Tatiana Marisel Pizarro*
Resumen
Este artículo tiene como objetivo principal identificar las
representaciones sociodiscursivas que emergieron en
el contexto del debate legislativo sobre el proyecto de ley de reparación
histórica para personas mayores travestis y trans en Argentina. Se analiza cómo
estas representaciones funcionan como herramientas de reconocimiento en
relación con la creación de una pensión reparatoria, de la cual pudieron ser
beneficiarios/as.
A once años de la aprobación de la Ley 26.743, que garantiza
el derecho a la identidad de género en Argentina, diversos grupos activistas
travestis y trans demandaron una Ley de Reparación Histórica como un mecanismo
de indemnización que buscaba reparar el daño infligido por la violencia
institucional que ha afectado a este colectivo, así como la vulneración de los
derechos humanos.
El estudio de las representaciones sociodiscursivas presentes en el debate de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados es crucial para identificar y analizar las herramientas contra la discriminación, los procesos de empobrecimiento de las personas travestis y trans, y el reconocimiento de sus derechos. Este análisis se centra en los discursos legislativos del 24 de mayo de 2023 y sus continuaciones en junio de 2023, buscando profundizar en la evolución de las resignificaciones del reconocimiento de derechos para este colectivo, así como la posibilidad de obtener una pensión reparatoria de carácter vitalicio.
Palabras clave:
Derechos LGTBIQ, Representaciones sociodiscursivas,
Identidades, Colectivo Travesti-Trans, Política pública.
Elders. An
analysis of representations in the debate of the historical reparations bill
for elderly trans and travestis people in Argentina.
Abstract
This article
aims to identify the socio-discursive representations that emerged within the
context of the legislative debate concerning the historical reparation bill for
elderly travestis and trans individuals in Argentina.
It analyzes how these representations function as tools of recognition in
relation to the establishment of a reparatory pension, from which they could
potentially benefit.
Eleven years
after the approval of Law 26.743, which guarantees the right to gender identity
in Argentina, various activist groups representing travestis
and trans individuals have advocated for a Historical Reparation Law. This
proposed law is intended as a mechanism for compensation meant to address the
harm inflicted by institutional violence that has affected this community, as
well as the violations of human rights.
The study of
the socio-discursive representations present in the
debate surrounding this bill in the Chamber of Deputies is crucial for
identifying and analyzing tools against discrimination, the processes of
impoverishment suffered by travestis and trans
individuals, and the acknowledgment of their rights. This analysis focuses on
the legislative discourses from May 24, 2023, and their continuations in June
2023, aiming to deepen the understanding of the evolving redefinitions of judicial
recognition for this group, as well as the potential to attain a lifelong
reparatory pension.
Keywords:
LGTBIQ Rights, Socio-discursive Representations, Identities, Travesti-Trans Collective, Public Policy.
Cuerpos subversivos en los
márgenes de la historia. Acerca
de la violencia estructural del Estado hacia las personas trans
En el sur global, y específicamente en América Latina, las
experiencias, demandas, e intereses de la población travesti, trans se han
articulado en la esfera pública por medio de diversas estrategias en los
últimos treinta años, desde la negociación de figuras del sufrimiento y la
desprotección, pasando por artilugios de celebración y escándalo, y finalmente
llegando a la politización de la vida callejera, el trabajo sexual, y la
afirmación de las disidencias sexo-genéricas.
A lo largo de las últimas décadas, las representaciones del
Estado argentino hacia las personas trans han evolucionado. En la década de
1980, durante el proceso de democratización post-dictatorial,
las personas trans eran, en gran medida, invisibilizadas y criminalizadas. La
identidad trans era frecuentemente asociada con la marginación social, la
prostitución y el delito, reflejando una perspectiva patriarcal y conservadora.
Con el avance del activismo LGBTQ+ en las décadas de 1990 y
2000, estas representaciones comenzaron a cambiar, aunque de manera gradual. A
partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, Argentina se
convirtió en un referente en la región, permitiendo que las personas trans
pudieran acceder al reconocimiento legal de su identidad de género, así como a
la salud y la educación, entre otros derechos. Esta legislación marcó un punto
de inflexión, ya que se sustentó en el reconocimiento de la diversidad de
identidades de género y en el derecho a la autodeterminación.
Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas
ha sido desigual y ha dependido de diversos factores, como el contexto
socioeconómico y la voluntad política de las autoridades en diferentes niveles
de gobierno. A pesar del reconocimiento legal, las representaciones sociales de
las personas trans a menudo siguen estando plagadas de estigmas y prejuicios.
En 2012, se sancionó la Ley de Identidad de Género y el
INDEC junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, desarrollaron la Primera Encuesta sobre Población Trans, que incluyó
no sólo a travestis, transexuales y mujeres trans, sino también a hombres trans
(INDEC, 2012; Rueda y Serbia, 2014).
Cabe mencionar que la posibilidad de acudir al sistema
judicial para denunciar violaciones a sus derechos encuentra las mismas
barreras que en otros ámbitos (discriminación, prejuicios transfóbicos,
violencia institucional). Esto es clave,
teniendo en cuenta que muchas personas trans no saben cuáles son sus derechos
y/o cómo defenderlos. Ya con la Ley de Identidad de Género, el Estado y
distintas organizaciones del colectivo LGTBIQ+ desarrollaron material educativo
y de capacitación relacionados específicamente a este tema (Maffia,
2008; Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2015).
Activistas trans buscaron, bajo el lema “Reconocer es
reparar”, la visibilización por parte del Estado de la violencia institucional
que sufrieron las personas del colectivo trans y travesti; especialmente,
aquellos/as/es que fueron detenidos/as/es ilegalmente mediante edictos
policiales vigentes hasta 1995. En 2006, Diana Conti -exdiputada por el Frente
para la Victoria- junto a diputados y diputadas del Frente de Izquierda
presentó en un primer proyecto de ley la necesidad de una pensión graciable a personas
víctimas de la violencia institucional por identidad de género, una demanda de
distintas agrupaciones LGTBIQ+, con Lohana Berkins y
Marlene Wayar como propulsoras de la iniciativa.
Con el paso de los años, los proyectos de ley que buscaban
esta reparación histórica se caían. De hecho, durante 2023 se
presentaron tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación; si bien
todos corresponden a diputadas pertenecientes al Frente de Todos, cada una de
ellas lo hizo de manera separada: uno fue presentado por Mara Brawer, otro por Mónica Macha y otro por Gabriela Estevez. El objetivo
era lograr que la reparación histórica para personas mayores travestis y trans
fuese ley en 2023, acto que no sucedió.
Con la Pensión reparatoria para personas mayores travestis y
trans se pretendía reconocer la vulneración de derechos humanos que sufrió este
colectivo y, a través de esta medida, garantizar una vejez digna, al integrar a
estas personas al sistema de seguridad social y así poderles garantizar la
percepción de una pensión similar a la Pensión Universal para Adultos Mayores
(PUAM). Un dato relevante para mencionar es que se pretendía que la reparación
histórica estuviese vigente desde su sanción hasta un periodo de diez años, con
posibilidad de prórroga en caso de que el Poder Ejecutivo lo considerara
necesario. En Santa Fe -provincia del
Noroeste de Argentina- hubo dos antecedentes de esta iniciativa. El primero fue
en 2018, cuando once mujeres trans de Rosario y ocho de la Ciudad de Santa Fe
accedieron a la pensión que se les otorga a víctimas de la dictadura, mediante
la Ley Provincial 13.298; ésta determina el pago de una pensión a todas
aquellas personas que garanticen haber sido privadas de su libertad por causas
políticas, gremiales o estudiantiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983. En esta provincia, a partir de la sanción de esa ley, se les
otorgó una pensión a todos/as aquellos/as que fueron presos/as durante la
última dictadura cívico-militar. Pero, hasta 2018, no había sido incluido el
colectivo travesti-trans. Esto, a pesar de que la identidad de género fue un
factor político castigado y reprimido, ya que el colectivo LGTBIQ+ iba en
contra de lo que el gobierno de facto defendía con su ideal de sociedad
cimentado sobre el trinomio Dios, Patria y Familia.
El segundo antecedente se remite al 24 de noviembre de 2023,
cuando se sancionó la ley 14.220 -la autora del proyecto fue la diputada
provincial Matilde Bruera-, mediante la que se
reconocía la violencia institucional que sufrieron las mujeres trans y
travestis por parte de las fuerzas de seguridad. Lo característico de esta
medida fue el lapso que pretendía abarcar: el periodo correspondiente al 10 de
diciembre de 1983 -restauración de la democracia en Argentina- al 10 de junio
de 2010 -momento en el que se derogaron los códigos convencionales que
penalizaban a la prostitución y al travestismo-.
Con esta medida se estableció el otorgamiento de un haber
mensual no contributivo -vitalicio- a personas trans-travestis
que acreditasen haber sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática,
como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su
identidad de género; además, un punto clave es que se estableció la
imprescriptibilidad del derecho a ser beneficiario/a/e. Las personas que
deseasen acceder a esta pensión debían acreditar un registro de detenciones
mediante un documento expedido por la autoridad judicial correspondiente, los
datos prontuariales presentes en la Policía de la
provincia de Santa Fe, documentos que se encuentren en el Archivo General del
Servicio Penitenciario, artículos periodísticos certificados en los que se
especifiquen las privaciones de libertad, al igual que aquellos documentos que
se encuentren en el Archivo Provincial de la Memoria. También se solicitaron
informes sobre el tratamiento psicofísico realizado que certifique lo padecido
y se debía acreditar que el domicilio del damnificado/a/e durante las
detenciones fue la provincia de Santa Fe. Un aspecto clave es que todo el
material presentado -con el resguardo de las identidades de las víctimas- fue
agregado al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe.
Reconocer
es reparar. Aspectos contextuales, teóricos y metodológicos
En este artículo se
presenta el análisis de los discursos legislativos acontecidos el 24 de mayo de
2023 -que continuó a mediados de junio de 2023-, en el que se pretende ahondar
en la evolución de las resignificaciones del reconocimiento de los derechos de
este colectivo con la posibilidad del otorgamiento en carácter vitalicio de una
pensión reparatoria. Se utilizó el ACD para examinar las representaciones sociodiscursivas que emergieron del debate legislativo en
la Cámara de Diputados de Argentina, específicamente en las sesiones
mencionadas. El objetivo ha sido identificar cómo estas representaciones
actuaron como herramientas de reconocimiento y cómo se articularon con la
discriminación, el empobrecimiento y la reivindicación de derechos de las
personas trans y travestis. Esta elección responde a la necesidad de
desentrañar las relaciones entre lenguaje, poder y sociedad, con especial
énfasis en cómo los discursos reflejan, perpetúan o desafían las estructuras de
poder, discriminación y exclusión.
El análisis del
debate legislativo sobre el proyecto de Ley de Reparación Histórica para
personas mayores trans y travestis en Argentina utilizó un Análisis Crítico del
Discurso (ACD) como marco metodológico principal.
El interés de
observar estos discursos, tal como lo plantea Stephen Whittle (2006), es el de
lograr una articulación de voces y saberes trans. Los que permitirán
crear las condiciones, en los últimos treinta años, para reconocer y
luchar contra la injusticia de la transfobia, y asumirse como trans
públicamente para representar de forma fidedigna a las víctimas y sobrevivientes
de la transfobia; estar a cargo de lo que cada persona trans hace con su
propio cuerpo al desfamiliarizarse de la subjetividad
normativa por medio del rechazo de la adscripción de género y así reclamar el
transexualismo del yo.
En base a lo expuesto en el apartado anterior, es preciso
traer a colación que quienes deconstruyen la categoría transgénero resisten la
tendencia de que ésta se aplique como una categoría de género diferente al
binomio mujer-hombre (Stryker, Currah
y Moore, 2008). En este sentido, es importante mencionar que son escasas las
investigaciones sobre los discursos que se aboquen a las identidades
transgénero desde el Análisis Crítico del Discurso (Martínez Guzmán e Íñiguez
Rueda, 2010); por lo general, éstas están relacionadas a análisis de contenido.
A través de este trabajo, no se pretende realizar un análisis lingüístico, sino
que siguiendo la línea del Análisis Crítico del Discurso se observa cómo en los
dichos, lenguajes y decires se manifiesta la relación entre la discriminación,
la exclusión social y la construcción de las identidades sexo-género
divergentes. En este sentido, es preciso añadir que se eligió este abordaje
porque se busca lograr una comprensión más acabada de cómo las prácticas
discursivas nos constituyen y atraviesan. Por esto, la relevancia del género se
puede observar en (durante) la construcción social y colectiva de identidades,
entre las que podemos ver las dominantes y, su antítesis, las excluidas, las
dominadas o subyugadas (Berkins, 2013).
En este sentido, se destaca que los estudios transgénero
demuestran que el soma -el cuerpo como una construcción culturalmente
inteligible-, y el tecne -las técnicas a
través de las cuales los cuerpos se transforman y posicionan se hayan
interpenetrados de forma inextricable-. Esto es clave por las décadas en las
que se patologizaron y criminalizaron a las identidades trans, recorriendo
transversalmente toda una cadena de exclusiones.
Según un estudio realizado por Berkins
y Fernandez (2005), el 91% de las travestis
encuestadas declaró que sufrió algún tipo de violencia y el 86% sufrió abusos
policiales; los principales lugares de agresión fueron comisarías, calles,
escuelas y hospitales. El 35% de las personas que participaron del estudio,
expuso que abandonó la escuela por la discriminación de la que eran víctimas,
el 20% especificó que no realizaba tareas remunerativas, mientras que el 80%
trabaja informalmente. Un punto clave a resaltar es que el 83% de las mujeres
trans y el 40% de los hombres trans del corpus que componen el estudio de Berkins y Fernández (2005) identifican a la Policía como la
institución que genera más violencia y hechos de discriminación. A los fines de
este artículo, nos centraremos en el cúmulo de excusiones estatales y sociales
por el que atraviesan las personas transgénero.
Este dato puede ser considerado como un ejemplo de violencia
estructural que recae sobre este segmento de la sociedad argentina. Estamos
hablando de “un conjunto de prácticas reiteradas, sedimentadas en el tiempo y
las instituciones, que sufrimos debido a nuestras identidades de género” (Berkins, 2015, p.123). En 2012, con la sanción de la Ley de
Identidad de Género, se produjeron algunos cambios positivos en cuanto al
acceso a la salud, la educación, el trabajo e, incluso, al derecho a votar con
un Documento Nacional de Identidad que refleje/manifieste debidamente el
nombre, sexo e imagen de la persona. Este acto es clave, ya que se puede
acceder a cualquier gestión de la vida cotidiana (registros, trámite de
cualquier índole, entrevistas laborales, consultas médicas, etcétera). A pesar
de que, a partir de 2012, se sancionaron diversas leyes que tenían como
propósito mejorar la realidad de las personas del colectivo, la realidad dista
de haber cambiado trascendentalmente. Hoy, sin poner en consideración la edad,
etnia, condición de migrante, clase, y sólo visibilizando la identidad de
género, las personas trans son uno de los sectores más transgredidos.
Uno de los ejemplos más resonantes de una “tregua” de la
violencia estructural que venían sufriendo las personas trans, es el que sufrió
Diana Sacayán, una representante travesti reconocida internacionalmente, quien
fue asesinada en su hogar violentamente. Los dos sospechosos de su asesinato
fueron procesados como coautores del “homicidio de una mujer mediando violencia
de género-feminicidio”. Ésta fue la primera vez que se empleó esa figura legal
para identificar el asesinato de una mujer trans. En este sentido, el
Ministerio Público Fiscal (2016) especifico con una resolución judicial que se
“reconoce expresamente que la violencia contra personas LGBTIQ+ es un fenómeno
estructural vinculado a la existencia de patrones culturales de discriminación,
subordinación y marginación por razones de género” (p. 5). El hecho que el
homicidio de Diana Sacayán haya sido caratulado como feminicidio simboliza,
paradójicamente, el resultado de las luchas militantes de este colectivo trans.
Es clave mencionar el hecho irrefutable que la expectativa de vida promedio de
estos/as/es ciudadanos/as/es es de 35 años; es decir,
menos de la mitad de la de cualquier argentino/a cisgénero (Berkins,
2015).
Si se realiza una breve genealogía de la lucha por la
adquisición de los derechos de las personas trans, indefectiblemente se debe
mencionar -y subrayar- a Maricas Unidas Argentinas, una agrupación que tenía
como propósito ayudar económicamente a las “maricas” que se encontraban en la
Cárcel de Devoto (Malva, 2010). Asimismo, se debe hacer referencia a Brigitte Gambini, la primera mujer trans registrada como exiliada
por “razones de persecución sexual” en 1982 (Rapisardi
y Modarelli, 2001).
Cabe mencionar que, aunque no existan registros y/o relatos
activistas sobre este sector antes de la década del ’90, eso no es señal de que
antes de este momento no hayan existido personas trans que se movilizaron
políticamente -ya sea individual o colectivamente-. En este sentido, se puede
inferir que, en Argentina, a principios del siglo XX, las condiciones de
criminalización de las travestis les imposibilitaron la organización y creación
de sus propios canales de difusión de información sobre la realidad que vivían
en ese momento, algo que sí hicieron algunos grupos militantes de otros países
(Fernández, 2004). Ante lo dicho, se puede observar que toda aproximación
histórica a la constitución de los/as/es sujetos/as/es políticos/as/es trans en
Argentina, debe hacerse en términos de lo no dicho, lo no narrado. Esto como
resultado de las operaciones de invisibilización de las personas trans por las
distintas instituciones sociales y estatales (Rueda, 2013). Es esta la
violencia institucional sobre la que el colectivo de personas trans reclama la
reparación histórica. De hecho, en el país ya hay un antecedente de haber
reconocido esta violencia y un intento para “reparar” y reconocer el daño
realizado.
La necesidad de realizar este análisis está
relacionada con visibilizar los discursos de una población silenciada. Muchos
de los grandes relatos de la modernidad no sólo establecieron modelos
socioculturales de aceptabilidad, como el ciudadano varón, heterosexual, cisgénero,
esposo, patrón, autónomo, blanco-burgués, sino que también promovieron formas
específicas de concebir e idealizar las diferencias socioculturales y
materiales. Resulta curioso que, en contextos de pretendida y aparente libertad
de expresión, en los que se consolidaron conceptos esenciales relacionados con
la igualdad de las personas, así como sus derechos y prerrogativas para
participar en la vida social y en la esfera democrática, hay valiosos relatos
que operan de manera subyacente.
Cuerpos
subversivos. Descripción del corpus del estudio
El ejercicio de la identidad autopercibida
es una acción política. El reconocimiento de todos los crímenes y castigos
ejercidos por odio contra las personas que se identifican con subjetividades
sexo-genéricas disidentes resultan ser una brecha más entre los avances
formales y la sustancia de los procesos de ciudadanización. Cuando se habla de
género también se debe hacer alusión a las dinámicas que las relaciones
sociales dominantes le imponen a las personas y que se les asignan como
propias.
A los fines de este paper, se resalta que la organización jerárquica del ámbito
sexual hace referencia al orden patriarcal a nivel institucional, interpersonal
e, incluso, subjetiva. En este caso, se pretende resaltar dos operatorias
sociales que se pueden identificar en la sociabilidad; por un lado, la
identificación de personas como pertenecientes a una jerarquía de privilegios y
desventajas (el ser mujer o varón -o autopercibirse
como uno u otra-). Por el otro, observar cómo la perpetuación sociocultural de
desigualdades materiales entre individuos privilegiados y desfavorecidos (la
persistencia de roles, obligaciones y expectativas que configuran la vida
diaria y organizacional de hombres y mujeres) es inherente a la estructura
social. El sistema patriarcal, dada su naturaleza social, está intrínsecamente
ligado a otras formas de dominación y explotación que modelan la estructura
social. En este sentido, la posición social de las mujeres trans, en toda su
complejidad y diversidad, se ve afectada y entrelazada por otras dinámicas de
poder y estratificación, como la etnicidad, la raza, la clase social, las
prácticas sexuales, la nacionalidad, el estatus legal y la capacidad.
El corpus está
compuesto por los discursos legislativos emitidos en las sesiones del 24 de
mayo y junio de 2023, donde se discutió el proyecto de Ley de Reparación
Histórica. Se seleccionaron estos discursos por su relevancia para identificar
las representaciones de las personas trans y travestis en el ámbito legislativo
y su articulación con los derechos humanos.
Se procedió a un
análisis en el que se identifican las principales temáticas recurrentes en los
discursos: la reparación histórica, la violencia estructural, el reconocimiento
de los derechos de las personas trans y la necesidad de políticas inclusivas.
Este análisis permitió establecer patrones discursivos que revelan las
dinámicas de inclusión/exclusión social y las demandas de justicia por parte
del colectivo travesti-trans.
Siguiendo una perspectiva feminista y de epistemologías de la
despatriarcalización, se analiza cómo las narrativas hegemónicas refuerzan o
desafían la dicotomía hombre-mujer, y cómo las identidades trans son
posicionadas dentro de este marco opresivo. En este sentido, se empleó el ACD
para identificar las representaciones discursivas que emergen en los debates
legislativos en torno a las personas trans y travestis. Las representaciones sociodiscursivas se entienden como las maneras en que se
construye y legitima la realidad social a través del lenguaje. En este caso, se
analizan las formas en que los discursos legislativos representaron a las
personas trans como víctimas de violencia institucional, exclusión social y
pobreza estructural.
En
cuanto al corpus analizado, incluye los discursos de figuras clave como Alba
Rueda (representante de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de
Género), Agustina Ponce (Subsecretaria de Políticas de Diversidad del
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad), y la activista Marlene Wayar (directora de la Asociación Civil Futuro Trans).
Estos discursos fueron examinados en relación con sus implicancias sobre la
identidad de género, la discriminación estructural y las demandas de
reparación.
Debido a las características del corpus, se optó por hacer el
Análisis Crítico del Discurso con una mirada desde las epistemologías de la
despatriarcalización. Este marco, que se vincula directamente con los
feminismos decoloniales y las críticas al patriarcado, se centra en cuestionar
las estructuras de poder que sostienen el sistema patriarcal y colonial que
oprime, invisibiliza y excluye a sujetos no normativos, como las personas trans
y travestis. Cabe mencionar que las epistemologías de la despatriarcalización
son un enfoque crítico que surge desde los feminismos latinoamericanos,
especialmente los de corriente indígenas y decoloniales, que buscan desafiar la
hegemonía patriarcal no sólo desde una perspectiva de género, sino también
desde la intersección de colonialismo, raza, clase y género (Lugones, 2005,
2008).
En el marco del análisis legislativo y el debate sobre los
derechos de las personas trans y travestis, este enfoque permite desentrañar
cómo las identidades sexo-genéricas divergentes han sido históricamente
subordinadas por el binarismo de género y la norma cisgénero que refuerza el
patriarcado y la colonialidad. Se optó por hacer el ACD desde una mirada de las
epistemologías despatriarcalizantes, ya que se
consideró a este enfoque acorde en el análisis del debate sobre la Ley de
Reparación Histórica, ya que permite comprender cómo las identidades trans y
travestis han sido excluidas, no sólo en términos sociales y políticos, sino
también epistemológicamente. Estas identidades se sitúan fuera del binario
hegemónico, lo que las convierte en cuerpos subversivos que desafían la lógica
patriarcal. Desde esta perspectiva, el
cuerpo se concibe no sólo como un objeto de control patriarcal, sino también
como un espacio de resistencia y agencia. En el caso de las personas trans y
travestis, sus cuerpos han sido históricamente criminalizados y patologizados.
Las epistemologías de la despatriarcalización permitieron analizar cómo, a
través de la autodeterminación del cuerpo y la identidad, estas personas
desafían la normatividad impuesta por el patriarcado y el Estado.
En el análisis del debate legislativo, las epistemologías de
la despatriarcalización permiten comprender que la discriminación hacia las
personas trans y travestis no es únicamente por su identidad de género, sino
que está atravesada por otras dimensiones como la pobreza, la exclusión racial
y el acceso desigual a derechos. Esto es fundamental para entender cómo las
demandas de reparación histórica no sólo buscan una compensación económica,
sino también el reconocimiento integral de estas múltiples formas de opresión.
A hierro y fuego aprendió a jugar. Representaciones
de la identidad de género
Discurso 1. Acerca del perdón. Agustina Ponce
(Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad).
Implicatura A: “Celebro esta sesión informativa tan
esperada para que Argentina reconozca finalmente a través del Congreso de la
Nación años de persecución a través de edictos policiales a la comunidad
travesti trans. Agregaría el pedido de perdón a la comunidad y una contribución
económica que permita que compañeras trans puedan acceder a este beneficio y
les permita llenar la olla”.
Implicatura B: “Cuando hablamos de persecución no
estamos hablando en abstracto había decretos leyes que criminalizaban ser
travestis. Era un delito contra la fe pública ser travesti, transexual o
transgénero”
Las
representaciones sociodiscursivas del discurso de
Agustina Ponce abordan dos aspectos fundamentales en relación con la comunidad
travesti-trans en Argentina: el reconocimiento de la persecución histórica y la
necesidad de un acto formal de perdón por parte del Estado. Aquí, se pueden identificar
diversas implicaturas que profundizan en la complejidad de la situación de esta
comunidad.
Implicatura
A: Reconocimiento
y Reparación
En esta parte, Ponce hace un llamado emotivo a la memoria y
la justicia, destacando la importancia de que el Congreso de la Nación
reconozca legislativamente los años de sufrimiento y marginación que ha
enfrentado la comunidad travesti-trans. Al mencionar la persecución a través de
edictos policiales, se señala un sistema institucional que no sólo ha ignorado
a estas personas, sino que también ha participado activamente en su
criminalización.
La inclusión de la solicitud de un "pedido de
perdón" sugiere un deseo de restauración de la dignidad y el
reconocimiento de las injusticias sufridas. Este acto simbólico de perdón no
sólo busca sanar las heridas del pasado, sino que también puede abrir la puerta
a reparaciones más concretas, como una “contribución económica” que facilite el
acceso a recursos básicos, como la alimentación, representada en la metáfora de
“llenar la olla”.
Esto implica que, además de un reconocimiento simbólico, hay
una necesidad urgente de políticas públicas que aborden las condiciones
materiales de vida de la población travesti-trans, muchas de las cuales
enfrentan exclusión y pobreza sistemática.
Se menciona a una Argentina que reconoce a través del
Congreso de la Nación a la identidad de género. Aparecen nexos de valor que
delimitan a la idea de identidad a partir del “ver”. Surge la necesidad del
pedido de perdón como un acto explícitamente político, el visibilizar y
reconocer.
En este caso, la identidad de género tiene un grado
diacrónico, hay una manifestación de deseo de reconocimiento, esta vez no de su
identidad, sino del sufrimiento vivido. En este caso, la manifestación tiene
que ver con el “poner a la vista” todo aquello que fue oculto. Se habla de
“llenar la olla” y de un “pedido de perdón a la comunidad” como una abstracción
personalizada. Como interlocutores se puede inferir las necesidades de las que
se habla y también quién debe pedir perdón.
Las conexiones que hoy se trazan con los derechos de
identidad, como así también con los derechos sexuales y reproductivos, permiten
analizar/explorar un enfoque crítico del pensamiento feminista desde las
fronteras de las corporalidades. Es
evidente, y complejo como toda circunstancia sociohistórica, que este colectivo
lucha por obtener condiciones de vida dignas y económicamente autónomas.
En esta situación, la identidad de género se manifiesta de
manera temporal, revelando un anhelo de ser reconocido no solo en términos de
identidad, sino también en relación con el sufrimiento experimentado. En este contexto,
la expresión busca visibilizar aquello que estuvo previamente oculto, haciendo
referencia a la metáfora de "llenar la olla" y al acto de solicitar
perdón a la comunidad de manera personalizada. Se plantea la posibilidad de
identificar las demandas implícitas en este diálogo y determinar quién tiene la
responsabilidad de realizar dicho acto de disculpa.
Implicatura
B: Contextualización de la Persecución
En este segmento de su discurso, Ponce contextualiza la
persecución histórica de la comunidad travesti-trans, enfatizando que no se
trata de una noción abstracta, sino de políticas concretas y leyes que han
criminalizado su existencia. Al mencionar que ser travesti era considerado un
delito "contra la fe pública", se pone de manifiesto cómo las
estructuras legales y sociales han validado y perpetuado la discriminación.
Esto revela una crítica a un marco legal que ha operado en
contra de los derechos de las personas travestis-trans, dejando en evidencia la
urgencia de revisar y reformar las normas que continúan afectando a estas
comunidades. La implicatura sugiere que el cambio no solo requiere una
modificación de las representaciones y los discursos, sino también una
transformación estructural en las leyes y políticas que rigen la vida de estas
personas.
Las interconexiones actuales entre los derechos de
identidad, derechos sexuales y reproductivos permiten un análisis crítico desde
una perspectiva feminista que considera las diversas corporalidades. Es
evidente que este colectivo está luchando por condiciones de vida dignas y
autonomía económica en un contexto sociohistórico complejo.
El pedido de perdón de
la comunidad se gesta en el ejercicio del derecho a la autodeterminación
corporal y reproductiva que invita a desentrañar las complejas interacciones
entre la vivencia personal, la biopolítica, las estructuras institucionales y
los movimientos políticos. Otro aspecto para tomar en consideración es que, por
ejemplo, sitúa ante el dilema que se manifiesta en esta implicatura en la
materialidad misma de los cuerpos: mientras algunos individuos desafían las
estructuras que los obligan a una reproducción compulsiva (al negárseles a las
personas gestantes el acceso al aborto), otros se enfrentan a obstáculos que
los/as/es privó de la posibilidad de ser lo que su autopercepción expresaba.
Se observa, entonces,
que los ensamblajes que articulan los elementos en nuestras realidades
bioculturales—cuerpo, esperma, cigota, vientres—no se
presentan de manera inocente, sino que encarnan conflictos viscerales,
ideológicos, institucionales y geopolíticos, de ahí la necesidad del perdón. Al
diversificar hoy nuestra comprensión de los sujetos del feminismo, recuperamos
la capacidad de cuestionar estos procesos de materialización. Esta apertura a
la diversidad de los cuerpos requiere conocimientos y aquellas prácticas
consideradas “subversivas” que evidencian que no fueron ingenuos estos
conflictos -uso de edictos por parte de las fuerzas de seguridad-. La demanda
de perdón ante lo que fue considerado como un delito contra la fe pública, permite formular
interrogantes sobre las interrelaciones que se dieron -y dan- entre
conocimiento/cuerpo, norma/disidencia y teoría/política.
En este sentido, ante lo
ofensivo a la fe pública que se consideró a los “cuerpos disidentes” es
oportuno mencionar que el sistema patriarcal se estructuró -y estructura- de
forma sistemática pero discontinua, en el sentido de que su funcionamiento no
se basa en un mandato abstracto y vertical que se impone desde la cúspide de la
jerarquía hacia la base social.
Entonces, tal como se
presenta en las implicaturas señaladas, la demanda de perdón por lo que se consideró un delito
contra la fe pública plantea interrogantes sobre las interacciones entre
conocimiento y cuerpo, norma y disidencia, teoría y política. Se destaca que el
sistema patriarcal se ha estructurado de manera sistemática pero discontinua,
con discursos y prácticas entrelazadas que generan contradicciones. El
binarismo de género surge como una combinación contradictoria de discursos y
prácticas, lo que explica por qué ciertos cuerpos fueron considerados
subversivos al no ajustarse a la norma social establecida.
A
través de este discurso, se enfatiza la importancia de no solo hablar de
inclusión y diversidad, sino de tomar medidas efectivas que permitan a las
personas travestis-trans vivir con dignidad y respeto, asegurando que su
historia de lucha y resistencia sea reconocida y valorada en la construcción de
una sociedad más justa.
En
su exposición, Ponce enfatiza la necesidad de visibilidad para las identidades
travestis y trans, planteando que la falta de representación en diferentes
ámbitos, como la política, la cultura y los medios de comunicación, contribuye
a la perpetuación de estigmas y discriminación. Su discurso subraya que la
visibilidad no se trata solo de ser vistas, sino de ser escuchadas y
reconocidas en su totalidad. La implicatura es clara: para que una sociedad sea
verdaderamente inclusiva, es fundamental que todas las identidades tengan el
espacio para existir y ser representadas. Esto no solo permite una mayor
aceptación, sino que también empodera a las personas trans a reivindicar sus
derechos.
En
sus intervenciones, Ponce aborda la violencia estructural que enfrenta la
comunidad travesti trans, haciendo hincapié en la violencia institucional que
perpetúan las normas y políticas que, en lugar de proteger, discriminan y
marginan. Resalta que esta violencia no es solo física, sino también simbólica
y psicológica, manifestándose en la falta de acceso a servicios de salud,
educación y empleo. Al centrar su discurso en la necesidad de cambios
legislativos y políticas públicas inclusivas, invita a la reflexión sobre la
responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto en la lucha contra
estas injusticias. Las implicaturas aquí son significativas: desafiar estas
estructuras de poder es una tarea colectiva que requiere un compromiso genuino
con los derechos humanos.
Ponce
posiciona los derechos de las personas travestis y trans como parte del amplio
marco de los derechos humanos, argumentando que su lucha es parte de la lucha
por la equidad y la justicia en general. Al articular sus demandas dentro de un
contexto más amplio de derechos, busca crear alianzas con otros movimientos
sociales, promoviendo la idea de que la lucha por la igualdad de género es
interseccional y que todas las voces deben ser incluidas. Esto implica que el
bienestar de la comunidad travesti trans no puede ser visto como una cuestión
aislada, sino como parte de un entramado más complejo de desigualdades que
deben ser abordadas colectivamente.
Agustina
Ponce también destaca la importancia del empoderamiento personal y comunitario.
A través de sus discursos, alienta a las personas travestis y trans a que se
apropien de sus identidades y reivindiquen sus derechos. Este acto de
empoderamiento es fundamental para contrarrestar el impacto de la opresión y la
negativa social hacia las identidades de género diversas. La implicatura de
este empoderamiento no solo es un llamado a la acción individual, sino también
a la construcción de una comunidad fuerte y solidaria que pueda enfrentarse a
los retos comunes.
En
sus mensajes, Ponce también aborda la necesidad de una educación inclusiva y
sensibilizadora que abarque temas de género y diversidad desde una edad
temprana. Al promover la educación como herramienta de cambio, comparte el
potencial transformador que puede tener en la reducción de prejuicios y
estigmas hacia las identidades travestis y trans. La implicatura es que, a
través de la educación, es posible cultivar una cultura de respeto y aceptación
que beneficie no solo a la comunidad trans, sino a toda la sociedad.
En
definitiva, los discursos de Agustina Ponce invitan a una reflexión profunda
sobre la visibilidad, la violencia, la interseccionalidad y el empoderamiento
en la lucha por los derechos de la comunidad travesti trans. Sus mensajes
subrayan que el cambio social es posible a través de la visibilización y el
reconocimiento de cada identidad, así como de la acción colectiva para
desmantelar estructuras de opresión. A través de la defensa de los derechos
humanos y la educación, Ponce inspira a otros a participar en la lucha para
construir un mundo más justo e inclusivo. En última instancia, su voz resuena
como un llamado a la acción y a la solidaridad en la búsqueda de un futuro en
el que todas las identidades sean valoradas y respetadas.
Discurso 2. Reparación. Alba Rueda
(representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de
Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto)
Implicatura A: “Hablamos de reparación porque hubo
una vulneración de los derechos humanos y este es el punto de partida, tiene
que ver con un contexto histórico social estructural y estructurante de una
desigualdad que es “material simbólico y también tiene que ver con el mismo
concepto de restitución de derechos”
Implicatura B. “Que hoy vivamos un convivamos con
esta violencia y con la amenaza a los derechos de las personas LGBTIQ+ en el
sentido más amplio y puntualmente con un movimiento anti trans y anti genero a
nivel global tiene que ver con que hay intereses políticos explícitos para que
no podamos ser reconocides en derechos”
El discurso de Alba Rueda aborda la cuestión de la
reparación en el contexto de las luchas de los derechos humanos de la comunidad
LGBTIQ+. A continuación, se lleva a cabo un análisis de las implicaturas
presentes en su discurso.
Implicatura
A: La necesidad
de reparación y el contexto histórico
Rueda comienza su intervención subrayando que la
conversación en torno a la reparación surge de una “vulneración de los derechos
humanos”. Esta afirmación establece un diagnóstico claro: no se trata de
situaciones aisladas o accidentales, sino de un patrón sistemático de
violaciones que han impactado profundamente a la comunidad LGBTIQ+ en
Argentina.
El uso de términos como “contexto histórico social
estructural y estructurante” sugiere que la desigualdad que enfrenta esta
comunidad no es sólo un producto de actitudes individuales o de casos aislados,
sino que está entrelazada con estructuras más amplias de opresión y
marginación. Esto implica que la reparación no debe ser vista solo como un acto
compensatorio, sino como un reconocimiento de que esta desigualdad ha sido
alimentada por un entramado que incluye aspectos legales, sociales y
culturales.
La referencia al “material simbólico” también resalta que la
desigualdad se manifiesta no solo en condiciones económicas, sino también a
través de representaciones y discursos que deslegitiman las identidades de
género y sexuales. Al mencionar el concepto de “restitución de derechos”, Rueda
articula una visión que va más allá de la reparación de daños; se trata de
restablecer y garantizar derechos que han sido históricamente negados, lo que
apunta a la construcción de un marco de igualdad y respeto.
Se observa que, si bien la identidad de género se construye
en sí misma, también se requiere de una representación que es inseparable al
reconocimiento de la sociedad. En este sentido, la identidad de género adquiere
una relevancia específica, determinada en los procesos sociales que recaen en
una enorme desigualdad. Se ve a la construcción de la identidad como agente de
la exclusión social del colectivo trans. Se infieren acciones discriminatorias
generales hacia las personas trans (se determina como principal agente al
Estado -quien debe reconocer y garantizar los derechos-). Ante estas
implicaturas, es preciso traer a colación las prácticas sociales en las
que se enmarcan a las identidades trans que están atravesadas por la violencia
y la exclusión, desde el ser “nómade” en su propia historia familiar, en las
instituciones educativas, en el trabajar en espacios laborales precarios. Se
infiere la necesidad del reconocimiento de (historias de) vidas que atravesaron
a la exclusión como consecuencia de una práctica social subyugada por la
máquina binaria.
Se evidencia que la construcción de la identidad de
género no solo se produce internamente, sino que también requiere de una
representación que está intrínsecamente ligada al reconocimiento por parte de
la sociedad. En este contexto, la identidad de género asume una importancia
particular, influenciada por los procesos sociales que perpetúan una gran
desigualdad. La construcción de la identidad se percibe como un factor que
contribuye a la exclusión social de las personas transgénero. Se pueden
identificar acciones discriminatorias generalizadas hacia este colectivo,
siendo el Estado el principal agente responsable de reconocer y garantizar sus
derechos.
Algunos cuerpos considerados antinormativos
confrontaban los universalismos del status quo, esa aceptabilidad que
permitían patrones socioculturales como el de ser un ciudadano varón,
cisgénero, heterosexual, marido, proveedor, blanco y de una clase social
ascendente. El pedido de reparación está relacionado justamente con la lucha
por los derechos y el acceso a la arena democrática con una identidad negada,
lejos de cualquier principio de homogeneización y/o vigilancia o recaudo frente
a las fronteras corporales, sociales y culturales.
Ante estas implicaciones, es crucial considerar las
prácticas sociales que enmarcan a las identidades trans, las cuales se ven
marcadas por la violencia y la exclusión en diferentes ámbitos, como en el seno
familiar, en las instituciones educativas y en entornos laborales precarios.
Surge la necesidad de reconocer las historias de vida que han experimentado la
exclusión como resultado de una práctica social dominada por un sistema
binario.
Implicatura B: la violencia actual y la política
global
En la segunda parte
de su discurso, Rueda aborda la realidad contemporánea que vive la comunidad
LGBTIQ+, enfatizando que a pesar de los avances logrados, persisten formas de
violencia y amenazas en torno a sus derechos. Al mencionar un “movimiento anti trans
y anti género a nivel global”, se señala que los desafíos no son exclusivos de
Argentina, sino que forman parte de una tendencia global de resistencia y
oposición a los derechos LGBTIQ+.
La afirmación de
que “hay intereses políticos explícitos para que no podamos ser reconocides en
derechos” resalta cómo la lucha por los derechos de la comunidad está
influenciada por agendas políticas que buscan mantener estructuras de poder y
control. Esta idea implica que los obstáculos enfrentados por la comunidad no
son meramente de carácter social, sino que están profundamente enraizados en
dinámicas políticas que buscan deslegitimar y desacreditar las luchas por la
diversidad sexual y de género.
En este sentido, en
esta implicatura referida al contexto histórico social estructural y
estructurante de una desigualdad que es material simbólico, tiene que ver a lo
que plantea Joan Scott (2010), en la
noción de “experiencia” e
“identidad” que promueven la violencia, ya que han operado no sólo para
marginar a ciertos grupos, sino para descontarlos y excluirlos por completo de
la noción de ‘comunidad’, más aún cuando se habla de las demandas de justicia,
reconocimiento, y redistribución de este colectivo.
Por otro lado, su llamado a reconocer la violencia actual y
los intereses políticos detrás de la oposición a los derechos LGBTIQ+ sugiere
que la lucha por la igualdad es una batalla en múltiples frentes. Esto implica
que la comunidad no solo necesita reparación y derechos, sino que también
requiere de un contexto donde puedan ser plenamente aceptades y válidos en su
diversidad, lo que requiere una transformación cultural y política
En los discursos
analizados, Alba Rueda subraya la necesidad de visibilidad para la comunidad
travesti trans como una forma fundamental de reconocimiento. Rueda enfatiza que
la falta de representación en espacios políticos, sociales y mediáticos ha
perpetuado una invisibilidad que se traduce en violencias y discriminación. La
memoria histórica también juega un papel crucial aquí, pues recuperar las
historias y las identidades de las personas trans no se limita a un acto
simbólico, sino que se convierte en un acto político y de resistencia. Las
implicaturas de este reconocimiento son profundas: visibilizar las luchas
permite a la sociedad confrontar sus prejuicios y construir un futuro más
inclusivo.
Rueda aborda la violencia institucional como un fenómeno que
impacta desproporcionadamente a la comunidad travesti trans. Al señalar cómo
las leyes y políticas públicas a menudo han ignorado o criminalizado las
identidades no normativas, Rueda explica el rol del Estado en la perpetuación
de la violencia. Esto es un llamado a desmantelar estructuras de opresión que
no solo afectan a individuos, sino que configuraron un sistema que margina y
excluye. Las implicaturas aquí incluyen la necesidad de que las políticas de
género sean revisadas y modificadas para asegurar que la protección y el
reconocimiento se extiendan a todas las identidades de género.
En su discurso, Rueda articula firmemente que los derechos
de la comunidad travesti trans son derechos humanos. Rechaza categorizar estas
luchas como demandas de un grupo minoritario y, en cambio, las presenta como
parte de una lucha por los derechos fundamentales que debe ser atendida por
todos. Esta recontextualización llama a la acción y a la solidaridad de otros
movimientos sociales, subrayando que la lucha por la equidad de género está
íntimamente relacionada con otras luchas por la justicia social. La implicatura
en este caso es clara: la interseccionalidad es fundamental, y el
reconocimiento de las luchas de un grupo debe traducirse en un compromiso más
amplio por la dignidad de todos.
Rueda también enfatiza la importancia del empoderamiento de
las identidades travestis y trans a través de la educación y la visibilidad. Al
promover la autoidentificación y el reconocimiento de las experiencias vividas,
aboga por una transformación cultural que desafíe las normas de género actuales
y permita a las personas trans apropiarse de sus narrativas. Este
empoderamiento es un acto de resistencia frente a la opresión, evidenciando que
la lucha no solo es por la supervivencia, sino por la dignidad y el
reconocimiento pleno.
Los dichos de Alba Rueda en el debate invitan reflexionar
sobre el reconocimiento, la violencia institucional y la interseccionalidad en
la lucha por los derechos de la comunidad travesti trans. Sus mensajes subrayan
que el camino hacia la justicia es también un camino de visibilidad y
representación, y que el cambio debe ser estructural y profundamente arraigado
en una cultura de respeto y dignidad. Las implicaturas de sus discursos ofrecen
una hoja de ruta no solo para las políticas inclusivas, sino también para una
mayor toma de conciencia en la sociedad sobre la diversidad de identidades de
género y la necesidad urgente de un cambio social.
Discurso 3. Identidad, reconocimiento y
responsabilidad. Marlene Wayar (activista
travesti, directora de la Asociación Civil Futuro Trans. Activista travesti,
psicóloga social, periodista, escritora, 2 veces Honoris causa de la
Universidad de Rosario y de la Universidad de Mar del Plata).
Implicatura A. “No nos referimos acá a hechos
ocurridos a partir de 1983 que afectan a toda la comunidad travesti trans. Es
importante recordar que hace dos años desapareció Tehuel
De la Torre y el 14 de abril encontraron sin vida a Sofia Fernández en la
comisaría 5 de Pilar”.
Implicatura B. “En Argentina la comunidad travesti
trans ha sido sistemáticamente perseguida sufriendo crímenes de lesa humanidad
en el marco de un genocidio dirigido específicamente a nuestro grupo debido a
nuestra identidad de género. Fueron actos dirigidos a destruir nuestra
comunidad”. “Algunas acciones claves que debe llevar el Estado: Reconocimiento
oficial, el Estado debe reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos y
asumir la responsabilidad”
El discurso de Marlene Wayar
aborda de manera contundente la compleja intersección entre identidad,
reconocimiento, y responsabilidad en la lucha de la comunidad travesti y trans
en Argentina. A través de sus declaraciones, Wayar no
solo destaca las realidades trágicas que enfrenta su comunidad, sino que
también demanda un reconocimiento histórico y una asunción de responsabilidades
por parte del Estado. A continuación, se presenta un análisis de las
implicaturas presentes en su discurso
Implicatura
A: la memoria reciente y la urgencia del reconocimiento
En la primera parte de su discurso, Wayar
menciona que no se refiere únicamente a los hechos ocurridos a partir de 1983,
sino que enfatiza la relevancia del presente reciente al recordar el caso de Tehuel de la Torre y Sofía Fernández. Esta referencia a
tragedias contemporáneas tiene varias implicaturas:
1.Continuidad de la violencia: Al citar casos de
desaparición y muerte de miembros de la comunidad travesti trans, Wayar subraya que la violencia hacia estas identidades no
es un problema del pasado, sino una cuestión urgente y actual que exige
atención. Esto refuerza la idea de que los crímenes de odio y la persecución
siguen ocurriendo, señalando la falta de protección y justicia para la
comunidad.
2.Historia silenciada: Al hacer hincapié en el tiempo desde
1983, Wayar invita a la reflexión sobre cómo la
historia de la comunidad travesti trans ha sido tradicionalmente silenciada o
borrada del discurso público. Esto resalta la necesidad de visibilizar y
recordar los eventos pasados y presentes como una forma de honrar a las
víctimas y luchar por la justicia en el futuro.
La criminalización de la identidad trans es sólo un ladrillo
que cimenta una gran estructura de violaciones y de exclusiones, como resultado
de un sistema político, social, cultural intensamente arraigado en el
binarismo, en la concepción de lo cisgénero y, por supuesto, en el patriarcado.
Tal como se puede inferir, las exclusiones que se manifiestan en las
implicaturas hacen alusión a la privación sistemática de derechos, no sólo en
el accionar mismo, sino también por omisión deliberada por parte del Estado, la
familia, las diversas instituciones públicas/privadas, etc. Es así como a
medida que las personas trans expresan sus identidades, las expulsiones de
estas esferas se dan de modo que no sólo se impide el ejercicio de ciertos
derechos, sino que influye de manera negativa en el acceso a otros.
Implicatura
B: reconocimiento y responsabilidad del Estado
En la segunda parte de su intervención, Wayar
aborda el carácter sistemático de la violencia sufrida por la comunidad
travesti trans, describiéndola como un “genocidio” dirigido específicamente a
su grupo. Sus afirmaciones implican varias cuestiones clave:
1. Crímenes de Lesa Humanidad: al calificar los actos de
violencia como crímenes de lesa humanidad, Wayar
eleva la gravedad y la urgencia del reconocimiento oficial por parte del
Estado. Esta categorización no sólo enmarca la violencia en términos jurídicos,
sino que también busca situar a la lucha travesti trans dentro de un contexto
más amplio de derechos humanos, lo que podría incidir en políticas de
reparación y justicia.
2. Asunción de Responsabilidad: la atribución de la
responsabilidad hacia el Estado es crítica. Wayar
exige que el Estado no solo reconozca los crímenes históricos y actuales, sino
que también asuma la responsabilidad por ellos. Esto manifiesta la necesidad de
un compromiso auténtico para investigar, procesar y reparar el daño causado a
la comunidad.
3. Construcción de un futuro inclusivo: Al manifestar que
“deben existir algunas acciones claves que debe llevar el Estado”, Wayar sugiere que el reconocimiento de crímenes y la
asunción de responsabilidad son pasos imperativos hacia la construcción de una
sociedad donde las identidades travestis y trans puedan vivir y prosperar sin
miedo. Este llamado a la acción es un imperativo moral que busca un cambio
estructural en la política y en la cultura.
Tanto en la Implicatura A como en la B, se percibe que el
discurso está organizado jerárquicamente. En estos dichos, cuando se habla de
la cómo la identidad transgénero no es reconocida por el Estado, sino que es
causado o influenciado por factores específicos, como sugieren algunas teorías patologizantes (Halberstam 1998;
Soley-Beltrán 2003), se puede interpretar que, en las narrativas de vida de las
personas trans, la identidad de género se percibe más bien como un fenómeno que
surge de manera natural y única para cada individuo. Por ende, el uso frecuente
y destacado de ciertas expresiones lingüísticas relacionadas con la identidad
de género sugieren la necesidad de desarrollar un marco interpretativo para
comprender lo que está emergiendo.
Este pedido de reconocimiento no implica que la
identidad de género trans sea intrínsecamente "extraña" o
"difícil de entender", sino que señala cómo la experiencia de la
identidad de género trans choca con las normas sociales que regulan los
cuerpos, los deseos y las expresiones de género. En este contexto, el hecho de
que las personas trans vean su identidad de género como algo que requiere ser
procesado no refleja tanto una característica inherente de la identidad trans
en sí misma, sino más bien la influencia de la norma social dominante, que es
heterosexual y cisgénero.
En el discurso de Marlene Wayar,
la combinación de memoria histórica y el llamado a la asunción de
responsabilidades por parte del Estado establece un marco crítico para la
construcción de un futuro donde la dignidad de la comunidad travesti y trans
sea plena y reconocida. Wayar no solo articula
demandas por justicia, sino que también desafía a la sociedad a reconocer su
papel en la creación de un entorno más inclusivo y respetuoso para todas las
identidades de género.
Las implicaturas en los discursos analizados,
particularmente el de Marlene Wayar, reflejan una
compleja intersección entre memoria, justicia y la necesidad de reconocimiento
dentro de las dinámicas de poder en una sociedad aún marcada por la exclusión y
la violencia hacia las identidades no normativas.
El discurso de Wayar
plantea una intensa necesidad de recuperar la memoria histórica de la comunidad
travesti trans, enfatizando que este recuerdo no es solo un ejercicio de
nostalgia, sino una acción política fundamental. La memoria colectiva es
esencial para comprender cómo el pasado modela el presente y cómo las
injusticias históricas continúan teniendo repercusiones en la vida cotidiana de
las personas. La implicatura de este enfoque es la demanda de un reconocimiento
estatal que no solo valide las experiencias vividas de violencia y sufrimiento,
sino que también permita la construcción de identidades resilientes.
La utilización del término "genocidio"
por Wayar para describir la violencia sistemática
contra la comunidad travesti trans implica una revalorización crítica de cómo
se entienden y catalogan estos actos en el ámbito de los derechos humanos. Este
término, cargado de connotaciones legales y morales, desafía la percepción de
que las violencias sufridas son meramente incidentales o individuales. En
cambio, se inscriben dentro de un patrón sistemático de opresión, que busca la
eliminación de identidades que amenazan el orden normativo. La implicatura aquí
es que la memoria histórica y el reconocimiento no pueden ser desasociados de
las demandas contemporáneas de justicia; ambos deben entrelazarse para
desmantelar estructuras de violencia y construir un futuro inclusivo.
El discurso de Wayar no
solo critica al Estado por su papel en la perpetuación de estas injusticias,
sino que simultáneamente lo llama a asumir la responsabilidad de la reparación.
Este punto resuena en la literatura académica sobre justicia transicional, que
sugiere que el reconocimiento del sufrimiento pasado es una condición previa
para la reconciliación y el progreso social. Las implicaturas que surgen de
este llamado incluyen la necesidad de políticas concretas que no solo
reconozcan la violencia sufrida, sino que también actúen para reparar a las
víctimas.
Finalmente, la llamada a la acción que se desprende
del discurso implica una visión de un futuro donde las identidades travestis y
trans no solo sean reconocidas, sino también celebradas. Se hace evidente que
la lucha por la justicia social es a la vez un esfuerzo por construir una
sociedad más equitativa y accesible para todos. La implicatura aquí es que la
justicia no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se pueden
fomentar relaciones sociales más justas y humanas.
Reflexiones
En estas breves
implicaturas analizadas destaca la exclusión de las personas transgénero, la
criminalización y patologización que tanto la sociedad como el Estado han
impuesto a este colectivo basándose en su identidad de género, como
consecuencia de la arraigada estructura patriarcal y del binarismo de género.
Se evidencia así la formación de una cadena de exclusiones que sistemáticamente
priva a este grupo de derechos fundamentales.
Como se desprende
de las implicaturas seleccionadas, a excepción de casos aislados, el Estado
argentino no ha priorizado la recopilación de información sobre las
experiencias vividas por esta parte de la población, lo que resulta en la
ausencia de datos oficiales que permitan un análisis más detallado de esta
problemática. El giro hacia políticas de identidad minoritaria que
enfatizan lo subjetivo y las diferencias ha tenido repercusiones
institucionales en América Latina, manifestándose principalmente a partir de
las reformas constitucionales en la década de 1990, posterior al periodo
dictatorial. Los proyectos nacionales han promovido niveles más profundos de
reflexión, desafiando la exclusión histórica de comunidades y subjetividades
que previamente habían sido consideradas marginales en los procesos de
ciudadanización y desarrollo. Estas reformas constitucionales han generado un
doble movimiento: en primer lugar, comunidades antes menospreciadas por la
Nación, desde las personas con identidades sexuales no normativas, hasta los
pueblos indígenas, afrodescendientes, grupos feministas, han logrado mayor
visibilidad cultural y política; en segundo lugar, estas comunidades han
reconstruido, de manera contingente, sus propias narrativas de identidad y
representación.
Durante décadas, se ha buscado precisamente desacreditar la
idea de que la categoría o identidad de mujer trans o travesti pueda ser
politizada hasta el punto de denunciar la existencia de un sistema patriarcal.
Nótese que se plantea que es posible ser “mujer”; sin embargo, se castiga
social y culturalmente a aquellas mujeres que utilizan su identidad de género
para señalar que las mujeres constituyen una clase excluida y oprimida. El
lenguaje androcéntrico busca subestimar el valor político de la identidad de
mujer al negar su capacidad para explicar las injusticias y jerarquías
derivadas del sistema patriarcal.
Los fragmentos analizados en este paper,
en el contexto en el que se divulgaron, permitieron dar cuenta que la
visibilización de situaciones opresivas no son suficientes para avanzar en la
lucha contra todas las formas de violencia institucional. Estas mujeres
establecieron conexiones entre la experiencia corporal y las identidades
sociales, politizando así un puente entre experiencias corporales situadas.
Hay un punto clave que no se puede expresar por escrito en
este análisis en cuanto a los silencios en los discursos recabados. Lohana Berkins habla de la indeterminación de los puntos
suspensivos -entendidos como silencios, pausas-, pero vistos como una
enunciación del yo soy. Es
preciso recordar que “decir “yo soy” es bien revulsivo, revolucionario,
feminista. Y que además puedo enunciarlo con puntos suspensivos, no es estático
ni predeterminado. Es una expresión que me puede seguir transportando, transformando...
espero que con la alegría que nace de la rebeldía, que libera de presiones y
mandatos culturales” (Berkins, 2009).
Los diversos
discursos analizados en este artículo (se han seleccionado fragmentos breves
debido a las limitaciones del estudio) han dejado en evidencia que la demanda
de una reparación histórica no es más que un intento de mitigar las heridas y
contrarrestar las persecuciones policiales sufridas por las personas trans
debido a su identidad no cisgénero.
Este segmento de la
sociedad ha sido vulnerado en todos los aspectos, tanto moral, física como
espiritualmente, además de haber sufrido la violación de sus derechos y la
privación de su ciudadanía. Como se desprende de las representaciones
analizadas, la identidad de género, entendida como diferencia y cambio, se
encuentra intrínsecamente ligada a conceptos que implican transformación, tales
como la ley, la plena ciudadanía, la visibilidad, el reconocimiento, la
inclusión y la igualdad.
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