, una representante travesti reconocida internacionalmente, quien fue asesinada en su hogar violentamente. Los dos sospechosos de su asesinato fueron procesados como coautores del “homicidio de una mujer mediando violencia de género-feminicidio”. Ésta fue la primera vez que se empleó esa figura legal para identificar el asesinato de una mujer trans. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal (2016) especifico con una resolución judicial que se “reconoce expresamente que la violencia contra personas LGBTIQ+ es un fenómeno estructural vinculado a la existencia de patrones culturales de discriminación, subordinación y marginación por razones de género” (p. 5). El hecho que el homicidio de Diana Sacayán haya sido caratulado como feminicidio simboliza, paradójicamente, el resultado de las luchas militantes de este colectivo trans. Es clave mencionar el hecho irrefutable que la expectativa de vida promedio de estos/as/es ciudadanos/as/es es de 35 años; es decir, menos de la mitad de la de cualquier argentino/a cisgénero (Berkins, 2015).

Si se realiza una breve genealogía de la lucha por la adquisición de los derechos de las personas trans, indefectiblemente se debe mencionar -y subrayar- a Maricas Unidas Argentinas, una agrupación que tenía como propósito ayudar económicamente a las “maricas” que se encontraban en la Cárcel de Devoto (Malva, 2010). Asimismo, se debe hacer referencia a Brigitte Gambini, la primera mujer trans registrada como exiliada por “razones de persecución sexual” en 1982 (Rapisardi y Modarelli, 2001).

Cabe mencionar que, aunque no existan registros y/o relatos activistas sobre este sector antes de la década del ’90, eso no es señal de que antes de este momento no hayan existido personas trans que se movilizaron políticamente -ya sea individual o colectivamente-. En este sentido, se puede inferir que, en Argentina, a principios del siglo XX, las condiciones de criminalización de las travestis les imposibilitaron la organización y creación de sus propios canales de difusión de información sobre la realidad que vivían en ese momento, algo que sí hicieron algunos grupos militantes de otros países (Fernández, 2004). Ante lo dicho, se puede observar que toda aproximación histórica a la constitución de los/as/es sujetos/as/es políticos/as/es trans en Argentina, debe hacerse en términos de lo no dicho, lo no narrado. Esto como resultado de las operaciones de invisibilización de las personas trans por las distintas instituciones sociales y estatales (Rueda, 2013). Es esta la violencia institucional sobre la que el colectivo de personas trans reclama la reparación histórica. De hecho, en el país ya hay un antecedente de haber reconocido esta violencia y un intento para “reparar” y reconocer el daño realizado.

La necesidad de realizar este análisis está relacionada con visibilizar los discursos de una población silenciada. Muchos de los grandes relatos de la modernidad no sólo establecieron modelos socioculturales de aceptabilidad, como el ciudadano varón, heterosexual, cisgénero, esposo, patrón, autónomo, blanco-burgués, sino que también promovieron formas específicas de concebir e idealizar las diferencias socioculturales y materiales. Resulta curioso que, en contextos de pretendida y aparente libertad de expresión, en los que se consolidaron conceptos esenciales relacionados con la igualdad de las personas, así como sus derechos y prerrogativas para participar en la vida social y en la esfera democrática, hay valiosos relatos que operan de manera subyacente.

Cuerpos subversivos. Descripción del corpus del estudio

El ejercicio de la identidad autopercibida es una acción política. El reconocimiento de todos los crímenes y castigos ejercidos por odio contra las personas que se identifican con subjetividades sexo-genéricas disidentes resultan ser una brecha más entre los avances formales y la sustancia de los procesos de ciudadanización. Cuando se habla de género también se debe hacer alusión a las dinámicas que las relaciones sociales dominantes le imponen a las personas y que se les asignan como propias.

 A los fines de este paper, se resalta que la organización jerárquica del ámbito sexual hace referencia al orden patriarcal a nivel institucional, interpersonal e, incluso, subjetiva. En este caso, se pretende resaltar dos operatorias sociales que se pueden identificar en la sociabilidad; por un lado, la identificación de personas como pertenecientes a una jerarquía de privilegios y desventajas (el ser mujer o varón -o autopercibirse como uno u otra-). Por el otro, observar cómo la perpetuación sociocultural de desigualdades materiales entre individuos privilegiados y desfavorecidos (la persistencia de roles, obligaciones y expectativas que configuran la vida diaria y organizacional de hombres y mujeres) es inherente a la estructura social. El sistema patriarcal, dada su naturaleza social, está intrínsecamente ligado a otras formas de dominación y explotación que modelan la estructura social. En este sentido, la posición social de las mujeres trans, en toda su complejidad y diversidad, se ve afectada y entrelazada por otras dinámicas de poder y estratificación, como la etnicidad, la raza, la clase social, las prácticas sexuales, la nacionalidad, el estatus legal y la capacidad.

   El corpus está compuesto por los discursos legislativos emitidos en las sesiones del 24 de mayo y junio de 2023, donde se discutió el proyecto de Ley de Reparación Histórica. Se seleccionaron estos discursos por su relevancia para identificar las representaciones de las personas trans y travestis en el ámbito legislativo y su articulación con los derechos humanos.

   Se procedió a un análisis en el que se identifican las principales temáticas recurrentes en los discursos: la reparación histórica, la violencia estructural, el reconocimiento de los derechos de las personas trans y la necesidad de políticas inclusivas. Este análisis permitió establecer patrones discursivos que revelan las dinámicas de inclusión/exclusión social y las demandas de justicia por parte del colectivo travesti-trans.

Siguiendo una perspectiva feminista y de epistemologías de la despatriarcalización, se analiza cómo las narrativas hegemónicas refuerzan o desafían la dicotomía hombre-mujer, y cómo las identidades trans son posicionadas dentro de este marco opresivo. En este sentido, se empleó el ACD para identificar las representaciones discursivas que emergen en los debates legislativos en torno a las personas trans y travestis. Las representaciones sociodiscursivas se entienden como las maneras en que se construye y legitima la realidad social a través del lenguaje. En este caso, se analizan las formas en que los discursos legislativos representaron a las personas trans como víctimas de violencia institucional, exclusión social y pobreza estructural.

En cuanto al corpus analizado, incluye los discursos de figuras clave como Alba Rueda (representante de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género), Agustina Ponce (Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad), y la activista Marlene Wayar (directora de la Asociación Civil Futuro Trans). Estos discursos fueron examinados en relación con sus implicancias sobre la identidad de género, la discriminación estructural y las demandas de reparación.

Debido a las características del corpus, se optó por hacer el Análisis Crítico del Discurso con una mirada desde las epistemologías de la despatriarcalización. Este marco, que se vincula directamente con los feminismos decoloniales y las críticas al patriarcado, se centra en cuestionar las estructuras de poder que sostienen el sistema patriarcal y colonial que oprime, invisibiliza y excluye a sujetos no normativos, como las personas trans y travestis. Cabe mencionar que las epistemologías de la despatriarcalización son un enfoque crítico que surge desde los feminismos latinoamericanos, especialmente los de corriente indígenas y decoloniales, que buscan desafiar la hegemonía patriarcal no sólo desde una perspectiva de género, sino también desde la intersección de colonialismo, raza, clase y género (Lugones, 2005, 2008).

En el marco del análisis legislativo y el debate sobre los derechos de las personas trans y travestis, este enfoque permite desentrañar cómo las identidades sexo-genéricas divergentes han sido históricamente subordinadas por el binarismo de género y la norma cisgénero que refuerza el patriarcado y la colonialidad. Se optó por hacer el ACD desde una mirada de las epistemologías despatriarcalizantes, ya que se consideró a este enfoque acorde en el análisis del debate sobre la Ley de Reparación Histórica, ya que permite comprender cómo las identidades trans y travestis han sido excluidas, no sólo en términos sociales y políticos, sino también epistemológicamente. Estas identidades se sitúan fuera del binario hegemónico, lo que las convierte en cuerpos subversivos que desafían la lógica patriarcal.   Desde esta perspectiva, el cuerpo se concibe no sólo como un objeto de control patriarcal, sino también como un espacio de resistencia y agencia. En el caso de las personas trans y travestis, sus cuerpos han sido históricamente criminalizados y patologizados. Las epistemologías de la despatriarcalización permitieron analizar cómo, a través de la autodeterminación del cuerpo y la identidad, estas personas desafían la normatividad impuesta por el patriarcado y el Estado.

En el análisis del debate legislativo, las epistemologías de la despatriarcalización permiten comprender que la discriminación hacia las personas trans y travestis no es únicamente por su identidad de género, sino que está atravesada por otras dimensiones como la pobreza, la exclusión racial y el acceso desigual a derechos. Esto es fundamental para entender cómo las demandas de reparación histórica no sólo buscan una compensación económica, sino también el reconocimiento integral de estas múltiples formas de opresión.

A hierro y fuego aprendió a jugar. Representaciones de la identidad de género

Análisis

Discurso 1. Acerca del perdón. Agustina Ponce (Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad).

Implicatura A: “Celebro esta sesión informativa tan esperada para que Argentina reconozca finalmente a través del Congreso de la Nación años de persecución a través de edictos policiales a la comunidad travesti trans. Agregaría el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras trans puedan acceder a este beneficio y les permita llenar la olla”.

Implicatura B: “Cuando hablamos de persecución no estamos hablando en abstracto había decretos leyes que criminalizaban ser travestis. Era un delito contra la fe pública ser travesti, transexual o transgénero”

Las representaciones sociodiscursivas del discurso de Agustina Ponce abordan dos aspectos fundamentales en relación con la comunidad travesti-trans en Argentina: el reconocimiento de la persecución histórica y la necesidad de un acto formal de perdón por parte del Estado. Aquí, se pueden identificar diversas implicaturas que profundizan en la complejidad de la situación de esta comunidad.

Implicatura A: Reconocimiento y Reparación

En esta parte, Ponce hace un llamado emotivo a la memoria y la justicia, destacando la importancia de que el Congreso de la Nación reconozca legislativamente los años de sufrimiento y marginación que ha enfrentado la comunidad travesti-trans. Al mencionar la persecución a través de edictos policiales, se señala un sistema institucional que no sólo ha ignorado a estas personas, sino que también ha participado activamente en su criminalización.

La inclusión de la solicitud de un "pedido de perdón" sugiere un deseo de restauración de la dignidad y el reconocimiento de las injusticias sufridas. Este acto simbólico de perdón no sólo busca sanar las heridas del pasado, sino que también puede abrir la puerta a reparaciones más concretas, como una “contribución económica” que facilite el acceso a recursos básicos, como la alimentación, representada en la metáfora de “llenar la olla”.

Esto implica que, además de un reconocimiento simbólico, hay una necesidad urgente de políticas públicas que aborden las condiciones materiales de vida de la población travesti-trans, muchas de las cuales enfrentan exclusión y pobreza sistemática.

Se menciona a una Argentina que reconoce a través del Congreso de la Nación a la identidad de género. Aparecen nexos de valor que delimitan a la idea de identidad a partir del “ver”. Surge la necesidad del pedido de perdón como un acto explícitamente político, el visibilizar y reconocer.

En este caso, la identidad de género tiene un grado diacrónico, hay una manifestación de deseo de reconocimiento, esta vez no de su identidad, sino del sufrimiento vivido. En este caso, la manifestación tiene que ver con el “poner a la vista” todo aquello que fue oculto. Se habla de “llenar la olla” y de un “pedido de perdón a la comunidad” como una abstracción personalizada. Como interlocutores se puede inferir las necesidades de las que se habla y también quién debe pedir perdón.

Las conexiones que hoy se trazan con los derechos de identidad, como así también con los derechos sexuales y reproductivos, permiten analizar/explorar un enfoque crítico del pensamiento feminista desde las fronteras de las corporalidades.  Es evidente, y complejo como toda circunstancia sociohistórica, que este colectivo lucha por obtener condiciones de vida dignas y económicamente autónomas.

En esta situación, la identidad de género se manifiesta de manera temporal, revelando un anhelo de ser reconocido no solo en términos de identidad, sino también en relación con el sufrimiento experimentado. En este contexto, la expresión busca visibilizar aquello que estuvo previamente oculto, haciendo referencia a la metáfora de "llenar la olla" y al acto de solicitar perdón a la comunidad de manera personalizada. Se plantea la posibilidad de identificar las demandas implícitas en este diálogo y determinar quién tiene la responsabilidad de realizar dicho acto de disculpa.

Implicatura B: Contextualización de la Persecución

En este segmento de su discurso, Ponce contextualiza la persecución histórica de la comunidad travesti-trans, enfatizando que no se trata de una noción abstracta, sino de políticas concretas y leyes que han criminalizado su existencia. Al mencionar que ser travesti era considerado un delito "contra la fe pública", se pone de manifiesto cómo las estructuras legales y sociales han validado y perpetuado la discriminación.

Esto revela una crítica a un marco legal que ha operado en contra de los derechos de las personas travestis-trans, dejando en evidencia la urgencia de revisar y reformar las normas que continúan afectando a estas comunidades. La implicatura sugiere que el cambio no solo requiere una modificación de las representaciones y los discursos, sino también una transformación estructural en las leyes y políticas que rigen la vida de estas personas.

Las interconexiones actuales entre los derechos de identidad, derechos sexuales y reproductivos permiten un análisis crítico desde una perspectiva feminista que considera las diversas corporalidades. Es evidente que este colectivo está luchando por condiciones de vida dignas y autonomía económica en un contexto sociohistórico complejo.

El pedido de perdón de la comunidad se gesta en el ejercicio del derecho a la autodeterminación corporal y reproductiva que invita a desentrañar las complejas interacciones entre la vivencia personal, la biopolítica, las estructuras institucionales y los movimientos políticos. Otro aspecto para tomar en consideración es que, por ejemplo, sitúa ante el dilema que se manifiesta en esta implicatura en la materialidad misma de los cuerpos: mientras algunos individuos desafían las estructuras que los obligan a una reproducción compulsiva (al negárseles a las personas gestantes el acceso al aborto), otros se enfrentan a obstáculos que los/as/es privó de la posibilidad de ser lo que su autopercepción expresaba.

Se observa, entonces, que los ensamblajes que articulan los elementos en nuestras realidades bioculturales—cuerpo, esperma, cigota, vientres—no se presentan de manera inocente, sino que encarnan conflictos viscerales, ideológicos, institucionales y geopolíticos, de ahí la necesidad del perdón. Al diversificar hoy nuestra comprensión de los sujetos del feminismo, recuperamos la capacidad de cuestionar estos procesos de materialización. Esta apertura a la diversidad de los cuerpos requiere conocimientos y aquellas prácticas consideradas “subversivas” que evidencian que no fueron ingenuos estos conflictos -uso de edictos por parte de las fuerzas de seguridad-. La demanda de perdón ante lo que fue considerado como un delito contra la fe pública, permite formular interrogantes sobre las interrelaciones que se dieron -y dan- entre conocimiento/cuerpo, norma/disidencia y teoría/política.

En este sentido, ante lo ofensivo a la fe pública que se consideró a los “cuerpos disidentes” es oportuno mencionar que el sistema patriarcal se estructuró -y estructura- de forma sistemática pero discontinua, en el sentido de que su funcionamiento no se basa en un mandato abstracto y vertical que se impone desde la cúspide de la jerarquía hacia la base social.

Entonces, tal como se presenta en las implicaturas señaladas, la demanda de perdón por lo que se consideró un delito contra la fe pública plantea interrogantes sobre las interacciones entre conocimiento y cuerpo, norma y disidencia, teoría y política. Se destaca que el sistema patriarcal se ha estructurado de manera sistemática pero discontinua, con discursos y prácticas entrelazadas que generan contradicciones. El binarismo de género surge como una combinación contradictoria de discursos y prácticas, lo que explica por qué ciertos cuerpos fueron considerados subversivos al no ajustarse a la norma social establecida.

A través de este discurso, se enfatiza la importancia de no solo hablar de inclusión y diversidad, sino de tomar medidas efectivas que permitan a las personas travestis-trans vivir con dignidad y respeto, asegurando que su historia de lucha y resistencia sea reconocida y valorada en la construcción de una sociedad más justa.

En su exposición, Ponce enfatiza la necesidad de visibilidad para las identidades travestis y trans, planteando que la falta de representación en diferentes ámbitos, como la política, la cultura y los medios de comunicación, contribuye a la perpetuación de estigmas y discriminación. Su discurso subraya que la visibilidad no se trata solo de ser vistas, sino de ser escuchadas y reconocidas en su totalidad. La implicatura es clara: para que una sociedad sea verdaderamente inclusiva, es fundamental que todas las identidades tengan el espacio para existir y ser representadas. Esto no solo permite una mayor aceptación, sino que también empodera a las personas trans a reivindicar sus derechos.

En sus intervenciones, Ponce aborda la violencia estructural que enfrenta la comunidad travesti trans, haciendo hincapié en la violencia institucional que perpetúan las normas y políticas que, en lugar de proteger, discriminan y marginan. Resalta que esta violencia no es solo física, sino también simbólica y psicológica, manifestándose en la falta de acceso a servicios de salud, educación y empleo. Al centrar su discurso en la necesidad de cambios legislativos y políticas públicas inclusivas, invita a la reflexión sobre la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto en la lucha contra estas injusticias. Las implicaturas aquí son significativas: desafiar estas estructuras de poder es una tarea colectiva que requiere un compromiso genuino con los derechos humanos.

Ponce posiciona los derechos de las personas travestis y trans como parte del amplio marco de los derechos humanos, argumentando que su lucha es parte de la lucha por la equidad y la justicia en general. Al articular sus demandas dentro de un contexto más amplio de derechos, busca crear alianzas con otros movimientos sociales, promoviendo la idea de que la lucha por la igualdad de género es interseccional y que todas las voces deben ser incluidas. Esto implica que el bienestar de la comunidad travesti trans no puede ser visto como una cuestión aislada, sino como parte de un entramado más complejo de desigualdades que deben ser abordadas colectivamente.

Agustina Ponce también destaca la importancia del empoderamiento personal y comunitario. A través de sus discursos, alienta a las personas travestis y trans a que se apropien de sus identidades y reivindiquen sus derechos. Este acto de empoderamiento es fundamental para contrarrestar el impacto de la opresión y la negativa social hacia las identidades de género diversas. La implicatura de este empoderamiento no solo es un llamado a la acción individual, sino también a la construcción de una comunidad fuerte y solidaria que pueda enfrentarse a los retos comunes.

En sus mensajes, Ponce también aborda la necesidad de una educación inclusiva y sensibilizadora que abarque temas de género y diversidad desde una edad temprana. Al promover la educación como herramienta de cambio, comparte el potencial transformador que puede tener en la reducción de prejuicios y estigmas hacia las identidades travestis y trans. La implicatura es que, a través de la educación, es posible cultivar una cultura de respeto y aceptación que beneficie no solo a la comunidad trans, sino a toda la sociedad.

En definitiva, los discursos de Agustina Ponce invitan a una reflexión profunda sobre la visibilidad, la violencia, la interseccionalidad y el empoderamiento en la lucha por los derechos de la comunidad travesti trans. Sus mensajes subrayan que el cambio social es posible a través de la visibilización y el reconocimiento de cada identidad, así como de la acción colectiva para desmantelar estructuras de opresión. A través de la defensa de los derechos humanos y la educación, Ponce inspira a otros a participar en la lucha para construir un mundo más justo e inclusivo. En última instancia, su voz resuena como un llamado a la acción y a la solidaridad en la búsqueda de un futuro en el que todas las identidades sean valoradas y respetadas.

Discurso 2. Reparación. Alba Rueda (representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto)  

Implicatura A: “Hablamos de reparación porque hubo una vulneración de los derechos humanos y este es el punto de partida, tiene que ver con un contexto histórico social estructural y estructurante de una desigualdad que es “material simbólico y también tiene que ver con el mismo concepto de restitución de derechos”

Implicatura B. “Que hoy vivamos un convivamos con esta violencia y con la amenaza a los derechos de las personas LGBTIQ+ en el sentido más amplio y puntualmente con un movimiento anti trans y anti genero a nivel global tiene que ver con que hay intereses políticos explícitos para que no podamos ser reconocides en derechos”

El discurso de Alba Rueda aborda la cuestión de la reparación en el contexto de las luchas de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. A continuación, se lleva a cabo un análisis de las implicaturas presentes en su discurso.

Implicatura A: La necesidad de reparación y el contexto histórico

Rueda comienza su intervención subrayando que la conversación en torno a la reparación surge de una “vulneración de los derechos humanos”. Esta afirmación establece un diagnóstico claro: no se trata de situaciones aisladas o accidentales, sino de un patrón sistemático de violaciones que han impactado profundamente a la comunidad LGBTIQ+ en Argentina.

 

El uso de términos como “contexto histórico social estructural y estructurante” sugiere que la desigualdad que enfrenta esta comunidad no es sólo un producto de actitudes individuales o de casos aislados, sino que está entrelazada con estructuras más amplias de opresión y marginación. Esto implica que la reparación no debe ser vista solo como un acto compensatorio, sino como un reconocimiento de que esta desigualdad ha sido alimentada por un entramado que incluye aspectos legales, sociales y culturales.

La referencia al “material simbólico” también resalta que la desigualdad se manifiesta no solo en condiciones económicas, sino también a través de representaciones y discursos que deslegitiman las identidades de género y sexuales. Al mencionar el concepto de “restitución de derechos”, Rueda articula una visión que va más allá de la reparación de daños; se trata de restablecer y garantizar derechos que han sido históricamente negados, lo que apunta a la construcción de un marco de igualdad y respeto.

Se observa que, si bien la identidad de género se construye en sí misma, también se requiere de una representación que es inseparable al reconocimiento de la sociedad. En este sentido, la identidad de género adquiere una relevancia específica, determinada en los procesos sociales que recaen en una enorme desigualdad. Se ve a la construcción de la identidad como agente de la exclusión social del colectivo trans. Se infieren acciones discriminatorias generales hacia las personas trans (se determina como principal agente al Estado -quien debe reconocer y garantizar los derechos-). Ante estas implicaturas, es preciso traer a colación las prácticas sociales en las que se enmarcan a las identidades trans que están atravesadas por la violencia y la exclusión, desde el ser “nómade” en su propia historia familiar, en las instituciones educativas, en el trabajar en espacios laborales precarios. Se infiere la necesidad del reconocimiento de (historias de) vidas que atravesaron a la exclusión como consecuencia de una práctica social subyugada por la máquina binaria.

Se evidencia que la construcción de la identidad de género no solo se produce internamente, sino que también requiere de una representación que está intrínsecamente ligada al reconocimiento por parte de la sociedad. En este contexto, la identidad de género asume una importancia particular, influenciada por los procesos sociales que perpetúan una gran desigualdad. La construcción de la identidad se percibe como un factor que contribuye a la exclusión social de las personas transgénero. Se pueden identificar acciones discriminatorias generalizadas hacia este colectivo, siendo el Estado el principal agente responsable de reconocer y garantizar sus derechos.

Algunos cuerpos considerados antinormativos confrontaban los universalismos del status quo, esa aceptabilidad que permitían patrones socioculturales como el de ser un ciudadano varón, cisgénero, heterosexual, marido, proveedor, blanco y de una clase social ascendente. El pedido de reparación está relacionado justamente con la lucha por los derechos y el acceso a la arena democrática con una identidad negada, lejos de cualquier principio de homogeneización y/o vigilancia o recaudo frente a las fronteras corporales, sociales y culturales.

Ante estas implicaciones, es crucial considerar las prácticas sociales que enmarcan a las identidades trans, las cuales se ven marcadas por la violencia y la exclusión en diferentes ámbitos, como en el seno familiar, en las instituciones educativas y en entornos laborales precarios. Surge la necesidad de reconocer las historias de vida que han experimentado la exclusión como resultado de una práctica social dominada por un sistema binario.

Implicatura B: la violencia actual y la política global

En la segunda parte de su discurso, Rueda aborda la realidad contemporánea que vive la comunidad LGBTIQ+, enfatizando que a pesar de los avances logrados, persisten formas de violencia y amenazas en torno a sus derechos. Al mencionar un “movimiento anti trans y anti género a nivel global”, se señala que los desafíos no son exclusivos de Argentina, sino que forman parte de una tendencia global de resistencia y oposición a los derechos LGBTIQ+.

La afirmación de que “hay intereses políticos explícitos para que no podamos ser reconocides en derechos” resalta cómo la lucha por los derechos de la comunidad está influenciada por agendas políticas que buscan mantener estructuras de poder y control. Esta idea implica que los obstáculos enfrentados por la comunidad no son meramente de carácter social, sino que están profundamente enraizados en dinámicas políticas que buscan deslegitimar y desacreditar las luchas por la diversidad sexual y de género.

En este sentido, en esta implicatura referida al contexto histórico social estructural y estructurante de una desigualdad que es material simbólico, tiene que ver a lo que plantea Joan Scott (2010), en la noción de “experiencia” e “identidad” que promueven la violencia, ya que han operado no sólo para marginar a ciertos grupos, sino para descontarlos y excluirlos por completo de la noción de ‘comunidad’, más aún cuando se habla de las demandas de justicia, reconocimiento, y redistribución de este colectivo. 

Por otro lado, su llamado a reconocer la violencia actual y los intereses políticos detrás de la oposición a los derechos LGBTIQ+ sugiere que la lucha por la igualdad es una batalla en múltiples frentes. Esto implica que la comunidad no solo necesita reparación y derechos, sino que también requiere de un contexto donde puedan ser plenamente aceptades y válidos en su diversidad, lo que requiere una transformación cultural y política

 En los discursos analizados, Alba Rueda subraya la necesidad de visibilidad para la comunidad travesti trans como una forma fundamental de reconocimiento. Rueda enfatiza que la falta de representación en espacios políticos, sociales y mediáticos ha perpetuado una invisibilidad que se traduce en violencias y discriminación. La memoria histórica también juega un papel crucial aquí, pues recuperar las historias y las identidades de las personas trans no se limita a un acto simbólico, sino que se convierte en un acto político y de resistencia. Las implicaturas de este reconocimiento son profundas: visibilizar las luchas permite a la sociedad confrontar sus prejuicios y construir un futuro más inclusivo.

Rueda aborda la violencia institucional como un fenómeno que impacta desproporcionadamente a la comunidad travesti trans. Al señalar cómo las leyes y políticas públicas a menudo han ignorado o criminalizado las identidades no normativas, Rueda explica el rol del Estado en la perpetuación de la violencia. Esto es un llamado a desmantelar estructuras de opresión que no solo afectan a individuos, sino que configuraron un sistema que margina y excluye. Las implicaturas aquí incluyen la necesidad de que las políticas de género sean revisadas y modificadas para asegurar que la protección y el reconocimiento se extiendan a todas las identidades de género.

En su discurso, Rueda articula firmemente que los derechos de la comunidad travesti trans son derechos humanos. Rechaza categorizar estas luchas como demandas de un grupo minoritario y, en cambio, las presenta como parte de una lucha por los derechos fundamentales que debe ser atendida por todos. Esta recontextualización llama a la acción y a la solidaridad de otros movimientos sociales, subrayando que la lucha por la equidad de género está íntimamente relacionada con otras luchas por la justicia social. La implicatura en este caso es clara: la interseccionalidad es fundamental, y el reconocimiento de las luchas de un grupo debe traducirse en un compromiso más amplio por la dignidad de todos.

Rueda también enfatiza la importancia del empoderamiento de las identidades travestis y trans a través de la educación y la visibilidad. Al promover la autoidentificación y el reconocimiento de las experiencias vividas, aboga por una transformación cultural que desafíe las normas de género actuales y permita a las personas trans apropiarse de sus narrativas. Este empoderamiento es un acto de resistencia frente a la opresión, evidenciando que la lucha no solo es por la supervivencia, sino por la dignidad y el reconocimiento pleno.

Los dichos de Alba Rueda en el debate invitan reflexionar sobre el reconocimiento, la violencia institucional y la interseccionalidad en la lucha por los derechos de la comunidad travesti trans. Sus mensajes subrayan que el camino hacia la justicia es también un camino de visibilidad y representación, y que el cambio debe ser estructural y profundamente arraigado en una cultura de respeto y dignidad. Las implicaturas de sus discursos ofrecen una hoja de ruta no solo para las políticas inclusivas, sino también para una mayor toma de conciencia en la sociedad sobre la diversidad de identidades de género y la necesidad urgente de un cambio social.

Discurso 3. Identidad, reconocimiento y responsabilidad. Marlene Wayar (activista travesti, directora de la Asociación Civil Futuro Trans. Activista travesti, psicóloga social, periodista, escritora, 2 veces Honoris causa de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Mar del Plata).

Implicatura A. “No nos referimos acá a hechos ocurridos a partir de 1983 que afectan a toda la comunidad travesti trans. Es importante recordar que hace dos años desapareció Tehuel De la Torre y el 14 de abril encontraron sin vida a Sofia Fernández en la comisaría 5 de Pilar”.

Implicatura B. “En Argentina la comunidad travesti trans ha sido sistemáticamente perseguida sufriendo crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio dirigido específicamente a nuestro grupo debido a nuestra identidad de género. Fueron actos dirigidos a destruir nuestra comunidad”. “Algunas acciones claves que debe llevar el Estado: Reconocimiento oficial, el Estado debe reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos y asumir la responsabilidad”

El discurso de Marlene Wayar aborda de manera contundente la compleja intersección entre identidad, reconocimiento, y responsabilidad en la lucha de la comunidad travesti y trans en Argentina. A través de sus declaraciones, Wayar no solo destaca las realidades trágicas que enfrenta su comunidad, sino que también demanda un reconocimiento histórico y una asunción de responsabilidades por parte del Estado. A continuación, se presenta un análisis de las implicaturas presentes en su discurso

 

Implicatura A: la memoria reciente y la urgencia del reconocimiento

En la primera parte de su discurso, Wayar menciona que no se refiere únicamente a los hechos ocurridos a partir de 1983, sino que enfatiza la relevancia del presente reciente al recordar el caso de Tehuel de la Torre y Sofía Fernández. Esta referencia a tragedias contemporáneas tiene varias implicaturas:

1.Continuidad de la violencia: Al citar casos de desaparición y muerte de miembros de la comunidad travesti trans, Wayar subraya que la violencia hacia estas identidades no es un problema del pasado, sino una cuestión urgente y actual que exige atención. Esto refuerza la idea de que los crímenes de odio y la persecución siguen ocurriendo, señalando la falta de protección y justicia para la comunidad.

2.Historia silenciada: Al hacer hincapié en el tiempo desde 1983, Wayar invita a la reflexión sobre cómo la historia de la comunidad travesti trans ha sido tradicionalmente silenciada o borrada del discurso público. Esto resalta la necesidad de visibilizar y recordar los eventos pasados y presentes como una forma de honrar a las víctimas y luchar por la justicia en el futuro.

 

La criminalización de la identidad trans es sólo un ladrillo que cimenta una gran estructura de violaciones y de exclusiones, como resultado de un sistema político, social, cultural intensamente arraigado en el binarismo, en la concepción de lo cisgénero y, por supuesto, en el patriarcado. Tal como se puede inferir, las exclusiones que se manifiestan en las implicaturas hacen alusión a la privación sistemática de derechos, no sólo en el accionar mismo, sino también por omisión deliberada por parte del Estado, la familia, las diversas instituciones públicas/privadas, etc. Es así como a medida que las personas trans expresan sus identidades, las expulsiones de estas esferas se dan de modo que no sólo se impide el ejercicio de ciertos derechos, sino que influye de manera negativa en el acceso a otros.

Implicatura B: reconocimiento y responsabilidad del Estado

En la segunda parte de su intervención, Wayar aborda el carácter sistemático de la violencia sufrida por la comunidad travesti trans, describiéndola como un “genocidio” dirigido específicamente a su grupo. Sus afirmaciones implican varias cuestiones clave:

1. Crímenes de Lesa Humanidad: al calificar los actos de violencia como crímenes de lesa humanidad, Wayar eleva la gravedad y la urgencia del reconocimiento oficial por parte del Estado. Esta categorización no sólo enmarca la violencia en términos jurídicos, sino que también busca situar a la lucha travesti trans dentro de un contexto más amplio de derechos humanos, lo que podría incidir en políticas de reparación y justicia.

2. Asunción de Responsabilidad: la atribución de la responsabilidad hacia el Estado es crítica. Wayar exige que el Estado no solo reconozca los crímenes históricos y actuales, sino que también asuma la responsabilidad por ellos. Esto manifiesta la necesidad de un compromiso auténtico para investigar, procesar y reparar el daño causado a la comunidad.

3. Construcción de un futuro inclusivo: Al manifestar que “deben existir algunas acciones claves que debe llevar el Estado”, Wayar sugiere que el reconocimiento de crímenes y la asunción de responsabilidad son pasos imperativos hacia la construcción de una sociedad donde las identidades travestis y trans puedan vivir y prosperar sin miedo. Este llamado a la acción es un imperativo moral que busca un cambio estructural en la política y en la cultura.

Tanto en la Implicatura A como en la B, se percibe que el discurso está organizado jerárquicamente. En estos dichos, cuando se habla de la cómo la identidad transgénero no es reconocida por el Estado, sino que es causado o influenciado por factores específicos, como sugieren algunas teorías patologizantes (Halberstam 1998; Soley-Beltrán 2003), se puede interpretar que, en las narrativas de vida de las personas trans, la identidad de género se percibe más bien como un fenómeno que surge de manera natural y única para cada individuo. Por ende, el uso frecuente y destacado de ciertas expresiones lingüísticas relacionadas con la identidad de género sugieren la necesidad de desarrollar un marco interpretativo para comprender lo que está emergiendo.

Este pedido de reconocimiento no implica que la identidad de género trans sea intrínsecamente "extraña" o "difícil de entender", sino que señala cómo la experiencia de la identidad de género trans choca con las normas sociales que regulan los cuerpos, los deseos y las expresiones de género. En este contexto, el hecho de que las personas trans vean su identidad de género como algo que requiere ser procesado no refleja tanto una característica inherente de la identidad trans en sí misma, sino más bien la influencia de la norma social dominante, que es heterosexual y cisgénero.

En el discurso de Marlene Wayar, la combinación de memoria histórica y el llamado a la asunción de responsabilidades por parte del Estado establece un marco crítico para la construcción de un futuro donde la dignidad de la comunidad travesti y trans sea plena y reconocida. Wayar no solo articula demandas por justicia, sino que también desafía a la sociedad a reconocer su papel en la creación de un entorno más inclusivo y respetuoso para todas las identidades de género.

Las implicaturas en los discursos analizados, particularmente el de Marlene Wayar, reflejan una compleja intersección entre memoria, justicia y la necesidad de reconocimiento dentro de las dinámicas de poder en una sociedad aún marcada por la exclusión y la violencia hacia las identidades no normativas.

El discurso de Wayar plantea una intensa necesidad de recuperar la memoria histórica de la comunidad travesti trans, enfatizando que este recuerdo no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una acción política fundamental. La memoria colectiva es esencial para comprender cómo el pasado modela el presente y cómo las injusticias históricas continúan teniendo repercusiones en la vida cotidiana de las personas. La implicatura de este enfoque es la demanda de un reconocimiento estatal que no solo valide las experiencias vividas de violencia y sufrimiento, sino que también permita la construcción de identidades resilientes.

La utilización del término "genocidio" por Wayar para describir la violencia sistemática contra la comunidad travesti trans implica una revalorización crítica de cómo se entienden y catalogan estos actos en el ámbito de los derechos humanos. Este término, cargado de connotaciones legales y morales, desafía la percepción de que las violencias sufridas son meramente incidentales o individuales. En cambio, se inscriben dentro de un patrón sistemático de opresión, que busca la eliminación de identidades que amenazan el orden normativo. La implicatura aquí es que la memoria histórica y el reconocimiento no pueden ser desasociados de las demandas contemporáneas de justicia; ambos deben entrelazarse para desmantelar estructuras de violencia y construir un futuro inclusivo.

El discurso de Wayar no solo critica al Estado por su papel en la perpetuación de estas injusticias, sino que simultáneamente lo llama a asumir la responsabilidad de la reparación. Este punto resuena en la literatura académica sobre justicia transicional, que sugiere que el reconocimiento del sufrimiento pasado es una condición previa para la reconciliación y el progreso social. Las implicaturas que surgen de este llamado incluyen la necesidad de políticas concretas que no solo reconozcan la violencia sufrida, sino que también actúen para reparar a las víctimas.

Finalmente, la llamada a la acción que se desprende del discurso implica una visión de un futuro donde las identidades travestis y trans no solo sean reconocidas, sino también celebradas. Se hace evidente que la lucha por la justicia social es a la vez un esfuerzo por construir una sociedad más equitativa y accesible para todos. La implicatura aquí es que la justicia no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se pueden fomentar relaciones sociales más justas y humanas.

Reflexiones

En estas breves implicaturas analizadas destaca la exclusión de las personas transgénero, la criminalización y patologización que tanto la sociedad como el Estado han impuesto a este colectivo basándose en su identidad de género, como consecuencia de la arraigada estructura patriarcal y del binarismo de género. Se evidencia así la formación de una cadena de exclusiones que sistemáticamente priva a este grupo de derechos fundamentales.

Como se desprende de las implicaturas seleccionadas, a excepción de casos aislados, el Estado argentino no ha priorizado la recopilación de información sobre las experiencias vividas por esta parte de la población, lo que resulta en la ausencia de datos oficiales que permitan un análisis más detallado de esta problemática. El giro hacia políticas de identidad minoritaria que enfatizan lo subjetivo y las diferencias ha tenido repercusiones institucionales en América Latina, manifestándose principalmente a partir de las reformas constitucionales en la década de 1990, posterior al periodo dictatorial. Los proyectos nacionales han promovido niveles más profundos de reflexión, desafiando la exclusión histórica de comunidades y subjetividades que previamente habían sido consideradas marginales en los procesos de ciudadanización y desarrollo. Estas reformas constitucionales han generado un doble movimiento: en primer lugar, comunidades antes menospreciadas por la Nación, desde las personas con identidades sexuales no normativas, hasta los pueblos indígenas, afrodescendientes, grupos feministas, han logrado mayor visibilidad cultural y política; en segundo lugar, estas comunidades han reconstruido, de manera contingente, sus propias narrativas de identidad y representación.

Durante décadas, se ha buscado precisamente desacreditar la idea de que la categoría o identidad de mujer trans o travesti pueda ser politizada hasta el punto de denunciar la existencia de un sistema patriarcal. Nótese que se plantea que es posible ser “mujer”; sin embargo, se castiga social y culturalmente a aquellas mujeres que utilizan su identidad de género para señalar que las mujeres constituyen una clase excluida y oprimida. El lenguaje androcéntrico busca subestimar el valor político de la identidad de mujer al negar su capacidad para explicar las injusticias y jerarquías derivadas del sistema patriarcal.

Los fragmentos analizados en este paper, en el contexto en el que se divulgaron, permitieron dar cuenta que la visibilización de situaciones opresivas no son suficientes para avanzar en la lucha contra todas las formas de violencia institucional. Estas mujeres establecieron conexiones entre la experiencia corporal y las identidades sociales, politizando así un puente entre experiencias corporales situadas.

Hay un punto clave que no se puede expresar por escrito en este análisis en cuanto a los silencios en los discursos recabados. Lohana Berkins habla de la indeterminación de los puntos suspensivos -entendidos como silencios, pausas-, pero vistos como una enunciación del yo soy.  Es preciso recordar que “decir “yo soy” es bien revulsivo, revolucionario, feminista. Y que además puedo enunciarlo con puntos suspensivos, no es estático ni predeterminado. Es una expresión que me puede seguir transportando, transformando... espero que con la alegría que nace de la rebeldía, que libera de presiones y mandatos culturales” (Berkins, 2009).

Los diversos discursos analizados en este artículo (se han seleccionado fragmentos breves debido a las limitaciones del estudio) han dejado en evidencia que la demanda de una reparación histórica no es más que un intento de mitigar las heridas y contrarrestar las persecuciones policiales sufridas por las personas trans debido a su identidad no cisgénero.

Este segmento de la sociedad ha sido vulnerado en todos los aspectos, tanto moral, física como espiritualmente, además de haber sufrido la violación de sus derechos y la privación de su ciudadanía. Como se desprende de las representaciones analizadas, la identidad de género, entendida como diferencia y cambio, se encuentra intrínsecamente ligada a conceptos que implican transformación, tales como la ley, la plena ciudadanía, la visibilidad, el reconocimiento, la inclusión y la igualdad.

Referencias bibliográficas

BERKINS, Loana (2013). “Los existenciarios trans”. En Ana María Fernández y Wiliam Siqueira Peres (Eds.), La diferencia desquiciada: Géneros y diversidades sexuales (pp. 91-96). Buenos Aires: Biblos.

BERKINS, Loana (Comp.). (2015). Cumbia, copeteo y lágrimas: Informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros (2ª ed.). Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

BERKINS, Loana, & FERNÁNDEZ, Josefina (Coords.). (2005). La gesta del nombre propio: Informe sobre la situación de la comunidad travesti en Argentina. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

DI PIETRO, Pedro & WAYAR, Marlene (2023). Género, TransGénero, y Post Género en Las Políticas del Cuerpo y las Disidencias en las Américas Latinas (PRIGEPP). Recuperado de http://prigepp.org

HALBERTAM, Judith (2008). Masculinidad femenina. Madrid: Egals [1998. Fe-male Masculinity. United States of America: Duke University Press].

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2012). Primera Encuesta sobre Población Trans-2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans. Informe técnico de la Prueba Piloto. Municipio de La Matanza, 18 al 29 de junio de 2012. Buenos Aires: INDEC-INADI.

LUGONES, María (2005). “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”. Revista Internacional de Filosofía Política, N°25, Madrid. Pp. 61-75.

LUGONES, María (2008). “Colonialidad y Género: hacia un feminismo descolonial”. En Walter Mignolo (Comp.) Género y Descolonialidad. Buenos Aires: Del signo. Pp. 11-32.

MAFFÍA, Diana (2008). Contra las dicotomías: Feminismo y epistemología crítica. Recuperado de http://dianamaffia.com.ar/archivos/Contra-lasdicotom%C3%ADas.-Feminismo-yepistemolog%C3%ADa-cr%C3%ADtica.pdf

MALVA. (2009). De Grafa a los escándalos en las revistas. El Teje, 4, 12.

MARTÍNEZ GUZMÁN, Antar e ÍÑIGUEZ RUEDA, Lupicinio (2010). La fabricación del Trastorno de Identidad Sexual. Estrategias discursivas en la patologización de la transexualidad. Discurso & Sociedad, Vol. 4 (1), pp. 30-51.

Ministerio Público Fiscal. (2016). Informe sobre la investigación del femicidio de Diana Sacayán. Recuperado de http://www.fiscales.gob.ar/wpcontent/uploads/2016/02/Informe-CIDH-caso-Sacayan.pdf

RAPISARDI, Flavio & MODARELLI, Alejandro (2001). Fiestas, baños y exilios: Los gays porteños en la última dictadura. Buenos Aires: Sudamericana.

RUEDA, Alba, & SERBIA, José María (2014). El trasfondo de la seguridad pública. Debate Público: Reflexión de Trabajo Social, 4(7), 61-74.

SCOTT, Joan (2010) “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?”, La manzana en discordia, Año 2011, Volumen 6, Número 1, pp. 95-101.

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (2015). Guía de derechos para personas trans (guía de bolsillo). Recuperado de http://www.jus.gob.ar/media/3120651/cartilla_trans_web.pdf

SOLEY- BELTRAN, Patricia (2009). Transexualidad y la Matriz Heterosexual: un estudio crítico de Judith Butler, Edicions Bellaterra, Barcelona.

STRYKER, Susan, CURRAH, Pasley y MOORE, Lisa Jane (2008). Introduction: trans-, trans, or transgender? WSQ: Women’s Studies Quarterly 36, no. 3, pp. 11-22.

WAYAR, Marlene (2018). Travesti / Una teoría lo suficientemente buena. Buenos Aires: Editorial Muchas Nueces.

WHITTLE, Stephen (2002). Respect and Equality. Transsexual and Transgender Rights. Abingdon – Nueva York: Routledge-Cavendish.



* UNSJ/CONICET tatianamariselpizarro@gmail.com / https://orcid.org/0000-0002-3701-5156    

 

Tatiana Marisel Pizarro. “Envejecides. Análisis de representaciones en el debate del proyecto de Ley de Reparación Histórica para personas mayores trans y travestis en Argentina” en Zona Franca. Revista del Centro de estudios Interdisciplinario sobre las Mujeres, y de la Maestría poder y sociedad desde la problemática de Género, N°32, 2024 pp. 113-146. ISSN, 2545-6504 Recibido: 31 de julio 2024; Aceptado: 4 de agosto 2024

.